“No es tiempo de callar”

 

Ahora ella es la voz de muchas mujeres colombianas que han sufrido su mismo dolor, y su campaña “No es hora de callar” constituye un incentivo para que enfrenten con coraje el poder o la impunidad de sus agresores. A través del Decreto 1480 de 2014, el gobierno Santos reconoció su valor, y por eso el 25 de mayo ha sido designado como el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el Marco del Conflicto Armado. 

 

El mínimo reconocimiento a una comunicadora que desde que debutó en el noticiero Alerta Bogotá, de Radio Uno, en 1997, tuvo otra obsesión personal: las cárceles. No sólo para denunciar sus ilegalidades, sino también para inventarse campañas o colectas en favor de los internos. Por eso se ganó amenazas, y por la misma razón creció como periodista y llegó en 1999 a El Espectador, donde empezó a divulgar sus nuevos hallazgos del universo carcelario.

 

Hasta el 25 de mayo de 2000, día en que fue engañada con una supuesta entrevista en la Modelo para aclarar por qué habían llegado al diario mensajes amenazantes, y en la puerta de la cárcel fue secuestrada y diez horas después abandonada en un sector despoblado cerca de Villavicencio. Un cobarde episodio protagonizado por paramilitares que pretendían desaparecerla, pero que pudo evitarse gracias a la oportuna acción del CTI de la Fiscalía.

 

Sin embargo, antes de que Jineth Bedoya fuera sacada a empellones del vehículo en que sus captores la conducían a un fatal desenlace, marcaron su vida con el abuso. Cuando eso se supo, la rodeó el periodismo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que “el mundo no iba a permanecer inmóvil frente al atropello”. Pero en aquellos días el paramilitarismo desbordaba también a la justicia.

 

Tuvieron que pasar 11 años de silencio para que la Fiscalía reaccionara. Una década en la que Jineth enrostró una y otra vez a sus defensores o detractores que ni se iba a ir del país, ni pensaba renunciar al periodismo, ni estaba en sus planes cambiar de fuentes. Por el contrario, se dedicó a escribir y a señalar por sus nombres a quienes, por acción u omisión, la habían ultrajado. Hasta que encontró su primer apoyo: la Fundación para la Libertad de Prensa.

 

Esta organización acogió sus reclamos, llevó el asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo recuperó para la justicia. La entonces fiscal Viviane Morales entendió que había una deuda del Estado y puso a andar el caso. Casi de inmediato se vieron los resultados. Ya en tiempos de Eduardo Montealegre, el expediente fue clasificado como delito de lesa humanidad, por tanto imprescriptible, y la investigación empezó a moverse. 

 

En agosto de 2011, el paramilitar Alejandro Cárdenas Orozco, ante una fiscal de Justicia y Paz, confesó su participación en el secuestro, y un año después fueron vinculados al expediente dos sujetos más: Mario Jaimes Mejía, alias el Panadero, y Jesús Emiro Pereira, alias Huevoepisca. Sin embargo, al mismo tiempo comenzaron también los apremios judiciales por las tretas de los procesados para eludir sus responsabilidades en los hechos.

 

En junio de 2014, súbitamente Cárdenas Orozco se retractó de su confesión y aseguró que había mentido a petición de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, quien le ofreció recompensa. Aunque esta declaración entrabó el caso y ahora tiene a la Fiscalía indagando sus pormenores, no fue obstáculo para que la fiscal 49 especializada de Derechos Humanos persistiera en sus pesquisas y determinara cómo se planeó la acción criminal contra Jineth Bedoya.

 

Un testigo ya lo admitió: el proyecto fue concebido por Ángel Gaitán Mahecha y Miguel Arroyave, dos pesos pesados del paramilitarismo entonces recluidos en la Modelo, y su ejecución quedó a cargo de Mario Jaimes Mejía, alias el Panadero, a quien Arroyave le había servido de padrino en el bautizo de un hijo. Por esta razón en breve será juzgado este individuo, lo que no excluye seguir averiguando por sus cómplices dentro y fuera del centro carcelario.

 

La Fundación para la Libertad de Prensa no descansa en el caso y mañana entregará un balance de cómo va su lucha contra la impunidad. El PNUD y la organización ONU Mujeres desde ayer desarrollan una jornada de tres días para sumarse a la causa. Otras organizaciones de derechos humanos han entendido que la noche del 25 de mayo es para celebrar la vida de las mujeres y también acompañarán a Jineth Bedoya en su indeclinable cruzada.

 

Como ella lo repite a diario y la organización Oxfam lo replica, “No es hora de callar”. Hace 15 años no lo hizo cuando era periodista de El Espectador, ahora tampoco cuando lo hace para El Tiempo. Jineth Bedoya vive al día, no oculta lo que piensa, la seduce el riesgo, su aguerrido carácter le da para seguir reclamando que además de los paramilitares que la ultrajaron, deben ser procesados quienes convirtieron la Modelo en escenario de guerra y tráfico de armas. 

 

Ahora ella es la voz de muchas mujeres colombianas que han sufrido su mismo dolor, y su campaña “No es hora de callar” constituye un incentivo para que enfrenten con coraje el poder o la impunidad de sus agresores. A través del Decreto 1480 de 2014, el gobierno Santos reconoció su valor, y por eso el 25 de mayo ha sido designado como el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el Marco del Conflicto Armado. 

 

El mínimo reconocimiento a una comunicadora que desde que debutó en el noticiero Alerta Bogotá, de Radio Uno, en 1997, tuvo otra obsesión personal: las cárceles. No sólo para denunciar sus ilegalidades, sino también para inventarse campañas o colectas en favor de los internos. Por eso se ganó amenazas, y por la misma razón creció como periodista y llegó en 1999 a El Espectador, donde empezó a divulgar sus nuevos hallazgos del universo carcelario.

 

Hasta el 25 de mayo de 2000, día en que fue engañada con una supuesta entrevista en la Modelo para aclarar por qué habían llegado al diario mensajes amenazantes, y en la puerta de la cárcel fue secuestrada y diez horas después abandonada en un sector despoblado cerca de Villavicencio. Un cobarde episodio protagonizado por paramilitares que pretendían desaparecerla, pero que pudo evitarse gracias a la oportuna acción del CTI de la Fiscalía.

 

Sin embargo, antes de que Jineth Bedoya fuera sacada a empellones del vehículo en que sus captores la conducían a un fatal desenlace, marcaron su vida con el abuso. Cuando eso se supo, la rodeó el periodismo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que “el mundo no iba a permanecer inmóvil frente al atropello”. Pero en aquellos días el paramilitarismo desbordaba también a la justicia.

 

Tuvieron que pasar 11 años de silencio para que la Fiscalía reaccionara. Una década en la que Jineth enrostró una y otra vez a sus defensores o detractores que ni se iba a ir del país, ni pensaba renunciar al periodismo, ni estaba en sus planes cambiar de fuentes. Por el contrario, se dedicó a escribir y a señalar por sus nombres a quienes, por acción u omisión, la habían ultrajado. Hasta que encontró su primer apoyo: la Fundación para la Libertad de Prensa.

 

Esta organización acogió sus reclamos, llevó el asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo recuperó para la justicia. La entonces fiscal Viviane Morales entendió que había una deuda del Estado y puso a andar el caso. Casi de inmediato se vieron los resultados. Ya en tiempos de Eduardo Montealegre, el expediente fue clasificado como delito de lesa humanidad, por tanto imprescriptible, y la investigación empezó a moverse. 

 

En agosto de 2011, el paramilitar Alejandro Cárdenas Orozco, ante una fiscal de Justicia y Paz, confesó su participación en el secuestro, y un año después fueron vinculados al expediente dos sujetos más: Mario Jaimes Mejía, alias el Panadero, y Jesús Emiro Pereira, alias Huevoepisca. Sin embargo, al mismo tiempo comenzaron también los apremios judiciales por las tretas de los procesados para eludir sus responsabilidades en los hechos.

 

En junio de 2014, súbitamente Cárdenas Orozco se retractó de su confesión y aseguró que había mentido a petición de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, quien le ofreció recompensa. Aunque esta declaración entrabó el caso y ahora tiene a la Fiscalía indagando sus pormenores, no fue obstáculo para que la fiscal 49 especializada de Derechos Humanos persistiera en sus pesquisas y determinara cómo se planeó la acción criminal contra Jineth Bedoya.

 

Un testigo ya lo admitió: el proyecto fue concebido por Ángel Gaitán Mahecha y Miguel Arroyave, dos pesos pesados del paramilitarismo entonces recluidos en la Modelo, y su ejecución quedó a cargo de Mario Jaimes Mejía, alias el Panadero, a quien Arroyave le había servido de padrino en el bautizo de un hijo. Por esta razón en breve será juzgado este individuo, lo que no excluye seguir averiguando por sus cómplices dentro y fuera del centro carcelario.

 

La Fundación para la Libertad de Prensa no descansa en el caso y mañana entregará un balance de cómo va su lucha contra la impunidad. El PNUD y la organización ONU Mujeres desde ayer desarrollan una jornada de tres días para sumarse a la causa. Otras organizaciones de derechos humanos han entendido que la noche del 25 de mayo es para celebrar la vida de las mujeres y también acompañarán a Jineth Bedoya en su indeclinable cruzada.

 

Como ella lo repite a diario y la organización Oxfam lo replica, “No es hora de callar”. Hace 15 años no lo hizo cuando era periodista de El Espectador, ahora tampoco cuando lo hace para El Tiempo. Jineth Bedoya vive al día, no oculta lo que piensa, la seduce el riesgo, su aguerrido carácter le da para seguir reclamando que además de los paramilitares que la ultrajaron, deben ser procesados quienes convirtieron la Modelo en escenario de guerra y tráfico de armas.