Consuelo Arbeláez Gómez siempre tuvo la certeza de que los escoltas asignados por el DAS para proteger a su esposo habían sido cómplices del sicario que lo asesinó. Inició sus propias investigaciones, ayudada por familiares, pero nunca logró comprobar su teoría. Solo el tiempo le daría la razón. Gabriel Jaime Santamaría, líder político de la Unión Patriótica en Antioquia, fue una víctima más de la alianza criminal que se tejió entre sectores políticos, militares y paramilitares para impedir el auge del movimiento de izquierda.
El riesgo siempre fue inminente, pero Consuelo y Gabriel Jaime, ambos piezas claves para la UP en el departamento, decidieron continuar con su lucha y adoptar medidas para evitar que sus dos hijas se vieran afectadas. Durante los cinco años que precedieron la muerte del dirigente de izquierda se vieron obligados a vivir por separado, resguardados por escoltas y cambiando constantemente de residencia.
Hoy, a sus 66 años, Consuelo Arbeláez reconoce que tal vez la decisión no fue la correcta y que quizá habría sido mejor marchar el exilio como lo hicieron otros compañeros de la UP, que lograron salvarse del exterminio.
En entrevista con El Espectador, la viuda habló de las investigaciones sobre el asesinato y de la reciente decisión de la Fiscalía de declarar como delitos de lesa humanidad los crímenes contra los miembros de la Unión Patriótica.
¿Por qué Gabriel Jaime no asumió el exilio como lo hicieron otros líderes de la Unión Patriótica en la época?
Él decía que no era capaz de dejar la patria y más sabiendo que sus hijas y yo quedábamos acá en peligro, porque yo trabajaba con él en la Asamblea y también recibía amenazas. A veces me pregunto por qué no pensamos en irnos con las niñas, en salvar la vida.
¿Cómo fueron las primeras amenazas?
Recibimos muchas. La primera fue una nota en la que se amenazaba a dos personas del PC de C-ML (Partido Comunista de Colombia - Marxista Leninista) y a Gabriel Jaime, militante del Partido Comunista Colombiano (PCC). Luego comenzaron las llamadas y los seguimientos. Él tuvo que huir varias veces al exterior (Alemania, Cuba y Rusia), pero siempre volvía. Los últimos cinco años vivimos separados y él tenía que dormir en hoteles o en casas de amigos.
Y a pesar de las medidas fue víctima de tres atentados...
Sí, pero el más grave ocurrió en diciembre de 1987. Él había ido a visitar a las niñas a un apartamento al que nos habíamos pasado recientemente. Un compañero de militancia llegó a recogerlo y cuando estaban en el carro fueron atacados por dos sicarios que les lanzaron una granada y les dispararon con una subametralladora. Al conductor casi le amputan las piernas y Gabriel Jaime quedó con medio cuerpo paralizado.
¿Cuándo lo vio por última vez ?
El día del asesinato en la casa de un compañero a la que habíamos llegado en la madrugada, después de una reunión política. Me despedí de él a las seis de la mañana y me fui a mi casa a ver a las niñas. Él se quedó bañándose. Teníamos programado un almuerzo en la Escuela del Bicentenario, pero yo no pude ir. Hablamos por teléfono a las tres de la tarde porque nos íbamos a encontrar en la Asamblea para cuadrar el plan de trabajo del fin de semana, pero no lo volví a ver.
¿Cómo se enteró del asesinato?
A las 3:50 p.m. de ese 27 de octubre me llamó la secretaria del presidente de la Asamblea y me dijo que habían matado a Gabriel Jaime. Salí corriendo para la oficina a ver si alguien me daba razón. La sede de la Asamblea estaba ubicada en el Centro Administrativo La Alpujarra, uno de los lugares más custodiados de todo Medellín, por eso no entendía cómo lo habían podido matar ahí. Cuando llegué, el lugar estaba fuertemente vigilado por policías, militares y escoltas. Subí al segundo piso y lo vi a través de la puerta de vidrio de su oficina. Quedó sentado en el escritorio con el teléfono en la mano porque en ese momento estaba hablando con un personero de Urabá.
¿Y no había videos de seguridad?
El video desapareció y la persona encargada de eso nunca explicó qué había pasado. Después lo encontraron, pero ya estaba borrado. Ese día también capturaron a varias personas, entre esas a unos empleados de la Contraloría departamental que yo conocía y que habían ido a hablar con Gabriel Jaime. Tuve que ir ante las autoridades a pedir que los soltaran. Sin embargo, me dijeron que había un hombre al que no iban a soltar porque tenían la certeza de que estaba implicado. Nunca supe qué pasó con él, ni quién era. También existió el rumor de que hubo otro sicarios que escapó en medio de la confusión de los disparos.
¿Cómo supo usted que los escoltas habían sido cómplices del sicario?
Por las investigaciones y porque el muchacho que lo mató resultó ser el hijo de una mujer que vivía al lado de la casa a la que yo me había pasado recientemente. Lo contactaron y le pagaron. Tenía 20 años y era muy simpático. Le conté la historia a la entonces gobernadora, Elena Herrán de Montoya, quien me reunió con altos mandos de la Policía y el Ejército de Medellín. Entregué la información que tenía y prometieron investigar. Después de varios días de no saber nada llamé a un coronel para saber en qué iba la investigación. Me confirmó que el muchacho era el hijo de la vecina, pero nada pasó con eso.
Cuando en 2012 el extraditado jefe paramilitar alias ‘Don Berna’ habló de la complicidad de los agentes del DAS en el asesinato, ¿entregó información nueva?
Don Berna dijo todo lo que nosotros ya conocíamos. Incluso, ya sabíamos que el sicario había entrado camuflado con los escoltas, vestido de cachaco y con un maletín en el que llevaba la subametralladora con la que lo mató, los planos del edificio y, curiosamente, un silenciador dañado. Al escuchar los disparos, los escoltas implicados entraron y le dispararon al sicario para que no hablara. Lo que es inexplicable es que las autoridades no hayan hecho que hablara más. Las investigaciones siempre llegan hasta los autores materiales identificados —sabemos que fueron órdenes de Carlos Castaño—, pero nadie dice quiénes fueron los autores desde el Estado. Porque es claro que el asesinato de los militantes de la UP fue una alianza entre paramilitares y el Estado.
¿Ustedes esperan algún tipo de reparación por parte del Estado?
Llevamos más de 25 años esperando a que nos reconozcan una reparación integral. Las ayudas a nosotros no nos llegaron a tiempo y la reparación, si se da, nos va a llegar cuando ya hemos transcurrido un trecho muy largo del camino con muchas dificultades. Queremos entrar en una solución amistosa con el Estado, porque ya no estamos para aguantar más, no nos pueden exigir más sacrificios. Pero la reparación no sólo debe ser económica, queremos la dignificación de las víctimas y que se aclare que nuestros esposos no eran guerrilleros, como dijeron en su momento para justificar su muerte.