Las condiciones eran difíciles. En el aire aún quedaban residuos de gas y aunque los rescatistas ya habían logrado avanzar 800 metros, el camino estaba lleno de obstáculos. Aún faltaban 400 metros para llegar al lugar en donde se encontraban los últimos cuatro cuerpos de los mineros atrapados en el socavón desde la madrugada del miércoles, cuando una explosión en la mina La Preciosa, en el municipio nortesantandereano de Sardinata, los sepultó. Los otros 17 ya habían sido entregados a las autoridades forenses.
Los cinco heridos, entre tanto, eran atendidos ayer en centros asistenciales de Cúcuta, en donde se recuperaban de graves quemaduras. El desfile de altos funcionarios se mantuvo durante todo el día, al tiempo que crecía la sensación de impotencia entre los familiares de los trabajadores que perdieron la vida.
Que el embajador chileno, Gustavo Ayares, ofrece toda su colaboración para que los técnicos de ese país ayuden a abrir paso hacia el sitio en donde estaban los últimos cuatro cadáveres. Que el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, insistía en redoblar los controles a la actividad minera para reducir el riesgo al que se someten quienes optan por laborar en las entrañas de la tierra. Y que el presidente Juan Manuel Santos ordenó desviar su avión hacia Cúcuta para evitar la escala en Bogotá durante su repentino regreso del Foro Económico Mundial, propiciado precisamente por la tragedia de la mina.
No era fácil abrirse camino por entre la mina. Había que evaluar además el peligro para los rescatistas por la presencia de monóxido de carbono, un gas letal para los humanos y cuya acumulación había sido detectada entre el socavón por los trabajadores antes de la explosión del miércoles. ¿Por qué dicha alarma no fue suficiente para evacuar el lugar de manera inmediata? Los socorristas no hallaron explicación.
Fabio Veloza, uno de los sobrevivientes de la tragedia, ayudaría horas después a despejar la inquietud: los mineros no se podían ir del lugar porque para hacerlo requerían de la autorización de un superior que, al parecer, no habría estado presente en los instantes previos a la acumulación de gases.
Pasadas las 3 de la tarde, el equipo de 75 rescatistas, ataviados cada uno con morrales repletos de oxígeno y mascarillas que totalizaban 35 kilos de peso por persona, logró dar con el paradero de los cuatro cuerpos que buscaban. Y las escenas de dolor volvieron a multiplicarse apenas aparecieron con ellos por la bocatoma del túnel.
La única diferencia respecto a lo sucedido hace cuatro años en el mismo lugar eran los rostros de algunos de los protagonistas. Lo demás no ofrecía novedad. La mina operaba de manera legal. La explosión ocurrió en uno de los momentos de mayor afluencia de gente en el socavón. La operadora alegó que cumplió con todos los protocolos de seguridad. Y el Gobierno Nacional anunció severas sanciones para las empresas del sector que no adopten medidas de prevención contra este tipo de accidentes.
También resultaron comunes entre la tragedia de hoy y la de 2007 las advertencias del Ministerio de Minas respecto a sus problemas para poner en cintura a las mineras del país. No hay plata suficiente ni se cuenta con el personal necesario para hacer presencia más cotidiana en las 6.000 minas que operan de manera legal en Colombia. Menos aún para hacerlo en las cerca de 3.000 ilegales que operan en el país, según el viceministro de Minas, Carlos Castaño.
Eso sin contar con que no toda la explotación ilegal en el país es ejecutada por humildes campesinos que carecen de otras formas de sustento, como los de Sardinata. El Ministerio de Defensa tiene documentados casos en los que la extracción de los minerales es controlada de manera directa por grupos ilegales como las Farc. Este diario reveló hace dos semanas que ese grupo armado ilegal controla la explotación de minas de oro en el municipio tolimense de Ataco, actividad con la cual está supliendo la falta de recursos ($6.000 millones mensuales en promedio) ante la imposibilidad de obtenerlos por otras vías, como el secuestro.
Los rescatistas chilenos celebraron con frialdad, no podían hacerlo a la manera de la fiesta que se armó en el desierto de Atacama, en ese país, cuando rescataron a los 33 mineros que estuvieron sepultados durante varios meses como consecuencia de un derrumbe en un socavón.
Allá fueron rescatados con vida. En Sardinata no hubo alternativa distinta a la de recuperar cadáveres que desde ya son nuevos símbolos de las consecuencias de trabajar en una de las actividades más peligrosas del mundo.
El caso de Atacama acaparó la atención mundial. El de Colombia, aunque alcanzó resonancia internacional, no fue tan publicitado más allá del continente. Los mineros que sobrevivieron en Chile se volvieron héroes nacionales y los llevaron a recorrer el mundo para contar su experiencia o discutir sobre los derechos de autor para algún libro. Los de Colombia no sólo perdieron amigos o familiares, sino que también se quedaron sin empleo porque la orden gubernamental de cerrar la mina se cumplió de inmediato. Fueron necesarios cuatro años y tres tragedias para que así ocurriera.
“Un muerto ya es demasiado”: Santos
El presidente Juan Manuel Santos abandonó ayer de forma anticipada el Foro Económico de Davos para viajar a Sardinata y evaluar la situación en la mina La Preciosa.
“Quiero lamentar muchísimo este accidente y esta explosión en la mina de carbón. Nuestro corazón está con las familias de las víctimas, es una tragedia que no ha debido pasar”, señaló.
“Es por eso que voy a dar instrucciones para que se revise minuciosamente toda la regulación y el control en cuanto a las minas que tenemos. El número de (mineros) muertos es totalmente inaceptable”, puntualizó el mandatario.