El Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ordenó el cierre durante diez días del Johnny Cay Regional Park, dándole cumplimiento a las medidas cautelares solicitadas por la Procuraduría General de la Nación en abril pasado.
En ese entonces, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales solicitó “la adopción de medidas para garantizar la seguridad, salubridad, medio ambiente sano y la reevaluación del régimen de turistas y de las actividades comerciales realizadas dentro de esta área protegida”.
Además, el tribunal ordenó a la Corporación Coralina, la máxima autoridad ambiental en el archipiélago, realizar capacitaciones sobre el cuidado de los baños y de las trampas de grasa en el cayo. También tendrá la tarea de “tomar las medidas necesarias para la conservación de las especies y del medio ambiente”.
Por su parte, la Secretaría de Salud tendrá que “llevar a cabo jornadas de visita de inspección, capacitación y control sanitario con enfoque de riesgo a los establecimientos de alimentos y bebidas; además de verificar el cumplimiento de todos los requisitos sanitarios de los establecimientos para su debido funcionamiento”.
La sentencia dictada por el tribunal explica que “el cierre del parque se llevará a cabo diez días hábiles después de notificada esta providencia para que las autoridades administrativas concernidas tengan la oportunidad de llevar a cabo todas las diligencias administrativas que correspondan para el debido cumplimiento de estas órdenes”.