Megaproyecto enfrenta a Bojacá y Mosquera

A doña Evelia Vargas Vaquero, una anciana campesina, sonriente y cachetona, le han dicho que un cable de electricidad pasará por su casa en una vereda del municipio de Bojacá y va arruinar sus cultivos de papa, alverja, maíz y arracacha. Se trata de una línea de 500 mil voltios que debe traer energía eléctrica desde la represa del Guavio a todo el centro del país y que, según le han dicho, "tiene tanto voltaje que hasta el agua se va a secar".

Doña Evelia asistió a este martes a una audiencia pública convocada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en Bojacá, 35 kilómetros al occidente de Bogotá. Allí, los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), le recordaron a los más de 300 asistentes provenientes de Mosquera, Funza, Madrid y Bojacá, que la línea de 500 mil voltios que pasaría por algunos de estos municipios resulta vital para el abastecimiento eléctrico de Bogotá, parte del Meta y Tolima. El mensaje no fue nada distinto al que se se ha enviado repetidas veces durante los últimos seis meses: el sistema de interconexión eléctrica nacional alcanzará un pico de demanda en diciembre de 2015 y, de no seguirse con el Plan de Expansión trazado por el Ministerio, la región de centro oriente verá comprometido su abastecimiento.

Pero a doña Evelia le preocupan sus vacas, sus cultivos y la salud de su familia. De nada le ha servido que el enviado de corbata del Ministerio de Minas y Energía asegure que la Organización Mundial de la Salud no ha hallado evidencia de que los campos electromagnéticos generados por las líneas de alto voltaje atenten contra la salud de los seres humanos. Tampoco que el delegado de la UPME sostenga que "en la medida en que se siga atrasando el proyecto, se van a agotar las medidas de mitigación y se va a poner en riesgo el abastecimiento energético de la región". No. "Uno no llega a saber nada", dice con humildad levantado los hombros. "Uno está aquí de novata".

Si hay algo que muchos admiten en este proceso es que la socialización de un proyecto de esta envergadura llegó tarde a las comunidades que de una u otra manera se iba a verafectadas. Nueva Esperanza, un proyecto de US$ 100 millones enmarcado en el Plan de Expansión Energética del Gobierno nacional, contempla la construcción de una subestación eléctrica y dos líneas de transmisión de 230 mil y 500 mil voltios, que deben traer energía desde El Guavio, a través de una decena de municipios al oriente y occidente del Distrito Capital.

El proyecto fue adjudicado en 2010 a Empresas Públicas de Medellín y debía estar en marcha hace más de un año, según los planes originales de la UPME. Pero el malestar que provocó en las comunidades la poca socialización del mismo, obligó en febrero de este año a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales a suspender el proceso de licenciamiento, hasta que no se realizaran dos audiencias públicas de concertación con las comunidades, que hasta hace pocos meses no tenían idea de lo que se planeaba sobre sus territorios.

Lo más difícil, sin embargo, es que hoy Nueva Esperanza ha terminado enfrentando en el occidente de Bogotá a dos municipios: el pequeño y rural Bojacá y el creciente y urbano Mosquera. Esto, debido a que durante el proceso de diagnóstico de las alternativas ambientales del megaproyecto energético, la ANLA le dio el visto bueno a dos de los tres trazados para la línea de 500.000 mil voltios, el primero pegada al río Bogotá, incluyendo una franja de 45 kilómetros del municipio de Mosquera, y otra, un poco más larga –pero más económica, por el precio del suelo- que atraviesa buena parte de los territorios más pobres de Bojacá.

El dilema, para la autoridad ambiental, es de alto calibre, y así se evidenció en la audiencia de este martes. ¿Se debe respetar a un grupo de campesinos en Bojacá y construir la línea atravesando Mosquera? ¿Valdría la pena asumir el costo extra de pagar servidumbres en suelos urbanos en lugar de franjas rurales? ¿Qué pierde cada cual si la ANLA favorece al contrario?

Para el alcalde de Mosquera, Nicolás García, el trazado que afecta 45 kilómetros de su municipio pone en riesgo grandes planes, que incluyen el proyecto de construcción de más de 10.000 viviendas y el desarrollo de la segunda etapa del hospital municipal, que piensa financiarse con las plusvalías generadas por los procesos de urbanización. Según los cálculos de su oficina de Planeación, por cuenta de las franjas de 60 metros que hay que dejar a lado y lado de las torres eléctricas, el municipio estaría entregándole a Nueva Esperanza 540 hectáreas, un área donde bien se podrían construir 50.000 viviendas de interés prioritario (casi dos terceras partes de las metas de vivienda que tiene Bogotá para este cuatrienio).

Bojacá, por su lado, también argumentos. Para Gloria Marcela Gaitán, personera del Municipio, resulta injusto que el trazado más atractivo para todos los involucrados en el proyecto implique franjas de suelo rural y también suelo que hasta hace poco hacía parte de la reserva natural del Distrito Especial de Manejo del Tequendama, tierra mucho más económica que los costosos predios del valle de Bojacá, donde tienen sus fincas personajes de primer orden de la política y la economía nacional como Luis Carlos Sarmiento y Germán Vargas Lleras.

Pero eso no es todo. Para Gaitán, "Nueva Esperanza va a afectar a 1.616 personas que están afiliadas al Sisben y se van a perder 950 trabajos relacionados con las empresas floricultoras de la región, que también tendrán que entregar parte de sus predios", asegura.

Muchos en la audiencia le solicitaron a Martha Elena Camacho, delegada de la ANLA, que solicite a EPM el establecimiento de nuevos trazados, que no afecten a los municipios y satisfagan la demanda energética que llegará a su pico en 2015. Pero en el sector aseguran que los tiempos no dan: "Realizar nuevos trazados implicaría realizar un nuevo diagnóstico ambiental, que podría tomar más de un año, y luego realizar estudios de impacto ambiental que demoran alrededor de un año y medio. Si a eso se le suman los procesos de licenciamiento, arrancaríamos el proyecto en 2017", asegura una fuente cercana a EPM.

La decisión no es fácil para Nubia Orozco, nombrada hace pocos días como directora de la ANLA, en remplazo de Luz Helena Sarmiento, quien asumió la semana pasada como ministra de Medio Ambiente. Orozco tendrá que definir a quién debe indemnizar EPM: a Mosquera, que perdería el potencial de vivienda y empleo que alberga su suelo urbano, o a Bojacá y a sus campesinos, que perderían franjas de sus minifundios además de 56 hectáreas de la reserva del Tequendama, que ya fueron sustraídas oficialmente por la Corporación Autónoma Regional (CAR) de cara al proyecto energético.

A doña Evelia Vargas Vaquero, una anciana campesina, sonriente y cachetona, le han dicho que un cable de electricidad pasará por su casa en una vereda del municipio de Bojacá y va arruinar sus cultivos de papa, alverja, maíz y arracacha. Se trata de una línea de 500 mil voltios que debe traer energía eléctrica desde la represa del Guavio a todo el centro del país y que, según le han dicho, "tiene tanto voltaje que hasta el agua se va a secar".

Doña Evelia asistió a este martes a una audiencia pública convocada por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en Bojacá, 35 kilómetros al occidente de Bogotá. Allí, los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), le recordaron a los más de 300 asistentes provenientes de Mosquera, Funza, Madrid y Bojacá, que la línea de 500 mil voltios que pasaría por algunos de estos municipios resulta vital para el abastecimiento eléctrico de Bogotá, parte del Meta y Tolima. El mensaje no fue nada distinto al que se se ha enviado repetidas veces durante los últimos seis meses: el sistema de interconexión eléctrica nacional alcanzará un pico de demanda en diciembre de 2015 y, de no seguirse con el Plan de Expansión trazado por el Ministerio, la región de centro oriente verá comprometido su abastecimiento.

Pero a doña Evelia le preocupan sus vacas, sus cultivos y la salud de su familia. De nada le ha servido que el enviado de corbata del Ministerio de Minas y Energía asegure que la Organización Mundial de la Salud no ha hallado evidencia de que los campos electromagnéticos generados por las líneas de alto voltaje atenten contra la salud de los seres humanos. Tampoco que el delegado de la UPME sostenga que "en la medida en que se siga atrasando el proyecto, se van a agotar las medidas de mitigación y se va a poner en riesgo el abastecimiento energético de la región". No. "Uno no llega a saber nada", dice con humildad levantado los hombros. "Uno está aquí de novata".

Si hay algo que muchos admiten en este proceso es que la socialización de un proyecto de esta envergadura llegó tarde a las comunidades que de una u otra manera se iba a verafectadas. Nueva Esperanza, un proyecto de US$ 100 millones enmarcado en el Plan de Expansión Energética del Gobierno nacional, contempla la construcción de una subestación eléctrica y dos líneas de transmisión de 230 mil y 500 mil voltios, que deben traer energía desde El Guavio, a través de una decena de municipios al oriente y occidente del Distrito Capital.

El proyecto fue adjudicado en 2010 a Empresas Públicas de Medellín y debía estar en marcha hace más de un año, según los planes originales de la UPME. Pero el malestar que provocó en las comunidades la poca socialización del mismo, obligó en febrero de este año a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales a suspender el proceso de licenciamiento, hasta que no se realizaran dos audiencias públicas de concertación con las comunidades, que hasta hace pocos meses no tenían idea de lo que se planeaba sobre sus territorios.

Lo más difícil, sin embargo, es que hoy Nueva Esperanza ha terminado enfrentando en el occidente de Bogotá a dos municipios: el pequeño y rural Bojacá y el creciente y urbano Mosquera. Esto, debido a que durante el proceso de diagnóstico de las alternativas ambientales del megaproyecto energético, la ANLA le dio el visto bueno a dos de los tres trazados para la línea de 500.000 mil voltios, el primero pegada al río Bogotá, incluyendo una franja de 45 kilómetros del municipio de Mosquera, y otra, un poco más larga –pero más económica, por el precio del suelo- que atraviesa buena parte de los territorios más pobres de Bojacá.

El dilema, para la autoridad ambiental, es de alto calibre, y así se evidenció en la audiencia de este martes. ¿Se debe respetar a un grupo de campesinos en Bojacá y construir la línea atravesando Mosquera? ¿Valdría la pena asumir el costo extra de pagar servidumbres en suelos urbanos en lugar de franjas rurales? ¿Qué pierde cada cual si la ANLA favorece al contrario?

Para el alcalde de Mosquera, Nicolás García, el trazado que afecta 45 kilómetros de su municipio pone en riesgo grandes planes, que incluyen el proyecto de construcción de más de 10.000 viviendas y el desarrollo de la segunda etapa del hospital municipal, que piensa financiarse con las plusvalías generadas por los procesos de urbanización. Según los cálculos de su oficina de Planeación, por cuenta de las franjas de 60 metros que hay que dejar a lado y lado de las torres eléctricas, el municipio estaría entregándole a Nueva Esperanza 540 hectáreas, un área donde bien se podrían construir 50.000 viviendas de interés prioritario (casi dos terceras partes de las metas de vivienda que tiene Bogotá para este cuatrienio).

Bojacá, por su lado, también argumentos. Para Gloria Marcela Gaitán, personera del Municipio, resulta injusto que el trazado más atractivo para todos los involucrados en el proyecto implique franjas de suelo rural y también suelo que hasta hace poco hacía parte de la reserva natural del Distrito Especial de Manejo del Tequendama, tierra mucho más económica que los costosos predios del valle de Bojacá, donde tienen sus fincas personajes de primer orden de la política y la economía nacional como Luis Carlos Sarmiento y Germán Vargas Lleras.

Pero eso no es todo. Para Gaitán, "Nueva Esperanza va a afectar a 1.616 personas que están afiliadas al Sisben y se van a perder 950 trabajos relacionados con las empresas floricultoras de la región, que también tendrán que entregar parte de sus predios", asegura.

Muchos en la audiencia le solicitaron a Martha Elena Camacho, delegada de la ANLA, que solicite a EPM el establecimiento de nuevos trazados, que no afecten a los municipios y satisfagan la demanda energética que llegará a su pico en 2015. Pero en el sector aseguran que los tiempos no dan: "Realizar nuevos trazados implicaría realizar un nuevo diagnóstico ambiental, que podría tomar más de un año, y luego realizar estudios de impacto ambiental que demoran alrededor de un año y medio. Si a eso se le suman los procesos de licenciamiento, arrancaríamos el proyecto en 2017", asegura una fuente cercana a EPM.

La decisión no es fácil para Nubia Orozco, nombrada hace pocos días como directora de la ANLA, en remplazo de Luz Helena Sarmiento, quien asumió la semana pasada como ministra de Medio Ambiente. Orozco tendrá que definir a quién debe indemnizar EPM: a Mosquera, que perdería el potencial de vivienda y empleo que alberga su suelo urbano, o a Bojacá y a sus campesinos, que perderían franjas de sus minifundios además de 56 hectáreas de la reserva del Tequendama, que ya fueron sustraídas oficialmente por la Corporación Autónoma Regional (CAR) de cara al proyecto energético.