Nariño: el otro capítulo de la migración en Colombia

La mayor concentración de migrantes en Nariño está en Ipiales y Pasto. / Cortesía

La crisis migratoria en Colombia atraviesa otro capítulo. Esta vez la crisis es en el departamento de Nariño, en donde cientos de migrantes que han llegado por la frontera con Ecuador, con el propósito de moverse hasta el Urabá y luego pasar a Panamá, permanecen represados en municipios como Ipiales y Pasto. Aunque no existe una cifra exacta de cuántas personas se encuentran en esta situación, las autoridades creen que hay por lo menos otras 4.000 que están intentando llegar al país por esta zona y desde la Gobernación aseguran que no tienen recursos suficientes para atender el fenómeno.

La situación en Nariño preocupa sobre todo si se tiene en cuenta la experiencia reciente en municipios como Necoclí, en donde hasta hace una semana había cerca de 10.000 migrantes represados en las playas. Jorge Augusto Tobón, alcalde del municipio antioqueño, aseguró entonces que el problema consistía en que Migración Colombia había dejado de expedir un salvoconducto que regulaba la situación transitoria de estas personas y que sin dicho documento no podían contratar servicios legales de transporte, por lo que estaban a merced de los “coyotes”. El caso de Nariño no es diferente, pues recibe miles de migrantes que ingresan por las más de cuarenta trochas ilegales que hay en la frontera entre Colombia y Ecuador.

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El Espectador habló con Jhon Rojas, gobernador del departamento, para saber cómo están enfrentando la crisis derivada de la situación de los migrantes y cómo esto se ha visto también influenciado por la difícil situación de orden público que atraviesa Nariño, en medio de la proliferación de grupos armados ilegales y el recrudecimiento de la violencia por la disputa territorial de estas estructuras.

¿Cuál es la situación de los migrantes en Nariño?

El tema de los migrantes haitianos es algo preocupante para el departamento. Ante la oferta que ha realizado Estados Unidos del ingreso de estas personas, hay un éxodo masivo de haitianos por Colombia, procedentes de Chile, Perú y Ecuador. Este fin de semana ya se agudizó, en la medida de que Migración Colombia decidió no dejarlos seguir adelante en su paso hacia Necoclí y eso tuvo ciertas dificultades, especialmente bloqueos en el terminal terrestre de Pasto y también un bloqueo en la vía que va hacia Cali.

Nosotros hemos exigido al Gobierno Nacional una atención integral hacia estos migrantes. Ellos ya ingresaron a Colombia y hay que garantizarles los derechos, porque hay niños y niñas. Dicen que aproximadamente 4.000 haitianos ya están en Ecuador preparados para pasar hacia Colombia. El país tiene apertura de frontera, mientras que Ecuador la tiene cerrada, pero permite el paso de los migrantes por los más de cuarenta puntos irregulares, donde no hay presencia del Estado ni ecuatoriano ni colombiano. Los migrantes quedan sometidos a la violación de sus derechos humanos, a engaños, y están en riesgo porque en esta zona hay grupos armados al margen de la ley.

¿Cómo se suma esta llegada de haitianos al tema de la migración venezolana que hay en Nariño?

Hemos vivido también el tema de los migrantes venezolanos con serias dificultades y es por eso que no tenemos la capacidad resolutiva para atender estos éxodos masivos. Tenemos que tener en cuenta que también hemos prestado los servicios de salud a los emigrados venezolanos. Nuestros hospitales tienen carteras bastante altas que no hay quien las reconozca. Aquí hay que aclarar que los departamentos de frontera son los más pobres en Colombia, cuando deberían ser los que tienen mayores inversiones en tecnología, salud y educación, entre otras cosas, para poder garantizar condiciones dignas para los migrantes y demostrar que nuestras fronteras están protegidas.

¿Por qué es tan difícil controlar los puntos de acceso ilegales?

Acá hay un tema de dificultades geográficas. Hay puntos a los que solo se puede acceder desde Ecuador para poder hacer control, y otros solo desde Colombia. Establecimos un plan espejo que solo duró unos meses y luego no se siguió cumpliendo. El objetivo era que Ecuador se comprometía a través de sus autoridades, de Policía y Ejército, a cuidar los puntos a los que ellos podían acceder, mientras que Colombia vigilaba los otros. Hoy hay un tema bastante complejo ahí, porque hay “coyotes” que cobran dinero por pasar por esa zona. Es un territorio vedado para las autoridades, donde no hay orden por las difíciles circunstancias en las que se encuentran y por la presencia de grupos al margen de la ley. El reto es bastante grande frente al control de la frontera, porque es porosa y necesitamos que empiecen a regularizar el paso de los migrantes de forma legal para que tengamos nuevamente su control.

Este es un departamento que además tiene un problema de orden público bastante alto: recrudecimiento del conflicto armado en India Zabaleta, que también es límite con Ecuador; lo mismo la región rural de Tumaco, donde hay un enfrentamiento entre las disidencias de las Farc y el grupo Los Contadores, que se disputan estos territorios a sangre y fuego; y hay desplazamientos en el Telembí, producto de operaciones de las disidencias tomando estos territorios. Estamos en un departamento con muchas complejidades, con el problema de la pandemia deberíamos tener vacunación masiva para tener la apertura de la frontera y esa es nuestra exigencia: que haya una apertura de frontera para que todo sea a través de la legalidad y no tener estas situaciones de las que estamos viviendo en el momento.

¿Cómo han sido los trabajos con Migración Colombia para retomar este control?

Nuestra solicitud es que exista un salvoconducto para que ellos puedan pasar de manera regular y no estén en riesgo de que les vulneren sus derechos y los estafen, porque no pueden abordar vehículos de transporte público. Ellos tienen que contratar muchas veces carros piratas, que a veces los llevan a dar un circuito por Ipiales y los dejan en el mismo sitio, entendiendo que ellos no conocen la región. Están sometidos a muchos riesgos, no solo en la vía. Entrar como ilegales los hace muy vulnerables.

Hemos solicitado que hagan una regularización de manera transitoria, ya sea por un salvoconducto o por una visa temporal que les permita recorrer y llegar hasta el sitio de frontera. Entendemos que Necoclí tiene dificultades, porque Panamá solo deja ingresar un número determinado, que tengo entendido son 200 personas diarias. Acá necesitamos que Cancillería empiece a hacer trabajos conjuntos con Panamá para que permitan que ellos pasen y logren llegar hasta Estados Unidos.

¿Los grupos armados en Nariño son los que manejan las trochas?

En el sector rural de Tumaco hay presencia de grupos armados al margen de la ley que están en una disputa en estos territorios. Lo que pasa es que quienes pasan van a estar sujetos a este riesgo. Esto no es solo de ahora, históricamente estas estructuras han hecho presencia en la zona de frontera. Repito que el reto es muy grande para Colombia porque tenemos que ver cómo cubrir estos puntos y ejercer nuestra soberanía. Con la pandemia y ahora con los migrantes queda en evidencia la fragilidad de nuestras fronteras, donde debería existir una política de seguridad clara para estos departamentos.

Hemos planteado esto varias veces en la Federación Nacional de Departamentos. Desde la ley de fronteras, que está aprobada, tenemos que ver cómo unir esfuerzos y tener la presencia de la institucionalidad en estos sitios para evitar muchas acciones que terminan en hechos lamentables.

¿Cómo está la situación de orden público en el departamento?

Acá la complicación la tenemos sobre todo en el triángulo del Telembí. En Roberto Payán hubo un desplazamiento bastante grande, donde más de 10.000 personas se vieron afectadas por la disputa territorial entre las disidencias de las Farc y otros grupos armados. Hemos solicitado a la fuerza pública que haga presencia en la zona, con el objetivo de que estas familias puedan retornar a sus lugares de origen. Muchas de estas personas decidieron quedarse en el municipio y tenemos que hacer una atención integral, porque muchos estaban en instituciones educativas, que no son los sitios adecuados.

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En la costa Pacífica también está sucediendo algo similar, en especial en el sector rural de Tumaco y en India Zabaleta, donde hay enfrentamientos casi que a diario entre las disidencias de las Farc y el grupo Los Contadores. Este es un territorio indígena, donde las comunidades están siendo afectadas. Concluimos que esto es por la presencia de los cultivos de uso ilícito y por eso seguimos insistiendo en la sustitución voluntaria. Nuestros campesinos, afros e indígenas tienen todas la disposición para hacer esto y recibir programas desde el Gobierno Nacional para llevar a cabo esto. Esta es otra de las acciones que se deben adelantar para que llegue la paz y la tranquilidad a nuestros territorios.

¿Por qué el triángulo del Telembí es estratégico para los grupos armados?

Lo primero es que tiene límites con el Cauca y los grupos armados también están muy presentes en ese departamento y ejercen presión hacia abajo. Además hay dos ríos claves que son el Telembí y el Patía que llegan muy fácil al Pacífico y ahí están las rutas del narcotráfico. Son sitios muy estratégicos para estas organizaciones que tienen como principal economía el tráfico de sustancias psicoactivas.

¿Cómo va la lucha para evitar el uso de glifosato en el departamento?

Por ahora hay un fallo de tutela que protege a los territorios indígenas y a las comunidades afro donde no puede haber aspersión aérea. Nosotros hemos demostrado y los estudios lo han dicho que este tipo de fumigación no es la mejor alternativa y esa es una política que se ha venido adelantando y con demostraciones de que la resiembra es mayor. Cuando hay sustitución voluntaria, es muchísimo menor y no afecta la vida y el medio ambiente. Nariño ya ha vivido los estragos del glifosato y ha tenido serias dificultades. Y otro tema es que hacer las cosas a la fuerza, sin ningún tipo de diálogo, lo que hace es que haya más y más resiembra de cultivos de coca porque no hay alternativas. Queremos que Nariño esté libre de coca, pero para eso necesitamos programas sociales.