Con motivo de los 20 años que cumple la tutela como instrumento que dio voz a la ciudadanía para reclamar sus derechos fundamentales, consagrada en el artículo 86 de la Carta Política de 1991, desde el lunes y hasta hoy se realiza el Primer Encuentro Nacional de Beneficiarios y Defensores de la Tutela. Diversos sectores presentaron balances y reflexiones sobre el papel de este mecanismo en las últimas dos décadas y se decidió la creación de la Red Nacional de Defensores de la Tutela, así como la forma de debatir su futuro en relación con las reformas a la justicia y a la salud.
Aunque más de 50% de las tutelas que se presentan anualmente en el país están encaminadas a reclamar el derecho a la salud, esta acción judicial también se presenta en los más diversos ámbitos y sirve, según José Cuesta, subdirector para la promoción de la participación ciudadana del Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal (IDPAC), para dar a conocer los abusos del poder en sus diferentes formas y los factores sociales como la discriminación y el racismo que, a pesar de la Constitución, siguen impidiendo el ejercicio de los derechos de minorías como los afrodescendientes, los indígenas y el sector de lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas e intersexuales (LGBTI), entre otras.
Cuesta afirmó que al ser un factor regulador de la justicia en las ‘emergencias sociológicas’, la tutela también funciona como instrumento pedagógico “enseñando sobre la diferencia abismal entre las leyes y la realidad que viven los ciudadanos de a pie”.
Si bien las dos décadas de vida de la tutela son calificadas desde todos los ámbitos como un logro en la democracia nacional, ahora este ejercicio se enfrenta a las reformas a la salud y a la justicia.
El primer ejercicio de la Red Nacional de Defensores de la Tutela, creada durante el actual encuentro por beneficiarios y defensores de la tutela provenientes de todos los rincones del país, será interponer una acción popular de inconstitucionalidad contra el principio de sostenibilidad fiscal que se contempla dentro de la reforma a la salud, aprobada por el presidente Juan Manuel Santos el pasado viernes.
El director ejecutivo de la Fundación Acción 13, Jaime Ospina, explica que con el principio de sostenibilidad fiscal, el Estado le pone un tope a la inversión en salud, por tanto los jueces estarían obligados a fallar de acuerdo con los recursos destinados a este servicio y no a la plena garantía de los derechos fundamentales. “Al reclamar un medicamento no incluido en el Plan Obligatorio de Salud, por ejemplo, el juez no puede fallar ateniéndose al derecho a la salud y a la vida, sino que tiene que hacerlo de acuerdo con los recursos disponibles. Esto podría calificarse como inconstitucional, porque al limitar los recursos también se restringe el derecho fundamental a la salud y a la vida”.
El segundo punto en la agenda de la nueva Red Nacional es la reforma a la justicia, que será radicada el próximo 20 de julio en el Congreso de la República, y sobre la cual el ministro de Interior y Justicia, Germán Vargas Lleras, ha indicado que pretende reglamentar la acción de tutela frente a sentencias judiciales, pero no restringir la oportunidad de los ciudadanos de interponer acciones judiciales, sino el procedimiento de las providencias judiciales una vez interpuesta la tutela.
Frente a esto, José Cuesta afirmó que la Red Nacional responderá una vez se aclaren las diferencias que la reforma ha generado entre los representantes de la rama judicial y se analice detalladamente, e insistió en que “el valor de la tutela consiste en reivindicar el poder del ciudadano” y que limitarlo o restringirlo con condiciones técnicas y jurídicas, por ejemplo al exigir para su trámite la participación de un abogado, sería enajenarlo de la órbita ciudadana, poner un instrumento que pertenece a la población civil del lado del Estado.