Matrimonio gay: ¿en el limbo?

Hace dos semanas, el Reino Unido aprobó en primer debate el proyecto de ley que permitirá a las parejas del mismo sexo casarse. La lucha de los gays por obtener los mismos derechos de un matrimonio heterosexual ha sido victoriosa en 11 países: Holanda, España, Bélgica, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina y Dinamarca, y en nueve estados de EE.UU: Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont, New Hampshire, Nueva York, Maryland, Washington y Maine. Por otra parte, en Colombia el proyecto de ley 47 de 2012 (matrimonio homosexual) fue aprobado en diciembre en primer debate del Senado. Sin embargo, según activistas LGBTI, parece que la iniciativa, que se debatirá nuevamente en marzo, quedará en el limbo jurídico.

El proyecto de ley, promovido por el senador Armando Benedetti, pretende modificar la definición de matrimonio consagrada en el Código Civil, quedando así: “Un contrato solemne, por el cual dos personas de distinto o del mismo sexo hacen una comunidad de vida permanente y singular”. De superar los cuatro debates en el Congreso y ser promulgada, la ley permitirá a las parejas homosexuales contraer matrimonio civil y religioso, aunque las iglesias no estarán obligadas a celebrar dicha ceremonia.

Pero el tiempo se agota, en medio de las discusiones entre la Iglesia y las organizaciones LGBTI. El 20 de junio se vence el plazo que la Corte Constitucional le dio al Congreso para legislar sobre los derechos de las parejas del mismo sexo. Hace dos años, en la sentencia C-577 de 2011, el alto tribunal se abstuvo de dictar jurisprudencia y hacer un pronunciamiento de fondo frente a los derechos de las parejas del mismo sexo, pero reconoció que existe un déficit de protección de esta población, por lo que le pidió al Congreso legislar al respecto. A pesar de esto, activistas LGBTI prevén que el Congreso va a incumplir el plazo establecido por la Corte.

El abogado Germán Humberto Rincón Perfetti asegura que el transfuguismo político y las próximas elecciones de autoridades locales en 2014 pondrán a los congresistas a pensar en otras cosas. Por ejemplo, “los que vayan a cambiar de partido o aspirar a alcaldías o gobernaciones, deberán renunciar a su curul antes de mayo, para no caer en inhabilidad”. Esta situación, según Rincón Perfetti, seguramente retrasará el debate sobre el matrimonio homosexual. De acuerdo con la sentencia de la Corte, si los congresistas incumplen el plazo, las parejas del mismo sexo “podrán acudir ante notario o juez competente para formalizar y solemnizar su vínculo contractual”.

Pero en dicha sentencia, la Corte no habla explícitamente de “matrimonio”, razón por la cual algunos activistas LGBTI señalan que el tema quedará en el limbo jurídico. Así lo expresa el abogado y activista Federico Mejía Álvarez, quien agregó que “los jueces y notarios podrán interpretar a su conveniencia en qué actos podrían formalizar las uniones de parejas del mismo sexo”. Una opinión contraria y más optimista tiene el abogado Felipe Montoya Castro, también activista LGTBI, quien dice que es claro que “la disposición de la Corte Constitucional se refiere al matrimonio y, por tanto, los notarios estarían en la obligación de celebrar el contrato del matrimonio entre parejas del mismo sexo”.

Sin embargo, para los notarios no habrá matrimonio entre parejas homosexuales hasta que la ley lo establezca o, en su defecto, exista una interpretación precisa de la Corte Constitucional frente al tema. El notario Eduardo Durán, presidente encargado de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano (UCNC), afirmó que “si el 20 de junio el Congreso no ha expedido la ley, le corresponde a la Corte Constitucional decir en qué forma se va a actuar. A los notarios les corresponde aguardar lo que dispongan la ley o la Corte. Nosotros mismos no podemos decidir cómo proceder”.

No obstante, esta situación no sería la única que llevaría al limbo jurídico que algunos pronostican. Otra circunstancia pone en jaque la lucha que libra la comunidad LGTBI para poderse casar. De acuerdo con el abogado Federico Mejía Álvarez, se trata de la exclusión de una parte de la población LGBTI en el proyecto de ley del matrimonio homosexual. “El proyecto de ley está contemplado para parejas del mismo sexo, legislándose únicamente para los LG (lesbianas y gays) y dejando por fuera a los BTI. ¿Qué pasaría con una persona bisexual que quiere tener a un hombre y a una mujer como familia? ¿La aceptaría un juez?”.

Hace seis años, la Corte Constitucional legalizó la unión marital de hecho (unión libre) entre parejas del mismo sexo, pues gracias a la sentencia C-75 de 2007 se puede declarar la unión libre después de convivir mínimo dos años, al igual que en las parejas heterosexuales. Con esto se establecen derechos patrimoniales, por ejemplo, a la pensión de la pareja en caso de muerte o indemnizaciones del SOAT por muerte en accidente. Sin embargo, la sentencia no ha tenido los resultados legales esperados y aún falta reconocimiento jurídico para los LGBTI.

Según el abogado Montoya Castro, a pesar de los derechos patrimoniales adquiridos “hay muchos funcionarios que no conocen las sentencias de la Corte y las parejas del mismos sexo tienen que presentar tutelas, que pueden tardar dos o tres años, para que se le reconozcan sus derechos. Por tanto, este derecho está sometido a un litigio permanente”. Con la modificación de la definición de matrimonio, los homosexuales reclaman derechos no adquiridos con la unión libre, como el estado civil, ya que con la unión legal se adquiere el estado de casado y no hay que esperar dos años de convivencia para legalizar la unión de la pareja.

La lucha de la comunidad LGBTI por tener el derecho a casarse se da en medio de un contexto en el que los divorcios aumentan en el país. De acuerdo con la Superintendencia de Notariado y Registro, el año pasado aumentaron 26,2% y actualmente tres de cada diez parejas disuelven sus uniones. Por lo pronto, hasta marzo se reanudará en el Congreso el debate del matrimonio homosexual. Los activistas auguran que el Legislativo no logrará tener lista la ley el 20 de junio, lo que dará paso a un limbo jurídico, porque las disposiciones de la Corte no son claras. Mientras tanto, la Superintendencia de Notariado y Registro prepara para los próximos días las cifras de uniones maritales de hecho entre homosexuales durante los últimos dos años.

Hace dos semanas, el Reino Unido aprobó en primer debate el proyecto de ley que permitirá a las parejas del mismo sexo casarse. La lucha de los gays por obtener los mismos derechos de un matrimonio heterosexual ha sido victoriosa en 11 países: Holanda, España, Bélgica, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Argentina y Dinamarca, y en nueve estados de EE.UU: Massachusetts, Connecticut, Iowa, Vermont, New Hampshire, Nueva York, Maryland, Washington y Maine. Por otra parte, en Colombia el proyecto de ley 47 de 2012 (matrimonio homosexual) fue aprobado en diciembre en primer debate del Senado. Sin embargo, según activistas LGBTI, parece que la iniciativa, que se debatirá nuevamente en marzo, quedará en el limbo jurídico.

El proyecto de ley, promovido por el senador Armando Benedetti, pretende modificar la definición de matrimonio consagrada en el Código Civil, quedando así: “Un contrato solemne, por el cual dos personas de distinto o del mismo sexo hacen una comunidad de vida permanente y singular”. De superar los cuatro debates en el Congreso y ser promulgada, la ley permitirá a las parejas homosexuales contraer matrimonio civil y religioso, aunque las iglesias no estarán obligadas a celebrar dicha ceremonia.

Pero el tiempo se agota, en medio de las discusiones entre la Iglesia y las organizaciones LGBTI. El 20 de junio se vence el plazo que la Corte Constitucional le dio al Congreso para legislar sobre los derechos de las parejas del mismo sexo. Hace dos años, en la sentencia C-577 de 2011, el alto tribunal se abstuvo de dictar jurisprudencia y hacer un pronunciamiento de fondo frente a los derechos de las parejas del mismo sexo, pero reconoció que existe un déficit de protección de esta población, por lo que le pidió al Congreso legislar al respecto. A pesar de esto, activistas LGBTI prevén que el Congreso va a incumplir el plazo establecido por la Corte.

El abogado Germán Humberto Rincón Perfetti asegura que el transfuguismo político y las próximas elecciones de autoridades locales en 2014 pondrán a los congresistas a pensar en otras cosas. Por ejemplo, “los que vayan a cambiar de partido o aspirar a alcaldías o gobernaciones, deberán renunciar a su curul antes de mayo, para no caer en inhabilidad”. Esta situación, según Rincón Perfetti, seguramente retrasará el debate sobre el matrimonio homosexual. De acuerdo con la sentencia de la Corte, si los congresistas incumplen el plazo, las parejas del mismo sexo “podrán acudir ante notario o juez competente para formalizar y solemnizar su vínculo contractual”.

Pero en dicha sentencia, la Corte no habla explícitamente de “matrimonio”, razón por la cual algunos activistas LGBTI señalan que el tema quedará en el limbo jurídico. Así lo expresa el abogado y activista Federico Mejía Álvarez, quien agregó que “los jueces y notarios podrán interpretar a su conveniencia en qué actos podrían formalizar las uniones de parejas del mismo sexo”. Una opinión contraria y más optimista tiene el abogado Felipe Montoya Castro, también activista LGTBI, quien dice que es claro que “la disposición de la Corte Constitucional se refiere al matrimonio y, por tanto, los notarios estarían en la obligación de celebrar el contrato del matrimonio entre parejas del mismo sexo”.

Sin embargo, para los notarios no habrá matrimonio entre parejas homosexuales hasta que la ley lo establezca o, en su defecto, exista una interpretación precisa de la Corte Constitucional frente al tema. El notario Eduardo Durán, presidente encargado de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano (UCNC), afirmó que “si el 20 de junio el Congreso no ha expedido la ley, le corresponde a la Corte Constitucional decir en qué forma se va a actuar. A los notarios les corresponde aguardar lo que dispongan la ley o la Corte. Nosotros mismos no podemos decidir cómo proceder”.

No obstante, esta situación no sería la única que llevaría al limbo jurídico que algunos pronostican. Otra circunstancia pone en jaque la lucha que libra la comunidad LGTBI para poderse casar. De acuerdo con el abogado Federico Mejía Álvarez, se trata de la exclusión de una parte de la población LGBTI en el proyecto de ley del matrimonio homosexual. “El proyecto de ley está contemplado para parejas del mismo sexo, legislándose únicamente para los LG (lesbianas y gays) y dejando por fuera a los BTI. ¿Qué pasaría con una persona bisexual que quiere tener a un hombre y a una mujer como familia? ¿La aceptaría un juez?”.

Hace seis años, la Corte Constitucional legalizó la unión marital de hecho (unión libre) entre parejas del mismo sexo, pues gracias a la sentencia C-75 de 2007 se puede declarar la unión libre después de convivir mínimo dos años, al igual que en las parejas heterosexuales. Con esto se establecen derechos patrimoniales, por ejemplo, a la pensión de la pareja en caso de muerte o indemnizaciones del SOAT por muerte en accidente. Sin embargo, la sentencia no ha tenido los resultados legales esperados y aún falta reconocimiento jurídico para los LGBTI.

Según el abogado Montoya Castro, a pesar de los derechos patrimoniales adquiridos “hay muchos funcionarios que no conocen las sentencias de la Corte y las parejas del mismos sexo tienen que presentar tutelas, que pueden tardar dos o tres años, para que se le reconozcan sus derechos. Por tanto, este derecho está sometido a un litigio permanente”. Con la modificación de la definición de matrimonio, los homosexuales reclaman derechos no adquiridos con la unión libre, como el estado civil, ya que con la unión legal se adquiere el estado de casado y no hay que esperar dos años de convivencia para legalizar la unión de la pareja.

La lucha de la comunidad LGBTI por tener el derecho a casarse se da en medio de un contexto en el que los divorcios aumentan en el país. De acuerdo con la Superintendencia de Notariado y Registro, el año pasado aumentaron 26,2% y actualmente tres de cada diez parejas disuelven sus uniones. Por lo pronto, hasta marzo se reanudará en el Congreso el debate del matrimonio homosexual. Los activistas auguran que el Legislativo no logrará tener lista la ley el 20 de junio, lo que dará paso a un limbo jurídico, porque las disposiciones de la Corte no son claras. Mientras tanto, la Superintendencia de Notariado y Registro prepara para los próximos días las cifras de uniones maritales de hecho entre homosexuales durante los últimos dos años.