Un ciudadano demandó la elección del gobernador de Arauca, Freddy Forero, para el período constitucional 2008 - 2011. Cuando se inscribió como candidato, iba por el partido Cambio Radical "manifestando no estar incurso en inhabilidades".
Sin embargo el demandante argumentó que "el Dr. Freddy Forero, en calidad de apoderado especial del Consorcio Paquetes Escolares 2006, intervino en el proceso licitatorio LI-SE-097-2006 Adquisición de Paquetes Escolares para las Instituciones y Centros Educativos del Departamento de Arauca, en particular en la audiencia de apertura del sobre No. 2 del 25 de octubre de 2006 y en la audiencia de adjudicación realizada en las instalaciones de la gobernación, presidida por el Gobernador Dr. Julio Enrique Acosta".
Posteriormente, en diciembre de 2006, el entonces gobernador del departamento, Julio Enrique Acosta, adjudicó el contrato al Consorcio Paquetes Escolares 2006, por un valor de más de $2 mil millones.
La demanda indicaba que "no podía inscribirse ni ser elegido Gobernador de Arauca, puesto que intervino en la gestión del negocio que culminó con la celebración del contrato 351 del 15 de noviembre de 2006. La inhabilidad se genera para el demandado desde su misma inscripción".
En primera instancia el Tribunal Administrativo de Arauca se declaró inhibido para proferir una sentencia en las pretensiones de nulidad. Después de presentar un detallado informe de por qué ese tribunal no podía declararse inhibido, la Sección Quinta del Consejo de Estado enviará copias de un aparte de la sentencia al Consejo Superior de la Judicatura "a efecto de que se determine si los Magistrados Luis Ramón Giraldo y Wilson Arcila, incurrieron en alguna conducta disciplinable o no".
Freddy Forero será entonces el nuevo ex gobernador del departamento de Arauca, por haber sido elegido "estando incurso en la causal de inhabilidad del numeral 4 del artículo 30 de la Ley 617 de 2000", es decir, la celebración de un contrato con la gobernación del mismo departamento al que aspiró políticamente.
El tribunal no hace claridad sobre lo que debe hacer el departamento ahora, pero compulsa copias a "Presidencia de la República, al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para los fines pertinentes".