A las 10:00 a.m. del pasado lunes, mientras el superintendente de Salud, Gustavo Morales, les informaba a los medios de comunicación que a partir de ahora las 152 clínicas y hospitales del grupo Saludcoop serían administradas por el Gobierno, unos 20 funcionarios de esta entidad ingresaban a las oficinas principales de la institución que agrupa a todos estos centros de salud (Corporación IPS Saludcoop), para tomar posesión de ellas.
La decisión de intervenir esta corporación empezó a fraguarse hace por lo menos un año, cuando la Supersalud recibió una queja sobre una paciente menor de edad que no había sido remitida con la prontitud que se necesitaba. Esa queja llevó a una serie de visitas realizadas entre el 9 y el 17 de abril pasado y al desarrollo de una investigación que concluyó que en esta IPS se presenta “fallas reiteradas” en la atención a sus usuarios y en sus estados financieros.
Ayer el gerente de la Corporación IPS Saludcoop, los miembros de la junta directiva y el revisor fiscal fueron separados de sus cargos. Desde ahora, y por lo menos durante cinco meses, la entidad será manejada por el Gobierno, a través Juan Carlos Uribe Aristizábal, médico anestesiólogo con amplia experiencia en cargos administrativos y gerenciales, quien fue nombrado como interventor.
Las 152 clínicas y hospitales que hoy están en manos del Estado atienden a cerca de siete millones de pacientes de las tres EPS del grupo Saludcoop: Cafesalud, Cruz Blanca y una más que lleva el mismo nombre de Saludcoop. Ésta última, desde hace tres años es manejada también por el Gobierno, que decidió intervenirla por sus malos manejos financieros.
Los hallazgos
La lista de irregularidades que encontraron los funcionarios de la Supersalud en las visitas que realizaron a la IPS es larga: ausencia de contratos con las EPS, deficiencias en el proceso de facturación, inconsistencias en su situación financiera y contable, reiteradas fallas en la prestación de los servicios, emtre otras.
Pero éstas son apenas las generalidades. Si se mira en detalle el informe de la Supersalud, se lee, por ejemplo, que sus “posibles pérdidas” en 2013 llegaron a unos $12.996 millones. Se describe también que en 2012 los pasivos de la empresa (deudas) equivalían al 98,44% de los activos totales, “generando riesgo en la prestación de los servicios de salud”.
Más hallazgos: el informe señala que la corporación no realiza, previamente a la vinculación del personal médico, “la revisión de los requisitos legales de formación y entrenamiento por instituciones reconocidas por el Estado”; afirma que a pesar de tener “capacidad instalada”, ha disminuido la prestación de sus servicios (las cirugías cardiovasculares han caído 12%, los servicios ambulatorios 19%, las urgencias 6%); sostiene que desde marzo de 2012 no se actualizan los contratos entre las clínicas y hospitales y las tres EPS a las que les prestan sus servicios, y que no existen tampoco contratos de arrendamiento para la infraestructura física y los equipos biomédicos de las 152 sedes.
La Supersalud les dio un parte de tranquilidad a los usuarios. Explicó que los centros de salud no dejarán de atenderlos y que esperan que teniendo en su poder el manejo de las clínicas y hospitales, se “mejoren las condiciones de prestación”.
El efecto de las intervenciones
Con esta decisión que acaba de tomar, la Supersalud busca lanzar un salvavidas para las clínicas y hospitales del Grupo Saludcoop. Con el mismo objetivo, el Gobierno ordenó en 2011 intervenir la EPS Saludcoop (una de las tres EPS del grupo) y tomar la dirección de la empresa, luego de encontrar un sinnúmero de irregularidades administrativas y financieras en una inspección.
Tres años después, sin embargo, pareciera que todos los problemas de fondo siguen sin resolverse. Un informe conocido por El Espectador denuncia que son muchas, repetitivas y graves las fallas en las que esta empresa incurre. El documento fue elaborado con base en una auditoría interna de 2013, realizada por Audieps Ltda., y fue enviado hace menos de un mes al presidente Juan Manuel Santos; al ministro de Salud, Alejandro Gaviria; al superintendente de Salud, Gustavo Morales, y al defensor del Pueblo, Jorge Otálora.
En esas hojas se lee un reclamo directo contra el agente interventor de Saludcoop, Guillermo Grosso, a quien señalan de hacer “caso omiso de los informes de auditoría”, teniendo en cuenta sobre todo —dicen los denunciantes— que “la situación llegó a niveles críticos en 2013”: Saludcoop recibió 380.259 quejas (internamente son llamadas solicitudes de mejoramiento), que aumentaron un 16% frente a 2012. El año pasado se recibieron 26.779 tutelas y el 52% eran por servicios incluidos en el POS. Cada semana, en promedio, 3.000 pacientes de urgencias fueron atendidos en los pasillos.
Hay un dato de la denuncia, no obstante, que llama la atención: Audieps le pertenece en un 93% a Saludcoop. El mismo documento así lo advierte. “La empresa está asociada a los antiguos administradores de la EPS, obviamente ahí hay un interés: deslegitimar la intervención del Gobierno. Eso no quiere decir que el informe diga mentiras o esté equivocado, puede que mucho sea cierto, pero cabe preguntarse qué agenda hay detrás”, respondió el superintendente Morales al ser cuestionado sobre este tema.
El alto funcionario aseguró que, de todas maneras, “eso es secundario frente los problemas que sin duda tiene Saludcoop”, problemas “heredados” por dificultades financieras y administrativas. “No quiere decir que no haya mucho por mejorar; también vamos a evaluar con detalle los hallazgos de esa auditoría”, agregó Morales.