El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, y la contralora general de la República, Sandra Morelli Rico, le manifestaron al presidente Juan Manuel Santos Calderón su preocupación por la situación actual del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Colombia, pues las dificultades en su ejecución siguen afectando la educación y la alimentación de más de ocho millones de niños, niñas y adolescentes.
En el documento enviado al mandatario, los representantes mencionados señalan que han recibido quejas por parte de entidades territoriales, usuarios y operadores de los contratos debido a la calidad del servicio y las dificultades legales, administrativas, financieras, técnicas y presupuestales que afectan su óptimo desarrollo.
En este sentido, los dos organismo solicitaron la adopción de medidas urgentes para garantizar y priorizar la atención de los usuarios en el país y llevar un control y y seguimiento del PAE. “garantizar la sostenibilidad financiera del programa a través de un plan que incluya la financiación de los gastos”, resalta el documento.
La petición de la Procuraduría y la Contraloría se originaron tras lo manifestado por el reelegido presidente, pues “en su discurso de instalación del nuevo Congreso de la República, el pasado 20 de julio, expresó que uno de los desafíos de su nuevo periodo presidencial es promover el sector educativo para alcanzar los estándares de desarrollo de países similares a Colombia”, agregan los órganos de control.