“No hay salud, no hay conectividad, no hay interconexión eléctrica. Todo va encaminado por parte del Gobierno a echarle la culpa al conflicto, cuando realmente la culpa también es de ellos. Si hacemos un análisis de todo lo que hemos vivido durante los últimos 80 años, ha sido un abandono sistemático. El Gobierno ha creído que la presencia de ellos en los territorios es la fuerza pública”, es el testimonio de Elizabeth Moreno, presidenta del Consejo Comunitario del Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH), en el Medio San Juan, y quien pide una intervención real por parte del presidente Iván Duque.
El llamado de la lideresa se suma al que hizo este miércoles el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, durante la rueda de prensa de la décima Mesa por la vida, que tuvo como eje central la situación del departamento del Chocó: “las cifras no mienten, es la realidad de lo que está viviendo el departamento. Solo esta semana hubo seis muertes violentas en Quibdó, por la guerra de las bandas criminales. Confinamiento en Bojayá y el Alto Baudó, confinamientos unidos a tantos fenómenos sociales que están en evolución por cuenta de la pandemia”.
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Y es que la percepción desde las comunidades es que la violencia en el departamento se ha convertido en un asunto sin mayor relevancia para el Gobierno Nacional. En ese departamento las comunidades que habitan en los 30 municipios viven luchando con la pobreza y con el control de los grupos armados, en especial, el que ejerce el Ejército de Liberación Nacional (ELN). De hecho, el mismo Procurador dice que “el verdadero fortín del Eln es el departamento del Chocó. Lo que obliga a desplazar toda la institucionalidad para concretar acciones contundentes". Para Elizabeth Moreno, el mayor anhelo es vivir en un territorio en paz, libre de violencia: “por eso le pedimos al presidente Iván Duque que se siente a dialogar con el Eln, pues nosotros somos los más perjudicados con la violencia”.
“Estamos en un escenario de recrudecimiento de la guerra. entre estas organizaciones criminales. A eso se le suma la desigualdad y la pobreza que ha generado la pandemia. Las masacres más recientes pasan en el Chocó. La crisis social humanitaria de grandes proporciones, donde hay grupos de líderes y lideresas tratando de reivindicar derechos pero sometidos al terror de las bandas criminales”, cuenta Carrillo, quien concuerda con lo que exigen las comunidades. “A veces se buscan estrategias que no van con la cultura nuestra. Pedimos intervención pero en forma de producción y de sostenibilidad económica. No hay oportunidad de empleos. La gente se tiene que armar de resiliencia para permanecer en los territorios. La única manera de sostenerse es cultivando coca y con la actividad minera”, explica Elizabeth Moreno.
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Entre los puntos expuestos por el procurador Carrillo está que el Gobierno Nacional, por ejemplo, firmó cinco acuerdos colectivos con 7.500 familias, de la cuales a ninguna ha individualizado dichos acuerdos, generando rechazo de las personas, por lo que muchas retornaron a las actividades.
“En el tema de la sustitución de cultivos ilícitos la subregión del San Juan no ha tenido esta oportunidad, porque a pesar de que algunas comunidades hicieron y firmaron un acuerdo voluntario todo eso se quedó en papel y no se tuvo esa fijación del Gobierno de hacer una implementación de la sustitución”, dice Elizabeth Moreno.
Desde las comunidades perciben que tienen más apoyo y atención de la cooperación internacional que del Gobierno colombiano. “La presencia y acción del Estado es la militarización, donde realmente con la presencia de los grupos en territorios se generan combates en medio de las comunidades, Los que están pagando el costo de la guerra es la población civil”, agrega Moreno.
De acuerdo con la Personería de Chocó, en 2020 cerca de 14.000 personas han sido víctimas de confinamiento por enfrentamiento de grupos armados. “En esta situación tan particular que estamos viviendo, queremos reiterar que nuestro compromiso con los defensores de derechos humanos es una de las prioridades en Colombia. Ellos son la voz de las comunidades y ejemplo para las nuevas generaciones. Esperamos que sirva a las comunidades chocoanas las alertas tempranas de la Defensoría”, dijo en su intervención Larry Sacks, director de La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
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Las comunidades indígenas, ubicadas en el río Atrato, Baudó y San Juan, están en corredores estratégicos. Por esa razón, los territorios han sido ocupados por grupos ilegales. Por ejemplo, en el bajo Atrato levaban conviviendo desde hace más de 60 años con las Farc, territorios que ahora se disputa el Eln y el Clan del Golfo. Por la amenaza inminente de los derechos de las comunidades, la Defensoría encendió las alarmas por desplazamientos masivos de 450 personas de siete comunidades indígenas Emberá, en el Alto Baudó.
“Con el Acuerdo de Paz llegó un momento para descansar nuestros territorios. Teníamos esa alegría de poder movilizarnos en los territorios, pero llegaron los grupos ilegales que hicieron el reemplazo. Los consejos comunitarios que compartimos los resguardos indígenas, son compartido con los grupos ilegales, que llegan a hacer los negocios y a pelear las rutas. Tenemos esos resguardos como motines de guerras”, manifiesta Arquímedes Carpio, representante de la Mesa de pueblos indígenas del Chocó.
El procurador Carillo calificó como una tragedia social lo que está viviendo el departamento del chocó, por lo que lo notifica en alerta roja: “este país no se puede permitir el lujo de seguir matando a sus líderes. Hay una historia triste de los incumplimientos del Estado, todos aceleradores de la problemática de este departamento que parece que poco le interesa al resto del país. Debemos ejecutar acciones inmediatamente”.