“No somos comisión de la verdad”

El viernes pasado finalizó la segunda Semana por la Memoria, evento organizado por el grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. El balance de las actividades, entre las que se destacan la entrega del informe La masacre de El Salado. Esa guerra no era nuestra, el documento Recordar y narrar. Herramientas para reconstruir memoria histórica y el estudio sobre Despojo de tierras y territorios. Aproximación global es bastante satisfactorio.

 Acudieron al corregimiento de El Salado no menos de 400 personas que presenciaron la entrega formal del documento en el que se reconstruyen los violentos hechos ocurridos entre el 16 y el 21 de febrero de 2000 cuando los paramilitares se ensañaron con la población. En otros escenarios, como Montería, Cartagena y Bogotá, el apoyo a los conversatorios confirma que el trabajo realizado tuvo un impacto real y fue recibido con interés. Aunque tardío, hubo incluso espacio para que el Estado colombiano asumiera públicamente su responsabilidad.

De cara a las preguntas que aún suscita el escurridizo tema de la memoria y sus relaciones con el conflicto actual, el director de la Comisión de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez, conversó con El Espectador.

¿Qué opinión le merece la campaña de apoyo que ha recibido el grupo de Memoria Histórica de parte de algunos medios de comunicación?

El apoyo de los medios es crucial para la generación de una conciencia ciudadana amplia sobre la realidad de la violencia que enfrentó, o mejor aún, enfrenta el país. Y es que en gran medida el despertar de la rutinización de la violencia en la que hemos caído, la formación de una mirada crítica sobre lo sucedido depende de los medios y el manejo de la información. Ahora bien, esa movilización privada, que en particular se ha articulado en torno a la reparación, es bienvenida, pero no puede hacer olvidar a la sociedad que la responsabilidad principal con las víctimas es del Estado y no sólo en tanto garante de los derechos, sino teniendo en cuenta sus implicaciones directas en la ocurrencia de los hechos. Las movilizaciones de solidaridad no pueden salvar la responsabilidad del Estado, sino que por el contrario deben orientarse a apoyar a las víctimas ante las instituciones en la exigencia de verdad, de justicia, de reparación y de garantías de no repetición.

Hay quienes critican la noción misma de posconflicto en la que, por momentos, parecería insertarse la Comisión de la Memoria Histórica. ¿Este tipo de eventos conmemorativos a los que dio lugar el lanzamiento del informe sobre la masacre de El Salado no corren el riesgo de hacer creer que la violencia, desde ese momento, quedó relegada a un pasado que es preciso narrar, pero que no opera en el presente?

Nosotros hemos insistido en que no somos una comisión de la verdad, precisamente porque estamos en medio del conflicto. No alimentamos espejismos sobre el presente. Pero consideramos que nuestro trabajo puede servir a una futura comisión de la verdad. El mejor ejemplo de una situación similar podría ser el de Guatemala: la comisión de Remhi (Recuperación de la Memoria Histórica), muy asociada con la Iglesia, que inició sus trabajos en plena guerra, y sus resultados se encontraron luego con la Comisión de la Verdad creada por el Gobierno, una vez que tomaron cauce firme las negociaciones y los acuerdos de paz. Sería muy injusto con las víctimas y con la sociedad entera que renunciáramos a hacer memoria a la espera de una incierta agenda de negociaciones y a un todavía más incierto final del conflicto. El deber de memoria y el derecho a la verdad no tienen plazos.

¿Cuáles son las dificultades de pensar la memoria en tiempos de guerra?

Son muchas: comencemos por la más importante, la seguridad para las víctimas a la hora de rendir testimonio y después de hacer pública su memoria, que puede ser en gran medida una denuncia. Pero sigamos también con los propios investigadores. Hay lugares a los cuales no podemos llegar o en los cuales los plazos para el trabajo son perentorios. Otra dificultad mayor de hacer memoria en medio del conflicto es el limitado compromiso de las fuerzas políticas y de las instituciones con los resultados y recomendaciones de la investigación.

¿Y qué concepto le merece la propuesta de la Corte de crear una comisión de la verdad?

El tema viene agitándose desde hace algún tiempo en Colombia e incluso hay varias publicaciones. Es un debate saludable. Revela un moderado optimismo sobre el futuro inmediato del país. Sin embargo, me inquieta algo a lo que también se refiere la Corte en su decisión con preocupación: la parcelación de la verdad. La Comisión propuesta por la Corte, en el escenario de los procesos que se adelantan en el marco de la Ley de Justicia y Paz, sería una comisión con un tema específico, la verdad histórica sobre el paramilitarismo. En la Ley de Víctimas se propone una Comisión de la Verdad de Tierras y seguramente dentro de esta misma lógica vendría luego una Comisión de la Verdad sobre la insurgencia. Esta es una atomización peligrosa de la naturaleza del conflicto. Paramilitarismo, insurgencia y tierras, para hablar sólo de estos, son elementos interconectados de una misma dinámica. Quisiera pensar más bien en una sola comisión de la verdad con varias unidades especializadas.

La recomendación  de la Corte Suprema

Con el propósito de lograr que Colombia se ciña a los pactos internacionales de cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, en casos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, la Corte Suprema de Justicia emitió una histórica providencia en la que le recomienda al Gobierno Nacional la creación de una comisión de la verdad.

Organizaciones de víctimas, representantes del Estado e investigadores sociales han constituido las comisiones de la verdad en países como Chile, Argentina, Perú y Guatemala. En Colombia, sin embargo, no se comenzaría de cero. Según la Corte Suprema, la comisión podría inspirarse, aunque con mayor amplitud de miras y complementación con el proceso judicial, en el trabajo que viene adelantando el grupo de Memoria Histórica de la CNRR, cuyos informes publicados acerca de las masacres de Trujillo (Valle) y El Salado (municipio de El Carmen de Bolívar) serían un ejemplo que bien vale la pena replicar.

El viernes pasado finalizó la segunda Semana por la Memoria, evento organizado por el grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. El balance de las actividades, entre las que se destacan la entrega del informe La masacre de El Salado. Esa guerra no era nuestra, el documento Recordar y narrar. Herramientas para reconstruir memoria histórica y el estudio sobre Despojo de tierras y territorios. Aproximación global es bastante satisfactorio.

 Acudieron al corregimiento de El Salado no menos de 400 personas que presenciaron la entrega formal del documento en el que se reconstruyen los violentos hechos ocurridos entre el 16 y el 21 de febrero de 2000 cuando los paramilitares se ensañaron con la población. En otros escenarios, como Montería, Cartagena y Bogotá, el apoyo a los conversatorios confirma que el trabajo realizado tuvo un impacto real y fue recibido con interés. Aunque tardío, hubo incluso espacio para que el Estado colombiano asumiera públicamente su responsabilidad.

De cara a las preguntas que aún suscita el escurridizo tema de la memoria y sus relaciones con el conflicto actual, el director de la Comisión de Memoria Histórica, Gonzalo Sánchez, conversó con El Espectador.

¿Qué opinión le merece la campaña de apoyo que ha recibido el grupo de Memoria Histórica de parte de algunos medios de comunicación?

El apoyo de los medios es crucial para la generación de una conciencia ciudadana amplia sobre la realidad de la violencia que enfrentó, o mejor aún, enfrenta el país. Y es que en gran medida el despertar de la rutinización de la violencia en la que hemos caído, la formación de una mirada crítica sobre lo sucedido depende de los medios y el manejo de la información. Ahora bien, esa movilización privada, que en particular se ha articulado en torno a la reparación, es bienvenida, pero no puede hacer olvidar a la sociedad que la responsabilidad principal con las víctimas es del Estado y no sólo en tanto garante de los derechos, sino teniendo en cuenta sus implicaciones directas en la ocurrencia de los hechos. Las movilizaciones de solidaridad no pueden salvar la responsabilidad del Estado, sino que por el contrario deben orientarse a apoyar a las víctimas ante las instituciones en la exigencia de verdad, de justicia, de reparación y de garantías de no repetición.

Hay quienes critican la noción misma de posconflicto en la que, por momentos, parecería insertarse la Comisión de la Memoria Histórica. ¿Este tipo de eventos conmemorativos a los que dio lugar el lanzamiento del informe sobre la masacre de El Salado no corren el riesgo de hacer creer que la violencia, desde ese momento, quedó relegada a un pasado que es preciso narrar, pero que no opera en el presente?

Nosotros hemos insistido en que no somos una comisión de la verdad, precisamente porque estamos en medio del conflicto. No alimentamos espejismos sobre el presente. Pero consideramos que nuestro trabajo puede servir a una futura comisión de la verdad. El mejor ejemplo de una situación similar podría ser el de Guatemala: la comisión de Remhi (Recuperación de la Memoria Histórica), muy asociada con la Iglesia, que inició sus trabajos en plena guerra, y sus resultados se encontraron luego con la Comisión de la Verdad creada por el Gobierno, una vez que tomaron cauce firme las negociaciones y los acuerdos de paz. Sería muy injusto con las víctimas y con la sociedad entera que renunciáramos a hacer memoria a la espera de una incierta agenda de negociaciones y a un todavía más incierto final del conflicto. El deber de memoria y el derecho a la verdad no tienen plazos.

¿Cuáles son las dificultades de pensar la memoria en tiempos de guerra?

Son muchas: comencemos por la más importante, la seguridad para las víctimas a la hora de rendir testimonio y después de hacer pública su memoria, que puede ser en gran medida una denuncia. Pero sigamos también con los propios investigadores. Hay lugares a los cuales no podemos llegar o en los cuales los plazos para el trabajo son perentorios. Otra dificultad mayor de hacer memoria en medio del conflicto es el limitado compromiso de las fuerzas políticas y de las instituciones con los resultados y recomendaciones de la investigación.

¿Y qué concepto le merece la propuesta de la Corte de crear una comisión de la verdad?

El tema viene agitándose desde hace algún tiempo en Colombia e incluso hay varias publicaciones. Es un debate saludable. Revela un moderado optimismo sobre el futuro inmediato del país. Sin embargo, me inquieta algo a lo que también se refiere la Corte en su decisión con preocupación: la parcelación de la verdad. La Comisión propuesta por la Corte, en el escenario de los procesos que se adelantan en el marco de la Ley de Justicia y Paz, sería una comisión con un tema específico, la verdad histórica sobre el paramilitarismo. En la Ley de Víctimas se propone una Comisión de la Verdad de Tierras y seguramente dentro de esta misma lógica vendría luego una Comisión de la Verdad sobre la insurgencia. Esta es una atomización peligrosa de la naturaleza del conflicto. Paramilitarismo, insurgencia y tierras, para hablar sólo de estos, son elementos interconectados de una misma dinámica. Quisiera pensar más bien en una sola comisión de la verdad con varias unidades especializadas.

La recomendación  de la Corte Suprema

Con el propósito de lograr que Colombia se ciña a los pactos internacionales de cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, en casos de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, la Corte Suprema de Justicia emitió una histórica providencia en la que le recomienda al Gobierno Nacional la creación de una comisión de la verdad.

Organizaciones de víctimas, representantes del Estado e investigadores sociales han constituido las comisiones de la verdad en países como Chile, Argentina, Perú y Guatemala. En Colombia, sin embargo, no se comenzaría de cero. Según la Corte Suprema, la comisión podría inspirarse, aunque con mayor amplitud de miras y complementación con el proceso judicial, en el trabajo que viene adelantando el grupo de Memoria Histórica de la CNRR, cuyos informes publicados acerca de las masacres de Trujillo (Valle) y El Salado (municipio de El Carmen de Bolívar) serían un ejemplo que bien vale la pena replicar.