Este jueves 23 de mayo fue presentado en Cúcuta el Informe Anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un documento que recoge varias observaciones del organismo, basadas en 1.300 misiones que realizó en todo el país durante el 2018.
¿Por qué hay crisis de derechos humanos en el Catatumbo?
De acuerdo con la ONU, Norte de Santander es uno de los departamentos más afectados por la oleada de violencia que se está registrando en el país. Allí se registraron el año pasado 18 asesinatos de defensores de derechos humanos, de los cuales 10 ocurrieron en la subregión del Catatumbo. Hubo 13.000 personas desplazadas y al menos 37 resultaron heridas en actos criminales.
Uno de los casos sobre los que la ONU llama la atención es el de Henry Pérez Ramírez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Tocha Ganadera, en el municipio de Tibú, y quien se encuentra desaparecido desde el 26 de enero de 2016.
El informe revela que el 93% de los homicidios ocurridos en el país y a los que se les hizo seguimiento, se dieron en zonas donde la presencia del estado es débil o inexistente, como ocurre en el Catatumbo.
Las personas que trabajan como líderes comunales, miembros de organizaciones sociales, personeros o funcionarios de la Defensoría, son quienes tienen mayor riesgo de recibir acciones en su contra por parte de grupos criminales.
“El 66% de los asesinatos de defensores y defensoras estaría relacionado con la denuncia u oposición al accionar criminal, a los efectos de la violencia a niveles endémicos que afecta a la población en general o a el apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz, y más concretamente a la sustitución de los cultivos ilícitos”, explica el documento.
Ante las amenazas a los defensores de derechos humanos, la respuesta estatal es ineficiente. El informe explica que “las medidas de protección otorgadas a los defensores y defensoras no respondían a los riesgos y complejidades del contexto en el que estos desempeñaban su labor”.
Un ejemplo es el caso de Alirio Antonio Arenas Gómez, presidente del Consejo Municipal de Convención, y líder comunal de la vereda San Isidro, quien fue asesinado en septiembre de 2018. Arenas ya había denunciado amenazas en su contra, pero hubo retrasos por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el otorgamiento del esquema de seguridad.
De acuerdo con el organismo, los esquemas de seguridad no siempre son eficientes y se han registrado casos en los que las personas protegidas se quedan sin vehículos mientras estos son llevados a mantenimiento. Además, muchas veces los carros que se brindan no son adecuados para las condiciones de las carreteras por donde se movilizan los defensores de derechos. En el Catatumbo hubo un caso de un líder que se quedó cuatro veces en el año sin vehículo.
La ONU explica que entre los presuntos responsables de los ataques están el Eln, el Epl, antiguos miembros de estructuras paramilitares y de la guerrilla de las Farc, individuos no afiliados a algún grupo criminal o grupo armado ilegal, miembros de la fuerza pública y personas por determinar.