“No tendremos paz con un crecimiento económico ilegal”: voces desde el Catatumbo

La región el Catatumbo está compuesto por once municipios que han sido golpeados por el conflicto armado.

Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

El Catatumbo, en Norte de Santander, es una zona gravemente afectada por el conflicto armado. A un mes de que termine este año, las noticias registraron por lo menos 21 masacres en un territorio que también fue escenario de cruentos enfrentamientos entre el Eln y el Epl, entre 2017 y 2020. Sus tierras aún son explotadas por guerrillas y empresas atraídas por el petróleo y el carbón, dejando una huella ambiental irresoluble.

(Le sugerimos leer: Wade Davis: las diferencias entre coca y cocaína)

Tildada como una región “maldita” por su riqueza en recursos medioambientales, el Catatumbo está compuesto por once municipios de Norte de Santander. El Gobierno Nacional estima que en las entrañas de la región hay 17 millones de barriles de reservas de petróleo sin explorar, al tiempo que ha sido una de las regiones productoras de coca más importantes del país, en donde los grupos ilegales obtienen una significativa fuente de ingresos proveniente de la venta de hidrocarburos y coca.

En ese contexto surgieron conflictos socioambientales que afectan a las comunidades de la zona por la contaminación de los ríos, el desplazamiento forzado y las masacres por las luchas de poder entre grupos ilegales, entre otros. De hecho, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha determinado que la naturaleza ha sido una “víctima silenciosa” del conflicto armado.

Yesid Ortega, politólogo e investigador del CINEP, dice que la minería de hidrocarburos es una de las primeras formas en que el Estado colombiano empieza a incorporar a la región del Catatumbo. “Este es un territorio en donde conviven la coca, el monocultivo de palma y la extracción petrolera y carbón. Todos estos se mueven entre legalidad e ilegalidad, la regularidad o la irregularidad y, en cierta medida, podrían llegar a ser funcionales a ciertos grupos armados”, comenta el investigador.

El conflicto armado tendría un profundo impacto por los daños causados al medio ambiente, pues las guerrillas atacaban los tubos de los oleoductos como forma de protesta: “El tubo que servía para transportar crudo, especialmente a la altura de Teorama, históricamente sufría embates de grupos guerrilleros, especialmente del Eln, que es un repertorio que ellos usan para mostrar la crítica frente al modelo de extracción petrolera, jodiéndose en la gente y jodiéndose en el río, porque cada vez que estallas el tubo se genera una alta contaminación”, expone Ortega.

En su informe Conflicto violento y deterioro ambiental en el Catatumbo, el politólogo e investigador Andrés Felipe Aponte revela que “los actores armados recaudan impuestos de la minería del carbón y las tarifas dependen de la cantidad extraída. Dependiendo de la calidad, cada tonelada tiene un valor entre $100.000 y $300.000 (US$27 a US$81, respectivamente). Los pagos por extorsión rondan los $1.000 a $2.000 (27 a 54 centavos de dólar) por tonelada”, se lee en el documento.

“No podemos crear paz con un crecimiento económico ilegal que afecta a las comunidades”, advierte Alba Luz Trigos, fundadora de la Red de Mujeres del Catatumbo y defensora de derechos humanos, quien añade que los grupos ilegales han reemplazado las ganancias que antes tenían en coca por el extractivismo y la comercialización del carbón en el sector.

Llama la atención por la explotación minera que se registra en el área metropolitana de Cúcuta y los sectores de Palmarito, hacia el municipio del Zulia. “Si bien algunas minas cuentan con sus respectivos permisos, como no hay un control total de lo que se extrae ahí, también se ve acechado por la inversión ilegal”, explica Trigos.

Otro efecto nefasto para el medio ambiente, desencadenado por la minería del carbón, se produce por el uso de dinamita para horadar túneles, lo que destruye los suelos y causa que el agua se escape a niveles más profundos, dañando su calidad y secando las fuentes hídricas. Además, “la minería del carbón causa deforestación, por la demanda de vigas de madera para construir túneles”, destaca Aponte.

Un punto de vista que se complementa con el análisis de Yesid Ortega, quien asegura que hubo una promoción y un respaldo a la extracción petrolera por parte del Estado, que ha significado para el país una respuesta militar en función de cuidar la industria petrolera. “La minería no ha desaparecido, ha sufrido transformaciones. Además, ha sido parte del conflicto armado en la región y de los daños al medio ambiente”.

(Le puede interesar: Wade Davis: la historia de la coca es la historia de los Andes)

Resguardos indígenas

Irene Dora, líder indígena del resguardo de Catalaura, del municipio de Tibú —zona con una extensión de 13.300 hectáreas donde habitan 300 personas, que representarían a 80 familias—, afirma que el daño por parte de grupos que buscan explotar la zona es cotidiano. “La explotación minera afecta la salud de nuestro resguardo, incide en la desnutrición de los niños y adolescentes, mientras para los mayores de edad, que ya tienen sus defensas bajas, este impacto ambiental los ha afectado”.

Cuenta Irene que la presencia de grupos ilegales impiden que las personas del resguardo de Catalaura descansen con tranquilidad, pues deben vigilar lo que ocurre en la zona. “Ya no vivimos en paz porque debemos estar pendientes de qué pasa, qué va a venir. No puedo relajarme, descansar ni ir a pescar tranquilamente”.

Como colofón de lo que ocurre en el Catatumbo, Alba Luz Trigos afirma: “Es problemático el desorden con el que se desarrolla la explotación, sin ningún control ni ninguna regulación por parte de la Corporación Autónoma Regional, las autoridades locales, el Estado, el Gobierno Nacional ni nadie. Se vuelve un país de Sodoma y Gomorra, donde nadie regula ni controla. Todo el mundo hace lo que quiere”.

Y en ese entorno adverso, los catatumbenses no desfallecen y están a la expectativa de la paz total planteada por el gobierno Petro.