¿Paramilitares recargados?

Mientras avanza el debate de control político sobre las bacrim, ha vuelto la polémica sobre la naturaleza y la magnitud de esas estructuras armadas ilegales. Aunque han sido objeto de varias investigaciones y múltiples análisis, aún falta claridad sobre su naturaleza, sus motivaciones y su accionar para establecer los riesgos que representan y la estrategia para combatirlas.

“Bandas criminales”, “herederos de los paramilitares”, “neoparamilitares”... La ambigüedad y la multiplicidad de los términos utilizados reflejan cierta dificultad para describir el fenómeno. Sin embargo, la discusión no es puramente semántica, pues tiene implicaciones operativas, políticas y jurídicas.

¿En qué se diferencian esas estructuras armadas de los anteriores grupos paramilitares? ¿Son simplemente bandas o redes criminales armadas dispersas y desarticuladas, o estructuras armadas en proceso de (re)agrupación o (re)concentración?

Aunque la filiación con los antiguos grupos paramilitares es evidente tanto en sus estructuras y composición como en su modus operandi, esos grupos posdesmovilización parecen, sin embargo, haber cambiado de lógica y de naturaleza.

El primer cambio importante es conocido y ha sido discutido, pero vale la pena tratar de explicarlo nuevamente: los grupos que quedaron o se reconformaron después de la desmovilización formal de los grupos paramilitares ya no son grupos de autodefensa, ni contrainsurgentes. Este argumento ha sido debatido porque, como se sabe, y aunque tuvieron lugar enfrentamientos entre las Farc y los paramilitares en varias regiones del país, la confrontación armada se desarrolló principalmente de manera indirecta masacrando, amenazando y desplazando a la población civil. Sin embargo, creados oficialmente con la justificación de combatir la guerrilla, los grupos paramilitares se convirtieron rápidamente en “enemigos complementarios” de esa última. Necesitaban a la guerrilla para justificar su existencia, y ésta necesitaba a los paramilitares para poder, entre otras cosas, seguir justificando su lucha contra los gobiernos de turno.

Ese concepto de “enemigos complementarios” no es nuevo, pero es importante porque, con el debilitamiento de las Farc, las Auc empezaron lógicamente a perder su utilidad y su razón de ser como grupos contrainsurgentes, y la desmovilización de las Auc terminó ese proceso de transformación. Las estructuras armadas ilegales que se quedaron y reconformaron ya no eran antagónicas ni enemigas de las guerrillas, sino competidores o adversarios para la producción y comercialización de la coca y la captación ilegal de otros recursos. No es que la complementariedad entre ambos actores desapareció, sino que de una lógica de diferencia se pasó a una lógica de competencia. Ya no eran grupos que buscaban “(re)fundar la patria”, sino estructuras criminales casi exclusivamente orientadas hacia el narcotráfico y otros intereses privados.

El segundo cambio es que, a diferencia de la relación de cooperación y división de labores que tuvieron las autodefensas con unidades de la Fuerza Pública, las estructuras armadas ilegales posdesmovilización ya no son tampoco etimológicamente hablando grupos “para-militares”. Hoy en día, procuran más bien infiltrarlas, para obtener información sobre los operativos previstos contra ellas, así como sobre las acciones planeadas por grupos enemigos; e incluso, para contar con su colaboración ante enfrentamientos con otros grupos, tal y como sucedió con los carteles de droga en los años 80. Esas estructuras siguen siendo contratadas por algunos sectores que buscan “limpiar” las ciudades de los delincuentes o regular los conflictos sociales de manera violenta para mantener el statu quo. Sin embargo, ya no son grupos paramilitares, sino más bien grupos armados mafiosos o mafias en armas, que tienen vínculos o relaciones menos estratégicas y más comerciales o mercantiles con individuos de la Fuerza Pública.

El tercer cambio tiene que ver con que las estructuras armadas ilegales posdesmovilización ya no parecen tener mucho interés en ni capacidad para influir en política, y la clase política ya no tiene necesidad de recurrir a esas estructuras armadas ilegales para conseguir votos.

En los años 90 y 2000, las colusiones de ciertas élites locales, regionales y nacionales con el paramilitarismo terminaron “barbarizando” a esas élites: no sólo se acomodaron al contexto en el cual actuaban los actores armados ilegales para seguir vigentes, sino que los paramilitares se convirtieron en la guardia pretoriana de esas élites o en sus “bárbaros de servicio” para hacer el trabajo sucio. Una vez sembrado el terror y los oponentes eliminados, se produjo el fenómeno contrario, el del “aburguesamiento de los bárbaros”. Los paramilitares empezaron a buscar consolidar sus influencias y legalizar, legitimar e institucionalizar su poder acumulado, bien sea por la vía electoral u otras actividades de proselitismo político, o tratando de volverse o transformarse en empresarios respetables.

Hoy en día, sin embargo, los nuevos jefes de esas “bandas” no buscan tanto aburguesarse, sino sólo enriquecerse. Aunque siguen teniendo relaciones con políticos locales, ya no parecen interesados en la política en sí misma. No les importa tanto quién detenta el poder, mientras puedan lograr desarrollar sus actividades ilícitas a través de presiones y amenazas o gracias a su infiltración en las instituciones. Es más, mientras antes la sociedad colombiana no era sólo una víctima del paramilitarismo sino que el paramilitarismo nació y creció dentro de la sociedad colombiana, hoy en día, llámense bandas criminales u otros nombres, esas estructuras armadas ilegales no están integradas en la sociedad, no tienen mucho apoyo, aunque sea de manera tácita, de diferentes sectores de la sociedad —o por lo menos todavía no—, lo cual hace que el aburguesamiento de sus líderes sea también más difícil.

Por otro lado, la clase política, que en el pasado recurrió a algunas estructuras armadas ilegales para asegurar su caudal electoral a través de constreñimientos a la población o mediante fraude y compra de votos, parece haberse adaptado a las nuevas condiciones que ha impuesto el escándalo de la parapolítica. La clase política local y regional tiene hoy en día sus maquinarias y redes clientelistas listas, sin necesitar tanto como en el pasado ninguna acción coercitiva para asegurarse votos. Además, como el control de la población por parte de esas estructuras armadas ilegales se ha vuelto más atomizado y más incierto, los pocos casos que en elecciones recientes recurrieron a la coerción y a presiones para conseguir votos no fueron muy exitosos.

La fase de recomposición y/o reorganización de las estructuras armadas ilegales que emergieron durante las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las Auc y los procesos de desarme y desmovilización, entre 2003 y 2006, no ha terminado todavía. Si bien han aumentado las capturas de sus miembros por parte de la Fuerza Pública, éstas han mostrado una gran capacidad de regeneración y de reorganización, y las iniciativas de diálogo con algunos de sus líderes, como en Medellín y Montería, son objeto de críticas por plantear más preguntas que respuestas.

Algunos consideran que estaríamos en una fase de reagrupación y de aprendizaje paramilitar de esas estructuras. Sin embargo, todavía es prematuro llegar a tal conclusión. Primero, una cosa es que estas estructuras se reagrupen hasta que queden solamente dos o tres en el país, y otra, que quieran y logren conformar una nueva confederación. Segundo, aunque todavía no está claro si estamos ante una repetición de las interacciones entre la clase política y los paramilitares, esta vez con las estructuras armadas posdesmovilización, o si el accionar de estas estructuras se concentra hoy en día en actividades principalmente mafiosas para las cuales no importa quién detente el poder, es claro que hemos pasado de una lógica de conflicto a una lógica de depredación. En este sentido, las elecciones locales de octubre de este año van a ser clave para apreciar mejor el grado de politización de esas estructuras armadas ilegales. Y aunque es muy probable que asistamos a un retorno de los actores primarios o tradicionales con compra de votos, no es tan evidente que esas estructuras busquen influir sistemáticamente en el resultado de los próximos comicios. Ni meras bandas criminales, ni paramilitares recargados. Como decía el padre de la química moderna, Lavoisier, “nada se pierde, nada se crea, todo se transforma”.

* Frédéric Massé es codirector del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de la Universidad Externado de Colombia y coordinador del área de DDR del Observatorio Internacional sobre DDR y Justicia y Paz del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax).

Para ver infografía sobre el demonte paramilitar y el nacimiento de las bacrim, clic aquí

Mientras avanza el debate de control político sobre las bacrim, ha vuelto la polémica sobre la naturaleza y la magnitud de esas estructuras armadas ilegales. Aunque han sido objeto de varias investigaciones y múltiples análisis, aún falta claridad sobre su naturaleza, sus motivaciones y su accionar para establecer los riesgos que representan y la estrategia para combatirlas.

“Bandas criminales”, “herederos de los paramilitares”, “neoparamilitares”... La ambigüedad y la multiplicidad de los términos utilizados reflejan cierta dificultad para describir el fenómeno. Sin embargo, la discusión no es puramente semántica, pues tiene implicaciones operativas, políticas y jurídicas.

¿En qué se diferencian esas estructuras armadas de los anteriores grupos paramilitares? ¿Son simplemente bandas o redes criminales armadas dispersas y desarticuladas, o estructuras armadas en proceso de (re)agrupación o (re)concentración?

Aunque la filiación con los antiguos grupos paramilitares es evidente tanto en sus estructuras y composición como en su modus operandi, esos grupos posdesmovilización parecen, sin embargo, haber cambiado de lógica y de naturaleza.

El primer cambio importante es conocido y ha sido discutido, pero vale la pena tratar de explicarlo nuevamente: los grupos que quedaron o se reconformaron después de la desmovilización formal de los grupos paramilitares ya no son grupos de autodefensa, ni contrainsurgentes. Este argumento ha sido debatido porque, como se sabe, y aunque tuvieron lugar enfrentamientos entre las Farc y los paramilitares en varias regiones del país, la confrontación armada se desarrolló principalmente de manera indirecta masacrando, amenazando y desplazando a la población civil. Sin embargo, creados oficialmente con la justificación de combatir la guerrilla, los grupos paramilitares se convirtieron rápidamente en “enemigos complementarios” de esa última. Necesitaban a la guerrilla para justificar su existencia, y ésta necesitaba a los paramilitares para poder, entre otras cosas, seguir justificando su lucha contra los gobiernos de turno.

Ese concepto de “enemigos complementarios” no es nuevo, pero es importante porque, con el debilitamiento de las Farc, las Auc empezaron lógicamente a perder su utilidad y su razón de ser como grupos contrainsurgentes, y la desmovilización de las Auc terminó ese proceso de transformación. Las estructuras armadas ilegales que se quedaron y reconformaron ya no eran antagónicas ni enemigas de las guerrillas, sino competidores o adversarios para la producción y comercialización de la coca y la captación ilegal de otros recursos. No es que la complementariedad entre ambos actores desapareció, sino que de una lógica de diferencia se pasó a una lógica de competencia. Ya no eran grupos que buscaban “(re)fundar la patria”, sino estructuras criminales casi exclusivamente orientadas hacia el narcotráfico y otros intereses privados.

El segundo cambio es que, a diferencia de la relación de cooperación y división de labores que tuvieron las autodefensas con unidades de la Fuerza Pública, las estructuras armadas ilegales posdesmovilización ya no son tampoco etimológicamente hablando grupos “para-militares”. Hoy en día, procuran más bien infiltrarlas, para obtener información sobre los operativos previstos contra ellas, así como sobre las acciones planeadas por grupos enemigos; e incluso, para contar con su colaboración ante enfrentamientos con otros grupos, tal y como sucedió con los carteles de droga en los años 80. Esas estructuras siguen siendo contratadas por algunos sectores que buscan “limpiar” las ciudades de los delincuentes o regular los conflictos sociales de manera violenta para mantener el statu quo. Sin embargo, ya no son grupos paramilitares, sino más bien grupos armados mafiosos o mafias en armas, que tienen vínculos o relaciones menos estratégicas y más comerciales o mercantiles con individuos de la Fuerza Pública.

El tercer cambio tiene que ver con que las estructuras armadas ilegales posdesmovilización ya no parecen tener mucho interés en ni capacidad para influir en política, y la clase política ya no tiene necesidad de recurrir a esas estructuras armadas ilegales para conseguir votos.

En los años 90 y 2000, las colusiones de ciertas élites locales, regionales y nacionales con el paramilitarismo terminaron “barbarizando” a esas élites: no sólo se acomodaron al contexto en el cual actuaban los actores armados ilegales para seguir vigentes, sino que los paramilitares se convirtieron en la guardia pretoriana de esas élites o en sus “bárbaros de servicio” para hacer el trabajo sucio. Una vez sembrado el terror y los oponentes eliminados, se produjo el fenómeno contrario, el del “aburguesamiento de los bárbaros”. Los paramilitares empezaron a buscar consolidar sus influencias y legalizar, legitimar e institucionalizar su poder acumulado, bien sea por la vía electoral u otras actividades de proselitismo político, o tratando de volverse o transformarse en empresarios respetables.

Hoy en día, sin embargo, los nuevos jefes de esas “bandas” no buscan tanto aburguesarse, sino sólo enriquecerse. Aunque siguen teniendo relaciones con políticos locales, ya no parecen interesados en la política en sí misma. No les importa tanto quién detenta el poder, mientras puedan lograr desarrollar sus actividades ilícitas a través de presiones y amenazas o gracias a su infiltración en las instituciones. Es más, mientras antes la sociedad colombiana no era sólo una víctima del paramilitarismo sino que el paramilitarismo nació y creció dentro de la sociedad colombiana, hoy en día, llámense bandas criminales u otros nombres, esas estructuras armadas ilegales no están integradas en la sociedad, no tienen mucho apoyo, aunque sea de manera tácita, de diferentes sectores de la sociedad —o por lo menos todavía no—, lo cual hace que el aburguesamiento de sus líderes sea también más difícil.

Por otro lado, la clase política, que en el pasado recurrió a algunas estructuras armadas ilegales para asegurar su caudal electoral a través de constreñimientos a la población o mediante fraude y compra de votos, parece haberse adaptado a las nuevas condiciones que ha impuesto el escándalo de la parapolítica. La clase política local y regional tiene hoy en día sus maquinarias y redes clientelistas listas, sin necesitar tanto como en el pasado ninguna acción coercitiva para asegurarse votos. Además, como el control de la población por parte de esas estructuras armadas ilegales se ha vuelto más atomizado y más incierto, los pocos casos que en elecciones recientes recurrieron a la coerción y a presiones para conseguir votos no fueron muy exitosos.

La fase de recomposición y/o reorganización de las estructuras armadas ilegales que emergieron durante las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las Auc y los procesos de desarme y desmovilización, entre 2003 y 2006, no ha terminado todavía. Si bien han aumentado las capturas de sus miembros por parte de la Fuerza Pública, éstas han mostrado una gran capacidad de regeneración y de reorganización, y las iniciativas de diálogo con algunos de sus líderes, como en Medellín y Montería, son objeto de críticas por plantear más preguntas que respuestas.

Algunos consideran que estaríamos en una fase de reagrupación y de aprendizaje paramilitar de esas estructuras. Sin embargo, todavía es prematuro llegar a tal conclusión. Primero, una cosa es que estas estructuras se reagrupen hasta que queden solamente dos o tres en el país, y otra, que quieran y logren conformar una nueva confederación. Segundo, aunque todavía no está claro si estamos ante una repetición de las interacciones entre la clase política y los paramilitares, esta vez con las estructuras armadas posdesmovilización, o si el accionar de estas estructuras se concentra hoy en día en actividades principalmente mafiosas para las cuales no importa quién detente el poder, es claro que hemos pasado de una lógica de conflicto a una lógica de depredación. En este sentido, las elecciones locales de octubre de este año van a ser clave para apreciar mejor el grado de politización de esas estructuras armadas ilegales. Y aunque es muy probable que asistamos a un retorno de los actores primarios o tradicionales con compra de votos, no es tan evidente que esas estructuras busquen influir sistemáticamente en el resultado de los próximos comicios. Ni meras bandas criminales, ni paramilitares recargados. Como decía el padre de la química moderna, Lavoisier, “nada se pierde, nada se crea, todo se transforma”.

* Frédéric Massé es codirector del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de la Universidad Externado de Colombia y coordinador del área de DDR del Observatorio Internacional sobre DDR y Justicia y Paz del Centro Internacional de Toledo para la Paz (CITpax).

Para ver infografía sobre el demonte paramilitar y el nacimiento de las bacrim, clic aquí