Organizaciones de DD.HH. alertan sobre peligros de minería en el Bajo Cauca antioqueño

El último informe publicado por la Fundación Sumapaz, la Corporación Colombia-Europa-Estados Unidos y la Corporación Jurídica Libertad, denunció que a diferencia de lo que plantea el Gobierno Nacional sobre el conflicto armado en el Bajo Cauca antioqueño, los problemas de la zona no se ciñen únicamente al narcotráfico sino a la imposición de megaproyectos extractivistas de minería ilegal que ha llevado a que se generen disputas territoriales. 

De acuerdo con las entidades, existen 47 grandes títulos mineros que han llevado a la concentración de tierras para la explotación en la región. "Aunque el gobierno sostiene que en Antioquia se hace minería responsable, y que perseguir a los informales es una manera de asegurar que no se contaminen las fuentes hídricas, en mayo de 2018, la empresa Mineros S.A, fue denunciada por las comunidades de Nechí y El Bagre, por causar una mortandad de peces, en el río Nechí, que afectó la actividad de pesca y soberanía alimentaria de los habitantes", dice en el documento.

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El informe recuerda que de la región del Bajo Cauca antioqueño se extrae el 60 % del oro de Antioquia y el 30 % de la plata.

Además, el informe señala que según la Encuesta de Calidad de Vida del departamento, el índice de necesidades básicas insatisfechas es superior al 60 % y la cuota de pobreza es del 30,6 %, por lo que el alto nivel de vulnerabilidad ha conllevado a que las familias y la comunidad se dediquen a la siembra de coca por la necesidad de aumentar sus ingresos económicos y también por la presión que ejercen los grupos armados. 

Aunque la problemática por los cultivos ilícitos se podría solucionar con el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos y los programas de desarrollo con Enfoque Territorial del Gobierno Nacional, estos programas aún no han sido implementados en la región.

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Finalmente, el documento hace un llamado al Gobierno a que reconozca la existencia de la crisis humanitaria en el Bajo Cauca antioqueño y a que se "cumplan de manera íntegra la implementación de los Acuerdos de Paz pactados entre el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las Farc, como esencia fundamental en la consolidación y fortalecimiento de la construcción de la paz estable, duradera y la democracia en el país".

El último informe publicado por la Fundación Sumapaz, la Corporación Colombia-Europa-Estados Unidos y la Corporación Jurídica Libertad, denunció que a diferencia de lo que plantea el Gobierno Nacional sobre el conflicto armado en el Bajo Cauca antioqueño, los problemas de la zona no se ciñen únicamente al narcotráfico sino a la imposición de megaproyectos extractivistas de minería ilegal que ha llevado a que se generen disputas territoriales. 

De acuerdo con las entidades, existen 47 grandes títulos mineros que han llevado a la concentración de tierras para la explotación en la región. "Aunque el gobierno sostiene que en Antioquia se hace minería responsable, y que perseguir a los informales es una manera de asegurar que no se contaminen las fuentes hídricas, en mayo de 2018, la empresa Mineros S.A, fue denunciada por las comunidades de Nechí y El Bagre, por causar una mortandad de peces, en el río Nechí, que afectó la actividad de pesca y soberanía alimentaria de los habitantes", dice en el documento.

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Además, el informe señala que según la Encuesta de Calidad de Vida del departamento, el índice de necesidades básicas insatisfechas es superior al 60 % y la cuota de pobreza es del 30,6 %, por lo que el alto nivel de vulnerabilidad ha conllevado a que las familias y la comunidad se dediquen a la siembra de coca por la necesidad de aumentar sus ingresos económicos y también por la presión que ejercen los grupos armados. 

Aunque la problemática por los cultivos ilícitos se podría solucionar con el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos y los programas de desarrollo con Enfoque Territorial del Gobierno Nacional, estos programas aún no han sido implementados en la región.

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Finalmente, el documento hace un llamado al Gobierno a que reconozca la existencia de la crisis humanitaria en el Bajo Cauca antioqueño y a que se "cumplan de manera íntegra la implementación de los Acuerdos de Paz pactados entre el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las Farc, como esencia fundamental en la consolidación y fortalecimiento de la construcción de la paz estable, duradera y la democracia en el país".