Así lo aseveró Jesús Albeiro Parra, párroco de Quibdó, donde no cesan las denuncias de extorsiones, “limpieza social”, restricción de movilización, reclutamientos, préstamos gota a gota con altos intereses y amenazas para la personas pobres, así como captación de recursos por medio de actividades ilícitas.
Tres años después de la desmovilización del bloque Élmer Cárdenas de las Auc (cuyos focos de acciones delictivas eran Antioquia y Chocó), el conflicto se perpetúa con armas de otro “calibre”. Un número sin determinar de desmovilizados se rearmó y hoy delinque bajo los nombres ‘Los Rastrojos’ (dirigido por alias Pérez) y ‘Águilas Negras’ (a cargo de alias Raúl). Según la Brigada de Selva 15 del Ejército, también operan en el Chocó los frentes 34, 57 y Aurelio Rodríguez de las Farc, y Manuel Hernández y Cimarrón del Eln.
Para la Defensoría del Pueblo, la Fuerza Pública también comete vejámenes porque, como dicen sus informes, la comunidad ha denunciado que uniformados hacen uso indebido de bienes civiles y maltratan física y psicológicamente a la comunidad acusándola de colaborar con la guerrilla.
El interés de los actores armados al margen de la ley en este territorio radica en su riqueza natural, ya que se pueden explotar madera, petróleo y minas de oro y platino; además de ser un corredor que desemboca en dos mares, “ideal” para el tráfico de droga, gasolina y armas.
De acuerdo con los testimonios de habitantes, organizaciones no gubernamentales y autoridades estatales, en las zonas bañadas por el río Atrato, las Farc se concentran en las zonas rurales de las cuencas del río y los paramilitares en los cascos urbanos vestidos de civiles. La población sabe quiénes les están robando su tranquilidad, pero no se atreven a denunciar porque no tienen garantías de reserva de identidad ni de protección en caso de represalias.