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Los indígenas pastos y quillacingas, que llevan más de 500 años habitando las tierras que hoy hacen parte del departamento de Nariño, en el sur del país, otrora sembradores de algodón y más recientemente víctimas del desplazamiento por la violencia y el abandono estatal, fueron los primeros entre los grupos de labriegos que hicieron parte del paro nacional agrario en alcanzar un acuerdo con el gobierno de Juan Manuel Santos. Lo hicieron ayer en Ipiales, ante una comitiva encabezada por el ministro del Interior, Fernando Carrillo, y lo ratificaron al suscribir un acta en la que, a cambio del desbloqueo de las principales vías, el Ejecutivo se compromete a comprar 40 mil litros diarios de leche a los productores nariñenses durante los próximos quince meses. Esa era una de las demandas de los habitantes de la región, para quienes la ganadería hace mucho dejó de ser un negocio.
Una problemática que no padecen sólo los nariñenses, tal y como lo pusieron en evidencia las imágenes de los lecheros caldenses transmitidas ayer por Noticias Caracol. Sólo en Manizales fueron tirados a la calle 500 litros de leche. Fuera de que la producción no es rentable, el paro nacional y los consecuentes bloqueos a las vías del país impidieron la oportuna llegada de los camiones recolectores a las fincas y por ello los campesinos no tuvieron más remedio que derramar su producto porque donarlo sin pasteurizar pondría en riesgo la salud pública. Por eso el acuerdo de compra del producto a los nariñenses resuelve el problema más urgente, pero no soluciona el de fondo, que en realidad será tratado desde el 12 de septiembre en la mesa nacional que el Ejecutivo integrará con los voceros de la protesta, con miras a construir lo que el presidente Santos ha llamado un Gran Pacto Agrario.
El citado pacto requiere, según el Gobierno, que “estén los campesinos, los indígenas, los empresarios, el Congreso y expertos en desarrollo rural”, reconoció el propio presidente, quien en la tarde de ayer estuvo en Pasto protocolizando los acuerdos alcanzados en Ipiales y anunciándole al país que éstos “no son de papel”. Resaltó que el pacto incluye acciones en materia de salud, educación y vías terciarias.
De Ipiales también salió, según el ministro Carrillo, la solicitud de crear esa mesa regional agraria. Fueron los pueblos pastos y quillacingas los que hicieron la propuesta, que hoy se abre paso”. Después de este primer diagnóstico vendrá la formulación de acciones concretas, como la construcción de proyectos de ley y una revisión del presupuesto para el campo en los próximos años.
Por ahora, según el vocero del movimiento Dignidad Papera, César Pachón, uno de los puntos más complicados para continuar los diálogos con el Gobierno —tras la orden de suspender los bloqueos en las carreteras— será el de los acuerdos de libre comercio que suscribió Colombia con la Unión Europea y Estados Unidos. El líder agrario señaló que “se busca la protección a productos como el fríjol y la leche, entre otros”. La papa y la cebolla también son consideradas alimentos sensibles ante el libre comercio. El meollo de esta discusión es que los TLC vigentes no pueden ser modificados. Lo que sí puede hacer Colombia es invocar las salvaguardas para activar mecanismos de protección a determinados sectores de la economía nacional cuando la llegada masiva de importaciones amenace con destruirlos.
Algo parecido a lo que ocurre con productos como la papa, aunque las cifras oficiales de comercio entre Colombia y EE.UU. señalan que la afectación a los productores colombianos en este caso particular no es consecuencia del TLC, sino más bien a las distorsiones del mercado producidas por flagelos como el contrabando. Nariño es, precisamente, uno de los principales puntos de llegada de papa de contrabando al país, en su gran mayoría procedente de Ecuador.
Al mismo tiempo, representantes de la Mesa Agraria Nacional de Interlocución y Acuerdo le reclaman al Gobierno que no está negociando con ellos, por lo que mantendrán las obstrucciones viales que protagonizan.
Rafael Mejía López, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia , expresó que hemos venido trabajando y el país necesita una política agraria de Estado. Hay mesas de trabajo sobre regulación y seguridad jurídica, competitividad y costos de producción, institucionalidad y asistencia técnica”, concluyó, y agregó que procesos como la ley de baldíos, otra de competitividad y un proyecto de desarrollo rural son algunas bases del pacto al que está convocando el Gobierno.