El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Valledupar con funciones de conocimiento ordenó que sea enviado a prisión el exalcalde del municipio de Codazzi, Efraín Quintero Mendoza, investigado por presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en ese municipio en 2015.
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Tanto Mendoza como Raúl Casimiro Bermúdez, exsecretario de Educación de Codazzi, tenían detención domiciliaria, pero está fue revocada para ambos, pues el juez de conocimiento también solicitó que Bermúdez fuese enviado a la cárcel. Con relación a Linda Navarro Hernández, contratista y también implicada en el caso, el fiscal 12 seccional le dictaminó seguir con la detención domiciliaria.
Los tres fueron señalados como responsables de los delitos de celebración de contrato sin el lleno de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.
Los hallazgos de la Contraloría
El ente de control denunció que encontró sobrecostos en la ejecución de los contratos luego de que aparentemente el municipio de Codazzi realizara un estudio de mercado deficiente que careció de una estructuración del precio de las raciones en el que no señalaban de dónde salían los valores para determinar el valor final de las raciones de alimentos.La Contraloría hizo dos hallazgos fiscales de $453 millones con relación a los recursos del PAE y otro por $230 millones en el Programa de Atención Integral para la Primera Infancia. Estos contratos fueron suscritos por Quintero Mendoza durante su periodo como alcalde en 2015.
El 30 de enero de 2015, Quintero firmó un contrato con la Fundación de Programas Prevención y Nutrición Provenir para que esta se encargara de entregar las raciones alimentarias en Codazzi. El contrato tenía un valor de $418 millones, pero, según la Contraloría, sus precios por ración superaban los previstos por la Gobernación. Lo que habría presentado un sobrecosto por $111 millones.
Además, el 5 de junio de 2015, el exmandatario suscribió un contrato por $1.226 millones con el Consorcio Alimentación Escolar 2015, para que este implementara el PAE en las instituciones oficiales del municipio.
Por esto, la Contraloría encontró dos irregularidades: la primera era que la Alcaldía no habría tenido en cuenta la cantidad de días en los que se debió entregar las raciones de alimentos en los colegios. La segunda fue que incluyeron instituciones que no habían sido contempladas originalmente. Entonces, el detrimento habría sido por $341 millones.