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La deuda histórica que tiene el Estado colombiano con los cerca de 500.000 habitantes de Buenaventura no aguanta una postergación adicional. La deuda social se refleja en los constantes homicidios, desplazamientos y violaciones de derechos humanos que hoy son el pan de cada día en ese municipio. Tras el recrudecimiento de la violencia que hoy azota a las comunidades, los ojos del país se vuelcan hacia allá. Al llamado de varias organizaciones y líderes sociales y políticos, se suma la advertencia de la Consultoría para Derechos Humanos y Desplazamiento, Codhes, que hoy detalla los reflejos de la violencia.
Respecto a los desplazamiento, CODHES tiene registros recientes desde el día 4 de febrero de 2021, cuando se reportó el desplazamiento masivo de 30 familias de los barrios Juan XXIII, Litoral, Caguán, El Otoño, La Unión y Buenos Aires, a raíz de los enfrentamientos constantes que allí están ocurriendo entre las bandas Los Shotas y Los Espartanos, dos facciones en disputa dentro de la banda la Local.
Datos que están confirmados desde la Personería municipal, quienes en sus censos dan cuenta de 45 familias desplazadas del barrio San Francisco que corresponden a 583 personas, 25 familias desplazadas del barrio Juan XXIII que corresponden a 223 personas y 12 familias desplazadas en el Barrio Rockefeller, que suman 50 personas.
“Los hechos de esta semana son muestra de que la situación no ha mejorado. Del 1 al 7 de enero, 18 familias fueron desplazadas del barrio Pampalinda y para el 18 de enero esta cifra se incrementó a 55 familias procedentes de otros barrios aledaños. En enero se reportó el asesinato de 25 personas, cifra que podría ser mayor si se consideran los casos de personas desaparecidas y relatos acerca de otras asesinadas y que jamás fueron reportadas”, explica Codhes en un documento.
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En medio de este desalentador panorama, para Codhes una de las poblaciones más expuestas son los jóvenes. “Nos preocupa el impacto de la violencia en los jóvenes quienes por su precaria situación social y económica están especialmente vulnerables al reclutamiento, uso y utilización por parte de los grupos armados en sus estrategias por el control territorial”, sostiene esa entidad. Por ejemplo, el 15 de enero de 2021, habitantes del barrio Alberto Lleras Camargo denunciaron la desaparición de 3 jóvenes que se movilizaban con destino hacia Chocó.
El llamado de Codhes es a que los Gobiernos nacional y local, a las instituciones y a la comunidad internacional para responder de manera urgente a esta situación.
Puntualmente hacen un llamado a los miembros de los grupos armados a respetar la vida de los habitantes de Buenaventura, especialmente a aquellos cuyas familias se encuentran entre las víctimas del conflicto armado; A las instituciones competentes garantizar las vías efectivas de participación comunitarias en la implementación del Acuerdo de Paz. Se suma la solicitud al Gobierno, al Congreso, actores internacionales y sociedad civil, a apoyar la iniciativa “Acuerdo Humanitario Ya” hacia la paz territorial impulsada desde los pueblos étnicos del Pacifico colombiano.
A la alcaldía distrital a actualizar el Plan de Protección y Prevención Distrital, garantizando la plena participación de las comunidades y organizaciones en dicho proceso, en particular para fortalecer las medidas de protección colectiva e individual para los líderes y lideresas sociales desde un enfoque étnico y territorial, así como las rutas de acciones y respuestas inmediatas ante las situaciones urgentes, entre otras peticiones.
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