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Como geólogo, Julio Fierro está acostumbrado a que las multinacionales mineras intenten seducirlo para que claudique en su defensa del medio ambiente y se pase a sus filas a cambio de un jugoso salario, pero como asesor de la Contraloría General de la República y su Delegada para el Medio Ambiente, lo que no esperaba es que le impidieran ingresar a los predios que la empresa Eco Oro Minerals Corp ha venido comprando en Santander.
Y eso fue lo que le sucedió el pasado 19 de septiembre cuando en compañía de una comisión de 15 expertos de las universidades Nacional, Santo Tomás e Industrial de Santander, así como de la Sociedad Santandereana de Ingenieros y el Acueducto de Bucaramanga, pretendió recorrer y tomar muestras en los territorios que la multinacional canadiense posee en los municipios de California y Vetas, ubicados en un alto porcentaje dentro del Páramo de Santurbán, lugar en el que las autoridades ambientales han ratificado que no se pueden ejecutar proyectos de megaminería a cielo abierto, como pretendió inicialmente la entonces llamada Greystar Resources, que iba tras más de siete millones de onzas de oro.
Lo que se encontraron los expertos fue a un grupo de vigilantes armados, así como ingenieros que después de exigir permisos oficiales, les prohibieron la entrada, aunque su único propósito era revisar los sitios donde esa empresa minera realiza tareas de exploración en busca de oro, plata y otros minerales.
La comisión sólo portaba aparatos de posicionamiento global (GPS), correntómetros, termómetros, brújulas y neveras para conservar las muestras que buscaban tomar en los mismos sitios donde en marzo pasado estuvieron funcionarios de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). En esa ocasión, tras encontrar varias irregularidades, la ANLA notificó a la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), para que adelantara las acciones con el fin de que las mineras Eco Oro, AUX Colombia y Leyhat aplicaran los correctivos del caso antes de que sea demasiado tarde, pues quebradas como La Baja, Páez y Angostura —en riesgo por las actividades mineras— son las que alimentan el río Suratá, que surte de agua potable no sólo a Bucaramanga, sino a poblaciones vecinas como Floridablanca, Girón y Piedecuesta.
A pesar de que la CDMB se negó a acompañarlos, la comisión de biólogos, geólogos, ingenieros civiles y químicos permaneció durante dos horas frente al portón de Eco Oro que bloquea la carretera que conduce a la docena de lagunas que coronan el Páramo de Santurbán. Igual situación le ocurrió a un grupo de cuatro funcionarios de la Fiscalía General a quienes no les permitieron pasar, como lo denunció Florentino Rodríguez, presidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros.
No obstante, los expertos lograron tomar muestras en las zonas aledañas y observar el grado de deterioro que está sufriendo este frágil ecosistema de páramo y bosque alto andino. Según Rodríguez, el concepto de la ANLA es apenas la punta del iceberg de las “grandes afectaciones” que están dándose por cuenta de los trabajos de las mineras. “Queríamos corroborar la real dimensión de los daños, pero no nos dejaron. Sin embargo, apreciamos que son gigantescos: la cobertura vegetal —que se está perdiendo— es grisácea, se está convirtiendo en una zona semidisértica con graves procesos erosivos, y contaminación ácida por bajo pH”.
La comisión constató además el pésimo estado de la trocha que conduce del municipio de California a las minas, así como el constante ingreso de camiones con maquinaria pesada —entre ellos trituradoras y vehículos especialmente diseñados para construir túneles—, así como el deterioro de minas y socavones abandonados, muchos con desechos cianurados que siguen contaminando las fuentes de agua.
“Mientras el Gobierno distrae nuestras denuncias en juegos de escritorio, pareciera facilitar el accionar de las mineras, que amparadas en el decreto 2820 de 2010, se apoderaron de la zona, restringiendo el acceso olvidando que el subsuelo y el recurso hídrico es de todos los colombianos”, insistió Rodríguez Pinzón.
Erwing Rodríguez Salah, miembro del movimiento Cívico Conciencia Ciudadana, señaló la necesidad de que las autoridades ambientales blinden las cuencas y microcuencas hidrográficas que proveen al acueducto de Bucaramanga. Los análisis preliminares señalaron que es posible que las mineras estén vertiendo aguas ácidas en las quebradas. (ver nota arriba).
Un aspecto que impactó a la comisión, según Florentino Rodríguez, es la construcción de un túnel por parte de la compañía AUX, de propiedad del multimillonario alemán-brasileño Eike Fuhkern Batista. “Le pedimos a la CDMB que valore esta situación, porque según denuncias, se rompió un acuífero y están corriendo de su interior cerca de cien litros por segundo, una cantidad enorme que va a generar la baja de los niveles freáticos, afectando la fauna, y creando un verdadero desastre ecológico”.
Rodríguez señaló de permisivos con las mineras tanto a la CDMB como a la ANLA y los ministerios de Ambiente y Minas, “en especial a la CDMB, a la que se responsabiliza por negligencia en el cumplimiento de las actividades de monitoreo a las actividades exploratorias”.
Según el ingeniero civil y doctor en hidrogeología, Leonardo Donado, el riesgo de las actividades mineras que requieren metales pesados como el cianuro y en zonas de alta sismicidad como esta de la Cordillera Oriental, es que los daños en la salud pública sólo se verán con el paso de los años, “cuando las minas estén clausuradas o en procesos de cierre y ya no haya quien responda por esa situación y las regalías no alcancen para remediar nada”.
La visita coincidió con el anuncio de retiro voluntario de los trabajadores de Eco Oro, alegando riesgos laborales por la no delimitación de la zona de páramo —que afectaría el 70 por ciento de sus reservas auríferas de acuerdo con el título minero 3452— y la inminente declaratoria de parque natural por parte de la CDMB.
De acuerdo con Joao Carrelo, presidente de Eco Oro, su empresa ha invertido en los últimos quince años más de 200 millones de dólares en adquisición de tierras, viejas minas explotadas artesanalmente y en la fase exploratoria, y aparte de llegar a generar unas mil plazas de trabajo —la mayoría mano de obra no calificada—, su aporte sería vital para el desarrollo de esta región.
Debido a una queja instaurada en Washington (Estados Unidos), el abogado Miguel Ramos, del Comité de Defensa del Páramo de Santurbán, anunció que en la próxima semana llegará a Colombia una delegación de la Oficina del Ombudsman del Banco Mundial que investigará el asunto, debido a que uno de los accionistas de Eco Oro Minerals Corp es precisamente esa entidad a través de la Corporación Financiera Internacional.
Mientras tanto, el geólogo Fierro anunció que no se quedará con los brazos cruzados y en las próximas semanas estará pasando con el peso de la autoridad por el portón de Eco Oro y los de las otras multinacionales que por ahora tienen su territorio vedado hasta para los entes de control.
En la zona se han otorgado 114 títulos mineros
En los municipios santandereanos de Vetas y California han sido concedidos 144 títulos mineros, muchos de ellos a multinacionales mineras. De acuerdo con la lista conocida en exclusiva por El Espectador, la empresa Anglo Gold Ashanti posee 17 títulos mineros, la canadiense Eco Oro Minerals Corp. (antes Greystar Resources Ltd.) 15 títulos, seguida por AUX Colombia con 14, Sociedad Minera Calvista con 12, Galway Resources Holdco con 8 y Leyhat con siete, la mayoría otorgados durante el gobierno de Álvaro Uribe. La Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) descubrió en marzo pasado que Eco Oro había realizado 850 perforaciones, de 400 metros de profundidad en promedio, en muchas de las cuales verificó mal manejo, generando afectación a la vegetación circundante.
¿Aguas ácidas en el páramo por minería?
Pese a que las empresas mineras con presencia en inmediaciones del Páramo de Santurbán están en etapa de exploración, una comisión de expertos que visitó el lugar la semana pasada, convocados por la Sociedad Santandereana de Ingenieros, señaló que es posible que las actividades en la zona estén aumentando la acidez del agua que abastece en gran parte el acueducto de Bucaramanga.
Según pruebas preliminares, las multinacionales AUX Gold y Eco Oro estarían vertiendo aguas ácidas en cuencas hidrográficas y quebradas que llegan al río Suratá, que abastece el acueducto. Sin embargo, el resultado de los análisis tardará al menos dos semanas. La Contraloría investigará los hallazgos .