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El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, anunció este jueves que recuperará los primeros 300 predios rurales que una entidad estatal adjudicó a testaferros de paramilitares que expulsaron bajo amenazas a los campesinos que los poseían.
Los desplazados habían recibido las tierras del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), que fue "infiltrado" por paramilitares, afirmó el ministro.
"Al interior del Incoder hubo mucha infiltración, casi cooptación de abogados y gente muy cercana al paramilitarismo que le pedían al Instituto que reasignara las parcelas a las fichas que postulaban", denunció Restrepo en un comunicado público.
El ministro explicó que la adjudicación a estos testaferros se hizo mediante mandatos de antiguas normas que establecían que el predio que fuera abandonado por el campesino que lo había recibido del Estado podía ser reasignado a un tercero.
Sin embargo, aclaró que en estos casos "no fue que los adjudicatarios originales abandonaran sus parcelas de buena gana o voluntariamente, sino por la fuerza de la violencia".
"Y esas parcelas se las readjudicaron a otros que no son más que testaferros de grupos delincuenciales que atemorizaron y sacaron despavoridos a los campesinos", subrayó el alto cargo.
Restrepo dijo que el Gobierno revocará las resoluciones del Incoder sobre estos predios, decisión que se corresponde además con mandatos de la Corte Constitucional sobre asuntos de tierras en los que haya habido una comprobada "actuación indebida del mismo Estado".
Algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) que siguen el problema del desplazamiento y el despojo de tierras en Colombia calculan que los paramilitares se apropiaron de más de 5,5 millones de hectáreas.
Según las mismas ONG, entre las cuales está la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), más de cuatro millones de colombianos se han desplazado desde 1985, por efecto del conflicto armado interno.