Movida para desempantanar la paz

El anuncio del Gobierno, de conceder indulto a 30 guerrilleros de las Farc que están recluidos en diferentes cárceles del país cumpliendo penas por el delito de rebelión y delitos conexos (utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de defensa personal), marca un nuevo avance en la humanización del conflicto, pero sobre todo en la construcción de confianza en el proceso de negociación que se adelanta en La Habana, que en las últimas semanas parece haberse empantanado en la discusión sobre la aplicación de justicia.

Se trata de un gesto del Gobierno, luego de evaluar el cumplimiento del cese al fuego unilateral por parte de las Farc, la consecuente disminución de la violencia y los avances del proceso. Un anuncio que se da después del encuentro, el viernes pasado en Cuba, entre Enrique Santos, hermano del presidente Juan Manuel Santos, y el máximo comandante de esa guerrilla, Rodrigo Londoño, Timochenko, buscando precisamente agilizar el proceso de paz.

Ya en un comunicado del 14 de noviembre, las Farc hablaron de una lista de 81 prisioneros en delicado estado de salud, 11 de ellos, según dijeron, de extremo cuidado. “Estos prisioneros deben recobrar su libertad, en consideración a que su estado de salud es incompatible con las condiciones precarias en que viven en las cárceles. Su derecho a la vida e integridad física están en gravísimo riesgo”, señalaba el mensaje. Por su parte, Rodrigo Granda, uno de los negociadores de las Farc en La Habana, aseguró que el tema de los presos políticos estaría incluido en la firma de un acuerdo definitivo.

Por lo pronto, el Gobierno precisó ayer que “la medida del indulto no tiene como fundamento la condición de salud de las personas privadas de la libertad, sino la naturaleza del delito por el que se encuentra condenada la persona, esto es: el delito de rebelión y conexos. El Gobierno Nacional, en todo caso, tomará medidas especiales para la atención en salud de las personas privadas de la libertad que así lo requieran”. Y añadió que es una medida unilateral que el Gobierno viene trabajando desde que se anunció, el pasado 12 de julio, la adopción de medidas para “desescalar el conflicto en Colombia”.

Los antecedentes inmediatos recuerdan la excarcelación en junio de 2001, en el gobierno de Andrés Pastrana, de 11 guerrilleros, dentro de un acuerdo humanitario que permitió liberar por parte de las Farc a 242 miembros del Ejército y la Policía que mantenían secuestrados. En 2007, el entonces presidente Álvaro Uribe liberó a Rodrigo Granda, llamado “el canciller de las Farc”, a petición del presidente francés, Nicolás Sarkozy, en un esfuerzo por conseguir que ese grupo dejara libres a varios secuestrados, entre ellos Íngrid Betancourt.

El escenario actual es totalmente diferente. El gobierno Santos y las Farc adelantan desde hace tres años un proceso de paz que ahora debate los temas más trascendentales: justicia y cese del fuego bilateral y definitivo. Además, está pendiente acordar el mecanismo de refrendación. Recientemente, la guerrilla acusó al Gobierno de haber frenado la dinámica de la mesa. Y el encuentro entre Enrique Santos y Timochenko apuntaba a lograr que los negociadores entraran en una especie de “cónclave”, que sólo terminaría una vez se tuvieran todos los puntos resueltos.

Aún no se saben los resultados de la reunión, pero en el anuncio del indulto a los 30 miembros de la subversión hay señales de que el atasco en que había caído el proceso de paz comienza a superarse. De hecho, ya se anuncia por parte del Gobierno la adecuación de unos patios especiales dentro de las cárceles a los que serán trasladados los miembros de las Farc detenidos o condenados, para facilitar el estudio de su situación jurídica, personal y familiar, como medida de preparación para su futura desmovilización. Y se implementarán brigadas para examinar las condiciones de salud de otros 106 guerrilleros detenidos.

Las reacciones en el país político no se han hecho esperar. Para el senador José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, las decisiones de indulto sobre rebelión son perfectamente válidas, aunque “hay que ver si este es un chantaje de las Farc después de las huelgas de los guerrilleros en las cárceles”. Por su parte, el también senador Armando Benedetti (Partido de la U) dice que el indulto significa que ambas partes están consolidando más confianza y que se avanza en la rápida firma de la paz. Y para la exsenadora Piedad Córdoba, se trata de un nuevo paso hacia el fin del conflicto.

Consultado por El Espectador, el ministro de Justicia, Yesid Reyes, explicó que “hay que decretar los indultos previa verificación de los casos y luego tramitar las libertades ante cada juez. Eso tarda unas semanas”. Por asuntos de seguridad, no serán revelados los nombres de quienes recibirán el beneficio. En la lista de 81 detenidos enfermos entregada por las Farc hay gente en las cárceles de El Buen Pastor, La Picota y La Modelo, en Bogotá; Cómbita, en Boyacá; Villavicencio y Acacías, en el Meta, entre otros lugares.

Falta una declaración oficial sobre si se aceptó o no lo del cónclave tras la reunión entre Enrique Santos y Timochenko. De todas maneras, queda la sensación de que había un estancamiento en la mesa de diálogos y ello lo reflejó el comunicado del sábado pasado leído por Joaquín Gómez, uno de los negociadores de las Farc, en el que advirtió que es impensable considerar la dejación de las armas si no se hace efectivo el desmonte del paramilitarismo. Ahora, con el anuncio del indulto a 30 guerrilleros, se espera que los impasses comiencen a superarse.