¡Ni una más!

El pasado fin de semana, el país conoció dos nuevos casos de menores de edad víctimas de abuso sexual y feminicidio. El primero se registró el viernes en el departamento del Tolima, con una menor de tres años, y el segundo sucedió el pasado domingo en el Meta y de él fue víctima una bebé de tan sólo cuatro meses de nacida. Lamentablemente, estos dos casos muy seguramente no serán los últimos que el país conozca, pues las cifras son alarmantes y se necesita una intervención efectiva del Estado —acompañado de todos los organismos competentes— y la ciudadanía. Estos trágicos hechos sin duda reviven el debate sobre cómo proteger a los menores de este tipo de conductas cometidas por personas que, en muchos casos, no pagan condenas ejemplares y hacen parte de su círculo más cercano.

Según informa el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el 2016 recibió 10.786 denuncias por concepto de violencia sexual y 11.032 registros de maltrato infantil. Lo anterior, señala la entidad, representa un promedio de 1.818 denuncias por mes. Una cifra alarmante, sobre todo si se tiene en cuenta que gran parte de nuestra sociedad está conformada por niños y niñas menores de edad. En lo corrido de este año, la entidad ha recibido 2.476 denuncias por maltrato infantil y 2.413 casos de violencia sexual —es decir, 4.889 en total—, con un promedio, a la fecha, de 1.229 denuncias por mes. Pero hay un dato mucho más revelador: desde que se lanzó la línea 141, el pasado 5 de diciembre de 2016, especializada en informar y denunciar casos de maltrato infantil y violencia sexual, entre otras cosas, las delaciones subieron 300 %.

Para Cristina Plazas, directora del ICBF, este no es un problema netamente del Estado ni de la expedición de leyes que endurezcan el castigo para los victimarios. “Durante décadas, al país se le olvidó invertir en el núcleo de la sociedad, que es la familia. Se debe instruir a los papás en temas de crianza y resolución de conflictos para que el hogar sea un lugar donde haya amor, respeto y tolerancia. La casa no debe ser un campo de batalla o un sitio de violencia en contra de los niños, porque esto se convierte en semilla para las demás violencias”. Por otro lado, con el fin de evitar que estas denuncias queden en la impunidad o prescriban, Plazas les hace un llamado a la Fiscalía y a los jueces de la República para que actúen con celeridad, como en el caso de Yuliana Samboní, en el que se logró la condena de 51 años y ocho meses para Rafael Uribe Noguera en menos de tres meses.

El pasado fin de semana, el país conoció dos nuevos casos de menores de edad víctimas de abuso sexual y feminicidio. El primero se registró el viernes en el departamento del Tolima, con una menor de tres años, y el segundo sucedió el pasado domingo en el Meta y de él fue víctima una bebé de tan sólo cuatro meses de nacida. Lamentablemente, estos dos casos muy seguramente no serán los últimos que el país conozca, pues las cifras son alarmantes y se necesita una intervención efectiva del Estado —acompañado de todos los organismos competentes— y la ciudadanía. Estos trágicos hechos sin duda reviven el debate sobre cómo proteger a los menores de este tipo de conductas cometidas por personas que, en muchos casos, no pagan condenas ejemplares y hacen parte de su círculo más cercano.

Según informa el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en el 2016 recibió 10.786 denuncias por concepto de violencia sexual y 11.032 registros de maltrato infantil. Lo anterior, señala la entidad, representa un promedio de 1.818 denuncias por mes. Una cifra alarmante, sobre todo si se tiene en cuenta que gran parte de nuestra sociedad está conformada por niños y niñas menores de edad. En lo corrido de este año, la entidad ha recibido 2.476 denuncias por maltrato infantil y 2.413 casos de violencia sexual —es decir, 4.889 en total—, con un promedio, a la fecha, de 1.229 denuncias por mes. Pero hay un dato mucho más revelador: desde que se lanzó la línea 141, el pasado 5 de diciembre de 2016, especializada en informar y denunciar casos de maltrato infantil y violencia sexual, entre otras cosas, las delaciones subieron 300 %.

Para Cristina Plazas, directora del ICBF, este no es un problema netamente del Estado ni de la expedición de leyes que endurezcan el castigo para los victimarios. “Durante décadas, al país se le olvidó invertir en el núcleo de la sociedad, que es la familia. Se debe instruir a los papás en temas de crianza y resolución de conflictos para que el hogar sea un lugar donde haya amor, respeto y tolerancia. La casa no debe ser un campo de batalla o un sitio de violencia en contra de los niños, porque esto se convierte en semilla para las demás violencias”. Por otro lado, con el fin de evitar que estas denuncias queden en la impunidad o prescriban, Plazas les hace un llamado a la Fiscalía y a los jueces de la República para que actúen con celeridad, como en el caso de Yuliana Samboní, en el que se logró la condena de 51 años y ocho meses para Rafael Uribe Noguera en menos de tres meses.