23 Jan 2021 - 2:00 a. m.

Ni la pandemia detiene el recrudecimiento de la violencia en Nariño

De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Desarrollo y Paz (Fundepaz), en 2020 había 15 grupos armados ilegales en ese departamento. Esta semana hubo un desplazamiento de 253 personas y seis más están desaparecidas.

Con una ocupación de camas UCI del 98 % y varios obstáculos para enfrentar la crisis sanitaria, económica y social derivada de la pandemia del coronavirus, el departamento de Nariño enfrenta otro problema de grandes proporciones: la violencia desatada por los grupos armados ilegales que operan en el territorio. Solo esta semana hubo denuncias por la desaparición de once personas que se movilizaban de Tumaco al municipio de Mosquera y por el desplazamiento de 99 familias afrodescendientes que llegaron huyendo desde El Cocal, en Barbacoas, hasta Roberto Payán.

El panorama se agrava si se tiene en cuenta que en muchas ocasiones las comunidades ni siquiera saben cuál es el grupo armado que está detrás de los hechos violentos. De hecho, en el caso de las once personas que fueron reportadas como desaparecidas en Tumaco, las autoridades determinaron, tras un consejo de seguridad que se realizó en el municipio, que no había pruebas contundentes para hablar de ese número de desaparecidos y tampoco para atribuir los hechos a algún grupo armado ilegal.

También le puede interesar: “En este momento hay seis denuncias de desaparición”: Jhon Rojas, Gobernador de Nariño

“La idea era aclarar lo que había ocurrido. La Fiscalía aseguró que ellos tienen una denuncia de los familiares de seis personas que están desaparecidas. La Fuerza de Tarea Hércules realizó revisión en todos los puntos de la costa Pacífica, más de 890 kilómetros han revisado para ver qué había ocurrido. Se encontraron a dos personas muertas, que ya se identificaron y, según el dictamen de Medicina Legal, las causas son por ahogamiento y no corresponden a los desaparecidos”, explica Jhon Rojas, gobernador de Nariño.

En Nariño hay doce grupos armados ilegales identificados por las autoridades, que se clasifican en tres tipos: Grupos Armados Organizados (GAO), Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) y Grupos Delincuenciales Organizados (GDO).

Los GAO, por ejemplo, son grupos que tienen una organización y un mando que ejerce liderazgo sobre sus miembros, que le permiten usar la violencia contra la población civil, bienes civiles o la fuerza pública. Hacen parte de este grupo el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Clan del Golfo (Agc). Los GAOR tienen su origen en la desmovilización de las Farc en 2017 y mantienen sus zonas de influencia territorial en aquellas regiones donde operó la antigua guerrilla; se conocen hoy como las disidencias de las Farc. En este grupo están el Frente Oliver Sinisterra y Los Contadores.

Por último, los GDO son de menor escala que los GAO y los GAOR, además en algunas ocasiones pueden actuar bajo el mando de los anteriormente mencionados, como oficinas de cobro y redes de apoyo. Algunos de los que hacen parte de este grupo son Los Negritos, La Empresa, El Nuevo Grupo y Gente del Orden.

Sin embargo, el número de actores armados presentes en el departamento habría aumentado en 2020, según documentó el Observatorio de Derechos Humanos de Fundación Desarrollo y Paz (Fundepaz). “De acuerdo con la información que nos han dado desde inteligencia militar, se cuenta que en Nariño hay unos quince grupos que agrupan a cerca de 831 hombres armados, lo cual es gravísimo. A eso hay que sumarle que algunos grupos tienen contactos directos con los carteles mexicanos”, aseguró Jesús Arciniegas, director de Fundepaz en Nariño.

¿Qué se disputan los grupos armados ilegales?

Narcotráfico y minería ilegal son las palabras claves que podrían resumir el interés tan arraigado que tienen los grupos criminales en Nariño, un departamento que, además, comparte fronteras con Ecuador y tiene salida a la costa Pacífica, características geográficas que lo convierten en un punto clave en las rutas de las actividades ilegales. “En la frontera con Ecuador pudimos observar que hay más de 36 puntos irregulares de paso. Eso hace que sea una ruta importante para los grupos delincuenciales que están en el tema del narcotráfico; lo otro es el Pacífico, pues el mar permite el flujo de esas actividades ilegales”, explica el gobernador Rojas.

Según Jesús Arciniegas, eso se suma a que Nariño es un punto importante para las rutas del narcotráfico hacia las costas pacíficas de algunos países centroamericanos, como Honduras y Nicaragua, y también en México, para su posterior traslado hasta Estados Unidos y que, además, en Nariño se refina la coca de otros departamentos, como Putumayo, Caquetá y Guaviare. “Algo que nos llama la atención es que si bien en 2019 el departamento —después de diez años de haber liderado la cuenta que hace el sistema de Naciones Unidas contra la droga y el delito— pasó al segundo lugar en cultivos ilícitos, siendo superado por Norte de Santander, según información de la Policía, entre 2018 y 2019, se incrementó el procesamiento de los laboratorios de coca. Es algo que no debería ser”, detalló Arciniegas. De acuerdo con el gobernador, los municipios más expuestos al accionar de los grupos al margen de la ley que concentran las dificultades de orden público son Cuande, Olaya Herrera, El Charco, Las Olas y Mosquera; en el Pacífico sur los municipios de Francisco Pizarro y Tumaco; la región del Telembí donde está Roberto Payán, Magüí Payán y Barbacoas; y por último, los municipios de Cuinditara, Policarpa, El Rosario y Leiva.

Eso sin tener en cuenta los profundos problemas de pobreza que hay en buena parte del departamento. Los municipios de la costa Pacífica nariñense no tienen agua ni energía. En su mayoría solo pueden movilizarse por agua —porque no hay vías terrestres— y no en cualquier horario. “Eso hace que la pobreza sea grande en estos territorios porque, por ejemplo, ellos pueden dedicarse a actividades como la pesca, pero no es rentable; salir a llevar sus productos, en este caso hasta Tumaco, les queda lejos y es costoso. Para ir a Tumaco, una persona debe tener unos $600.000”, aseguró Rojas.

Los efectos de la presencia de grupos armados se ven reflejados en los casos de desplazamiento, que solo en 2020 ascendieron a 43 y afectaron a 14.000 personas. Viendo el panorama completo, el departamento concentró casi el 50 % de los noventa hechos de desplazamiento masivo (28.500 personas) que se registraron en el país, según la Defensoría. En el caso del desplazamiento en Roberto Payán, el primero de este año, las familias están albergadas en un lugar que no cumple con todo lo necesario. “Teniendo en cuenta la poca capacidad que tenemos para atender estas situaciones (...), debe llamar la atención que en esta zona del territorio se produzcan tan repetidas veces este tipo de hechos. Pedimos, por favor, que nos tengan más presentes”, fue el llamado de Ferney Angulo, alcalde designado de Roberto Payán.

También le puede interesar: Alcalde de Roberto Payán, Nariño, confirma que hay 253 personas desplazadas

El fenómeno de violencia en el departamento no es nuevo, pero sí es preocupante que los hechos de violencia sigan aumentando sin que parezca haber una solución al problema. Para Zabier Hernández, analista del conflicto armado y defensor de derechos humanos, si bien la clave está en implementar una estrategia fuerte de inversión social en el territorio que permita desarrollar y atacar la pobreza histórica, también hay que atacar otros frentes. “Hay que trabajar los elementos del desmantelamiento de los grupos paramilitares y armados que se nutren de la coca y su procesamiento. Son políticas que hay que implementar al mismo tiempo. El Estado tiene la capacidad, el tema está en resolver las voluntades políticas e institucionales”, concluyó Hernández.

Así se encuentra la dinámica actual del conflicto armado en Nariño

Comparte: