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Un llamado de alerta lanzó esta semana la Ong venezolana FundaRedes al denunciar la crisis de seguridad que se registra en varios estados del vecino país por cuenta de la presencia de grupos armados ilegales colombianos que operan en ese territorio.
A través de un informe, que fue entregado al embajador en Colombia, Humberto Calderón Berti, la organización presentó un análisis del seguimiento hecho -entre septiembre de 2017 y diciembre de 2018- a la actuación de grupos irregulares y a los casos de violaciones de carácter estructural, sistemático y generalizado en estados ubicados en la zona de frontera entre Venezuela y Colombia.
"El abandono y la ausencia de las instancias del Estado han llevado a que la protección de la incursión de los grupos armados en las comunidades fronterizas sea cada vez más difícil, por ello la sensación de seguridad en los pobladores es cada vez menor. Mientras la inseguridad aumenta, obtener información sobre estos grupos armados irregulares es bastante complicado por el miedo a represalias hacia ellos y sus familias", detalla el documento.
De acuerdo con la Ong, las indagaciones hechas en terreno dan cuenta de que por lo menos 15.000 venezolanos hacen parte de las estructuras de grupos como el Eln y las disidencias de las Farc que ejercen labores de control en las zonas de frontera y se mueven entre ambos países: "Investigaciones realizadas por FundaRedes, así como entrevistas a víctimas e informaciones oficiales del gobierno colombiano, han permitido constatar que grupos irregulares armados que delinquen en los departamentos limítrofes, como son el Frente Domingo Laín del Eln y las disidencias de las Farc con las subestructuras de los Frentes 1 y 28 se han dedicado a reclutar de manera forzosa a migrantes que huyen a pie de la crisis en Venezuela a través de la frontera".
El accionar de estas estructuras ha derivado en el aumento de casos de extorsiones, secuestros y tráfico de drogas en zonas en las que además hay disputas entre los distintos grupos armados. Con un elemento adicional: denuncian que en algunos casos los ilegales actúan bajo la misma protección de las autoridades venezolanas.
Para FundaRedes un ejemplo claro de este fenómeno es lo que sucede con los programas de alimentación. La Ong sostiene que, gracias a testimonios recolectados en 39 municipios venezolanos de los estados de Apure, Zulia, Táchira, Bolívar y Amazonas, pudieron constatar la existencia de casos en los que la entrega de alimentos del programa social Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) es realizada por miembros del Eln.
"Como mujer soltera me toca buscar ese apoyo de alimentación para darle de comer a mis hijos por la crisis que estamos viviendo, pero vemos con preocupación que, desde hace unos meses, la guerrilla colombiana del Eln es la que está distribuyendo las cajas de comida en la frontera, y casi obligando a escuchar la emisora de radio de ellos. La entrega la hacen dos veces al mes o cada 22 días, llegan en carros del gobierno de Venezuela, a uno no le parece que sea lo correcto porque debería ser el gobierno el que esté repartiendo esos alimentos, pero uno lo acepta por necesidad", dice un testimonio recopilado en el informe.
A eso se suma que, según la fundación, en 2018 obtuvieron imágenes que confirmarían que guerrilleros del Eln han ingresado a centros educativos venezolanos de los estados de Apure, Amazonas, Barinas, Bolívar, Táchira y Zulia, para participar incluso en actividades lúdicas con los estudiantes. "Entre los meses de mayo y julio de 2018 Funda Redes llevó adelante una investigación que tomó una muestra de 6.23% del total de los centros educativos del país, que suman 24.402 planteles, y buscó recoger la información mediante preguntas cerradas las cuales plantearon de forma idéntica a cada encuestado en entrevistas cara a cara con directivos, coordinadores o docentes.
Pero el Eln no es la única preocupación de las organizaciones sociales. El informe hace referencia a una nueva amenaza que se cierne sobre los habitantes de los municipios en los estados de Táchira, Apure y Zulia: el surgimiento de un nuevo grupo armado de la disidencia de las Farc denominado Colectivo de Seguridad Fronteriza.
"De acuerdo con testimonios de habitantes de la frontera, esta nueva organización "actúa públicamente y sus miembros exhiben armas largas sin ningún recato a fin de llevar a cabo actividades delictivas como extorsión a productores agropecuarios, comerciantes, amedrentamiento e intimidación a la población, desaparición de personas, enfrentamientos con otras bandas o agrupaciones por el control del territorio, contrabando de combustible, alimentos, trata de personas, microtráfico, narcotráfico, tráfico ilegal de minerales preciosos, entre otras actuaciones".
A comienzos de mayo el presidente Iván Duque se refirió al tema de los grupos ilegales en la zona de frontera y aseguró que es el mismo presidente Nicolás Maduro el que "está estimulando al Eln para que reclute niños en la frontera venezolana con Colombia y para que produzca actos criminales".
El presidente Duque reveló entonces que las denuncias sobre la situación serían llevadas por el Canciller colombiano ante el Grupo de Lima y sostuvo que el Gobierno ha venido exponiendo el fenómeno desde hace meses. "Los grandes cabecillas del Eln están allá, Maduro les ha venido dando armamento, dinero y apoyo desde hace varios años", señaló.