La semana pasada El Espectador publicó una nota sobre el riesgo que corre la emblemática restitución de la vereda La Secreta, ubicada en la estribación occidental de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el municipio de Ciénaga, Magdalena. A raíz de ello, la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en articulación con otros organismos, pisó el acelerador para evitar que los campesinos de esa remota comunidad sean víctimas de la microextorsión y consideren otra vez la posibilidad de desplazarse masivamente, como lo hicieron tras las masacres perpetradas por paramilitares en 1998. Ricardo Sabogal, director general de la URT, habla sobre el caso. (Lea Una emblemática restitución en riesgo de fracasar)
¿Qué hicieron en los últimos días para mejorar la seguridad en La Secreta?
Nos reunimos en el comité operativo local de restitución. Estuvieron la Gobernación de Magdalena, el alcalde de Ciénaga, el coronel de la Policía desplegada para el tema restitutivo, el coronel que maneja la Policía del departamento, la coronel de la Policía Metropolitana de Santa Marta, el Ejército, la Unidad Nacional de Protección, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y organismos de inteligencia del Estado. Miramos qué pasa en La Secreta. Todas las instituciones coincidieron en que no hay guerrilla ni bacrim, pero sí hay microextorsión. Se intensificarán las acciones que ya se vienen adelantando, para ver si se puede dar con los responsables.
Por parte de la Unidad de Restitución, vamos a seguir acompañando a los campesinos. Ellos trabajan con nosotros en proyectos productivos. Vamos a ver cómo blindamos más ese proceso para que quienes están tratando de quitarles los recursos que les damos no lo puedan hacer. Buscaremos un mecanismo que no los ponga como carne de cañón.
Entonces, quienes ejercen la microextorsión son quienes saben que a los campesinos beneficiados por la restitución se les están entregando recursos, y van por esos recursos.
Sí, es lamentable, porque estas personas que han sido victimizadas y desplazadas ahora encuentran que el enemigo no las quiere dejar progresar. Ahora bien, los recursos que les entregamos son para un proyecto productivo. La disposición de los recursos se hace de la mano de la URT y del campesino y de acuerdo a la implementación del proyecto productivo. Si alguien quiere quitarles recursos a esas personas, no lo puede hacer, porque la sola familia no puede disponer de la plata.
En el Magdalena persisten unos intereses muy fuertes por la tierra. ¿Cómo identificarlos?
Hay intereses que ya no tienen vigencia. Lo que en su momento llevó a Jorge 40 a robar tierras en la parte de Chibolo (municipio de Magdalena), con el interés geoestratégico de intervenir lo que en su momento era un corredor de movilidad de la guerrilla, hoy ya no tiene vigencia porque allí ya no hay guerrilla. Lo que hacemos básicamente es quitarles la tierra a las mafias que se quedaron con ella luego de la embestida paramilitar. En la parte que pega contra el mar, en la Ciénaga, hay otros intereses por corredores de movilidad de ilegalidad o por atesorar lo que se robaron en tiempos de la violencia.
Un caso muy emblemático es el de Los Patos, que ahora se ha publicitado tanto por el tema de la degradación medioambiental que están haciendo estos irresponsables. En esa zona también intervenimos en restitución. El caso lo tenemos ante los jueces y esperamos que pronto se resuelva de la mano de la justicia restitutiva. En el Magdalena podría verse que muchos de los que se robaron tierra o atesoraron grandes riquezas fruto de la embestida paramilitar están cómodos allí y se resisten a devolverla. Estamos peleando contra eso por las vías institucionales. Son ellos los que crean el descontrol.
Los opositores a la restitución tienen un gran músculo político y económico en el Magdalena. Hablamos de familias y empresas muy poderosas...
Estamos haciendo y cumpliendo fielmente lo que nos encargó la ley, que es recuperar las tierras a quienes se las arrebataron por el conflicto, más allá de que quien las tenga sea muy poderoso o muy débil. Si las adquirió de manera indebida, las tiene que devolver. En el Magdalena tenemos algunos opositores con un músculo muy fuerte. Invitamos a esas personas que están del otro lado de la restitución a que nos atengamos a lo que digan los jueces; ya bastante tuvimos con la violencia que sólo dejó una estela de tristeza y pobreza. Tenemos que buscar las vías institucionales. A esos opositores les digo: si tienen algún derecho, vayan a donde el juez y lleven las pruebas, él será quien otorgue el derecho, ya no se puede por mano propia. Por ahora, en el Magdalena hemos ganado casi todos los casos que hemos llevado ante los jueces.
La Secreta es una entre varias veredas remotas de este país donde se ha hecho restitución y donde suponemos que existen riesgos similares. ¿Hay otras secretas en el país?
Sí. La política restitutiva va a zonas como La Secreta, muy alejadas de los centros. Zonas donde cobra mucha fuerza el tema de la paz territorial. Si no llega la institucionalidad, así acordemos algo con las Farc en La Habana, van a nacer nuevas expresiones de violencia, porque no está la institucionalidad, porque la gente no encuentra cómo resolver sus conflictos a través de la institucionalidad.
La política restitutiva, que se podría pensar como la primera exploración de lo que es llevar institucionalidad a estas zonas, empieza a mostrar desafíos. La Secreta es un desafío y en otras zonas del país hay comunidades con los mismos problemas. Hay que llevarles institucionalidad. Por eso llegan los jueces de restitución. Ojalá, y esto es lo que quiere nuestro presidente, esa justicia agraria llegue para quedarse, para que nunca más un campesino dirima el conflicto por un pedazo de tierra por mano propia, sino ante un juez.
El Estado ha reconocido que el gran desafío es la enorme articulación institucional y la seguridad, pero también los recursos. ¿Hay recursos suficientes para financiar la restitución?
Tenemos una financiación garantizada a través de un Conpes que se aprobó. En el presupuesto de este año, la parte de restitución no se toca. Ahora bien, es muy posible que se requieran más recursos para hacerlo en menor tiempo, sólo que hay variables que no dependen del proceso restitutivo como tal y que requieren soluciones. Por ejemplo, el desminado, que tiene que evolucionar para que entre la restitución. También el fin del conflicto, porque hay varias zonas donde hay reclamaciones, pero, como hay conflicto, no se puede entrar. Seguramente, si hay acuerdo en La Habana, vamos a poder entrar a otras zonas y vamos a necesitar más recursos.
Realizar la restitución en medio del conflicto ha sido todo un desafío. ¿Qué enseñanzas deja para cuando no haya conflicto?
El presidente tuvo mucho arrojo al hacer esta apuesta. Ningún país lo ha hecho en medio del conflicto, todos esperan a que pase el conflicto para empezar a hacer la restitución. Es más, en muchos países no hacen restitución aún en posconflicto. Prefieren comprar tierras, darlas a las comunidades y dejar la propiedad como quedó después del conflicto. Colombia le apostó a la restitución en medio del conflicto. Es un desafío enorme: la construcción que se ha hecho de esta Unidad, del tema de los jueces, las autoridades formadas para la restitución, la Unidad de Protección con un programa especial para reclamantes. Eso normalmente no debía ser, porque si estamos en el posconflicto no se requeriría.
Todo eso lo hicimos en medio del conflicto y hoy, ad portas de un acuerdo con las Farc, es uno de los mejores activos que tiene el país: ya tiene una burocracia formada en este tema, tiene información que ya recolectó. Uno de los grandes problemas en procesos restitutivos es la información, porque se destruye, se quema, se refunde. Ya hay más de 70.000 reclamaciones y muchas de ellas ya están ubicadas. Eso normalmente toma mucho tiempo, pero vamos adelantados, es un activo enorme. Y tenemos una justicia que ya tiene buena jurisprudencia sobre restitución. En el posconflicto, seguramente ese activo va a rendir mucho más y nos va a permitir solucionar en un tiempo mucho más breve el despojo de tierras.
Un reto que han mostrado casos como La Secreta es que, aún cuando se firme un acuerdo en La Habana, siguen existiendo riesgos. El conflicto literalmente no se acaba.
Es producto de sociedades que vivieron un conflicto, y el posconflicto pasa por desactivar y desarmar los corazones. Vamos a tener unos años donde esas expresiones de ilegalidad van a operar en algunas zonas, pero el tratamiento va a ser diferente. A las secretas que hay en el país hay que llevarles institucionalidad.
En el exterior hay más de 500.000 colombianos refugiados víctimas del conflicto, y un porcentaje muy pequeño se ha beneficiado con la Ley de Víctimas y Restitución. ¿Tienen en cuenta a esa población?
Trabajamos con la Cancillería, pero es muy complicado llegar a los colombianos que se desplazaron a otro país. Lo que uno normalmente busca es que se enteren a través de la página web y hagan sus reclamaciones a través de los consulados. Tenemos un buen número de reclamaciones de personas que están en el exterior y tenemos sentencias restitutivas que devuelven tierra a personas que no están en el país. Los mecanismos están dados para que la persona en el exterior pueda reclamar, pero hay dificultades propias de quienes que se van y no saben qué ocurre en el país.
¿Cómo vamos en restitución?
Nos han llegado un poco más de 70.000 reclamaciones desde 2011. De esas estamos interviniendo un poco más de 26.000. De esas hemos finalizado el trámite en más de 16.000, en lo que le corresponde a gobierno, es decir, en esos casos hemos estudiado si hubo o no despojo de acuerdo a la información que recolectamos. De esas 16.000 hemos llevado a los jueces de restitución un poco más de 8.000 casos. Ellos están dictando sus sentencias, ya han decidido sobre más de 2.000 predios que suman cerca de 100.000 hectáreas. También, a cerca de 6.000 personas que se han acercado a la Unidad les hemos dicho que sus casos no son de restitución de tierras sino de otro tipo”.
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