26 Feb 2020 - 3:00 a. m.

"Mientras existan cultivos ilícitos seguirán los enfrentamientos": alcalde de Ituango

Mauricio Mira insiste en que se requiere una presencia constante del Ejército en los territorios que se disputan estructuras ilegales y asegura que la clave está en acabar con los cultivos ilegales.

Marcela Osorio Granados - @marcelaosorio24

En Ituango esta vez, a diferencia de otras tantas, el desplazamiento masivo no fue por cuenta de enfrentamientos de grupos ilegales. Las 312 familias de seis veredas que desde el sábado abandonaron sus casas lo hicieron por el miedo ante las amenazas de quienes insisten en controlar ese territorio en Antioquia. En la zona los pobladores hablan de intimidaciones de hombres del frente 18 de las disidencias de las Farc que libran su propia guerra con el Clan del Golfo por el dominio de rutas y corredores estratégicos para las economías ilegales. Una historia que se repite.

Las organizaciones sociales han denunciado que la presencia de estas estructuras, además, se ha traducido en el regreso de homicidios, combates entre estructuras, reclutamiento de menores, toques de queda, extorsiones y disputas por el tráfico y microtráfico. La situación ha llegado a tal punto que incluso 120 exintegrantes de las Farc que se encontraban en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Román Ruiz también tuvieron que desplazarse.

Líderes de la zona señalan que a pesar de las constantes alertas que se hicieron sobre la situación que se vive en el municipio, las autoridades no reaccionaron a tiempo. Por eso, en las peticiones que le hacen a las autoridades para el retorno a sus tierras insisten en que “no aceptamos como solución el acompañamiento de la Fuerza Púbica, puesto que la solución militar nunca ha dado resultados positivos para las comunidades”. También han solicitado crear un cerco humanitario en la región del Cañón del Inglés, con acompañamiento social y presencia permanente de las misiones de verificación de Naciones Unidas, Crus Roja Internacional y Defensoría del Pueblo.

En diálogo con El Espectador, el alcalde del municipio, Mauricio Mira, explica que el municipio tiene varios focos de violencia que han sido atendidos, pero que el problema requiere soluciones más profundas que ataquen de fondo el negocio del narcotráfico.

¿Cómo está hoy la situación en el municipio?

Tuvimos una reunión el lunes con las comunidades para saber cuáles eran las causales de desplazamiento y las denuncias en temas de seguridad. También para tener información y que el Ejército Nacional pudiera avanzar y dar las garantías para que puedan volver a sus territorios. Este martes en la mañana hicimos una reunión del Comité de Justicia Transicional con todos los estamentos, líderes y representantes de las veredas para buscar alternativas de retorno.

El problema en el municipio no es nuevo; de hecho a finales de enero ya se había hecho un consejo de seguridad y se habían adoptado medidas. ¿No funcionaron?

El municipio de Ituango es muy complejo y cada región tiene su propia problemática, En este caso se trata de un corredor estratégico en el que convergen múltiples fenómenos. A principio de año se hizo el consejo de seguridad y se buscaron alternativas para garantizar la normalidad y la tranquilidad de la gente. Si bien se ha logrado que en algunos sectores se mejore la situación, en otros lados aún hay problemas. A medida que van ocurriendo los hechos vamos identificando cómo podemos atender las falencias que existen.

¿Se han intensificado los enfrentamientos entre grupos armados?

El tema ha sido y es por los cultivos ilícitos y mientras sigan existiendo vamos a tener en Ituango enfrentamientos entre grupos armados. Lo que hemos solicitado al Gobierno Nacional y departamental es que empecemos a implementar un desarrollo integral agrícola, en donde el campesino tenga la posibilidad no solo de cultivar sus productos sino de comercializarlos para que puedan ver que el cultivo ilícito no es la única alternativa. En la medida en que los cultivos irregulares incrementan también aumenta la violencia.

¿Es decir que en el municipio no ha funcionado el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos?

Desde hace un año el Gobierno, a través del Programa de Sustitución, ha venido incumpliendo. A mucha gente se le prometió dinero a cambio de erradicación voluntaria de cultivos y a la fecha solamente se ha hecho un pago. A eso se suma que el año pasado no fue posible que censaran a todas las personas que tienen cultivos y muchos campesinos también quedaron por fuera del programa. Eso hizo incluso que la gente se desplazara. Precisamente este viernes tenemos una reunión con la gente del Programa y las personas afectadas para empezar a buscar respuestas.

Entonces, ¿cuál es la petición en términos de seguridad?

Yo lo he dicho públicamente y se lo he hecho saber al Gobierno Nacional y al departamental y es que en Ituango, por su ubicación, convergen todas las rutas del narcotráfico, de cultivos ilícitos, de secuestro, de minería, porque tiene una geografía boscosa y montañosa que facilita todo. Además conecta con otras regiones: con Córdoba, Bajo Cauca, el Urabá antioqueño y el Pacífico. Lo que tiene que hacer el Gobierno es terminar los cultivos ilícitos, pero no con la erradicación sino con el cambio de mentalidad de las comunidades a través de la inversión y el desarrollo agrícola, que implica incluso el desarrollo. Lo que se necesita es una presencia constante para ocupar los espacios que dejaron las Farc tras el proceso de paz.

Lo que sucede en Ituango es parte de un fenómeno que se replica en muchos municipios de Antioquia. ¿Cómo se está trabajando con las autoridades departamentales?

Si identificamos los municipios problemáticos casi todos son vecinos nuestros o rodean el Parque Nacional Nudo de Paramillo; están Peque, Tarazá, Dabeiba, Mutatá. Son municipios que tienen los mismos problemas, porque hacen parte de un corredor central y estratégico. Mientras ese epicentro no tenga constante apoyo del Ejército, vamos a tener una problemática de nunca acabar.

Desde algunas organizaciones sociales señalan que el problema también radica en que el Gobierno no le ha dado al fenómeno la dimensión que tiene, reconociendo que son estructuras con un gran poder de actuación...

Yo que estoy en la región y conozco bien sobre estos grupos puedo decir que no son estructuras muy armadas. Son reductos de disidencias, grupos que trabajan de forma independiente. Cada quien busca su economía, secuestra personas por $2 o $3 millones, pero no trabajan integrados. Por eso el Gobierno no los toma como estructuras armadas sino como simple delincuencia común.

¿Y deberían ser atacados como delincuencia común?

No soy yo quien pueda decir eso, son las autoridades las que deben decidir cómo, pero en lo personal no creo que tengan una estructura que trabaje integrada.

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