La Contraloría General emitió una sanción fiscal por más de $61.137 millones contra la exsecretaria de Educación del Distrito de Buenaventura, Yolanda Amu Vente, por el reporte en 2011 de 40.598 estudiantes inexistentes en el Sistema Integrado de Matrícula (Simat) del Ministerio de Educación Nacional, durante la administración del exalcalde José Félix Ocoró Minotta. (Le podría interesar: La triste paradoja del puerto de Buenaventura)
Esta irregularidad, dijo el organismo de control fiscal, llevó a que esa cartera ministerial le girara a Buenaventura recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) a más de 111.596 niños matriculados, cuando en realidad el número real para esa fecha era sólo de 70.998 menores. Es decir, se realizó un desembolso injustificado de más de $48.000 millones por 40.598 estudiantes inexistentes.
En su fallo, la Contraloría declaró responsable a Amu Vente en su condición de funcionaria responsable del reporte y verificación de la información suministrada al Ministerio de Educación, pues consideró que su conducta llevó al giro excesivo e injustificado de recursos a favor de este Distrito. “Es claro que los recursos girados en exceso al Distrito de Buenaventura podrían haberse destinado a financiar los servicios educativos de otros municipios”, precisó la entidad.
Las inconsistencias, según la entidad, no pudieron ser justificadas ni aclaradas por la funcionaria, quien, a la postré, terminó inhabilitada por el Ministerio Público para ejercer funciones públicas durante 11 años. Buenaventura, según orientaciones del Ministerio de Educación, debía mantener información al día del sector educativo, pero eso no ocurrió para la Contraloría. (Lea también: El fantasma de la corrupción persigue a la Alcaldía de Buenaventura)
“La alcaldía de Buenaventura, a través de su Secretaría de Educación, debía realizar la proyección de cupos de matrícula y el reporte de los estudiantes existentes al Ministerio de Educación para poder contar con una base real que permitiera el cálculo de los alumnos y la capacidad financiera para atenderlos, procedimiento que fue abiertamente incumplido por la entonces secretaria distrital de Educación”, sostuvo la entidad.
Respecto a las presuntas deficiencias del Simat, la Contraloría estableció que no existe ningún registro de Yolanda Amu Vente, ante el Ministerio de Educación, para reportar las supuestas fallas. Y tampoco tomó acciones de contingencia ante la diferencia de menores reportados. Para la entidad, la secretaria de educación no sólo tenía la opción de remitir, actualizar y depurar la información por el Simat, “sino que tenía la opción de remitirla por otros medios de información, cuando el aplicativo presentara fallas o intermitencia”. (Le sugerimos: Buenaventura, en rebeldía hasta con Dios)
El alcalde de la época, José Félix Ocoró Minotta, no fue declarado responsable fiscal porque en las entidades territoriales certificadas, como el caso del Distrito de Buenaventura, el responsable de la matrícula es el secretario de educación y no el alcalde, a diferencia de lo que ocurre con los municipios no certificados. Igual el exalcalde estuvo vinculado a este proceso en calidad de presunto responsable, como también lo estuvieron los también secretarios de educación, Carlos Augusto Cadavid Carmona y Clemente Viáfara Anté.