Piden ante la CIDH continuar la búsqueda de desaparecidos en La Escombrera

Desde el 16 de diciembre de 2015, cuando terminó la primera etapa del proceso de excavación y búsqueda de desaparecidos, permanecen suspendidas las labores de prospección arqueológica en La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, donde se estima que habría un centenar de personas sepultadas por los grupos armados. El caso fue abordado en la mañana de este martes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La diligencia hizo parte del periodo de sesiones número 157 de la Corte, en el que además se examinaron los casos de la periodista colombiana Jineth Bedoya y de la defensora de derechos humanos Jahel Quiroga Carrillo, así como la situación general de derechos humanos en el país.

En lo concerniente a La Escombrera, la representación de las víctimas estuvo a cargo de la Corporación Jurídica Libertad, el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos y el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial, Equitas.

Estas organizaciones argumentaron que la búsqueda de personas desaparecidas en la Comuna 13 no debe limitarse a la excavación, sino que debe tener un plan integral con un proceso investigativo que dé cuenta sobre el fenómeno de la desaparición forzada en esa comuna.

Dicho plan, explicó Diana Arango, directora de Equitas, debería establecer el universo de las personas desaparecidas y las circunstancias que rodearon la desaparición, sistematizar la información judicial y forense, e identificar a las víctimas cuyos cuerpos ya han sido recuperados pero permanecen como no identificados.

Y es que hasta ahora, reveló Bayron Góngora, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, el proceso de búsqueda se ha visto afectado por la desarticulación institucional, la falta de voluntad política para cerrar La Escombrera, y las intervenciones sustentadas en versiones de los desmovilizados más que en investigaciones rigurosas.

En febrero de 2015, relató Góngora, luego de que el exparamilitar Juan Carlos Villa, alias ‘Móvil 8’, identificara tres puntos en los cuales habría cuerpos sepultados, la Fiscalía y la Alcaldía definieron una excavación en el primero de esos sitios, denominado Polígono #1.

Desde el inicio, anotó el jurista, “las organizaciones señalamos nuestra oposición a iniciar un proceso sin tener claridad en los estudios técnicos y forenses que sustentaran dicha intervención. Pensamos que era inconveniente generar expectativas en las víctimas sin tener mayor certeza, pues solo se contó con la declaración de un paramilitar y no fueron analizadas otras pruebas”.

Aun así la intervención se realizó entre el 4 de agosto y el 15 de diciembre de 2015 “sin ningún resultado positivo”, concluyó Góngora.

Por eso, María Víctoria Fallon, abogada del GIDH, presentó a los comisión de la Corte una serie de peticiones solicitando “que se inste al Estado colombiano para que se suspenda de inmediato el arrojo de escombros en los terrenos de La Escombrera y se cancele el permiso de explotación minera en la arenera; que se haga un cerramiento de la zona señalada por las víctimas; que se disponga protección policial permanente; que se apruebe y ponga en marcha el plan integral de búsqueda; que se generen mecanismos que reconozcan el derecho de las víctimas; que se corrija la desarticulación existente entre la justicia ordinaria y la transicional; y que se cree un comité técnico en el que participen todos los fiscales que tienen a su cargo investigaciones por desaparición forzada en la Comuna 13; que se conforme un equipo técnico”.

Gobierno y Alcaldía de Medellín reanudarán el proceso

En representación del Estado colombiano, el embajador, Andrés González, fue contundente en decir que en el caso de La Escombrera el proceso va a continuar, y “se va a adelantar con todos los medios a nuestro alcance; con planeación, recogiendo la experiencia de lo realizado y desde luego con la participación de las víctimas”.

El embajador recordó que la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia ha cobrado gran relevancia a raíz de los diálogos de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, en desarrollo de los cuales se ha decido crear una Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, un tribunal especial que juzgará el delito de desaparición forzada y una Comisión de la Verdad en cuyo mandato estará el esclarecimiento de este fenómeno.

En el mismo sentido se pronunció el consejero presidencial para los derechos humanos, Guillermo Rivera Flórez, quien reveló que esa consejería “está construyendo un convenio con la Secretaría de Inclusión Social de Medellín para apoyar técnicamente este proceso de búsqueda e identificación de personas dadas por desaparecidas en La Escombrera”.

Representado a la Alcaldía de Medellín, Arnulfo Serna, expresó que “la decisión de intervenir uno de los polígonos de La Escombrera buscaba poder encontrar, identificar y entregar los restos de los seres queridos, y con esta acción mitigar, en alguna medida, el dolor padecido por tantos años de incertidumbre”.

Las labores en el Polígono #1 proyectaron la extracción de 24.000 mts3 de tierra y tuvieron un valor cercano a los 350 mil dólares. “En esta primera intervención, pese al abundante material de escombros removidos, solo se encontraron restos óseos que no eran compatibles con la especie humana. También fueron recuperados accesorios, prendas de vestir y un documento de identidad”, agregó el funcionario.

Por su parte, Carlos Villamil, director de Justicia Transicional de la Fiscalía General de Colombia, argumentó en ocasiones anteriores la información entregada por alias ‘Móvil 8’, quien fue cabecilla del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia, había permitido la ubicación y exhumación de cuerpos en el mismo sector de La Escombrera, “danto esto credibilidad a sus versiones”.

El fiscal agregó que “para identificar el lugar de las excavaciones también se tuvieron en cuenta las declaraciones de otros desmovilizados como Jorge Enrique Aguilar Rodríguez, alias ‘Aguilar’, y más de 137 registros contenidos en las bases de datos de la Fiscalía con información suministrada por familiares de las víctimas y testigos”.

Al cruzar esos registros con otras fuentes de información se descubrió que uno de los desaparecidos fue hallado muerto en zona rural de San Pedro de Urabá y otro fue encontrado con vida en la ciudad de Pereira.

“Esto –concluyó Villamil— nos permite indicar que las personas que se señalan como desaparecidas no necesariamente van a ser encontrada en puntos como La Escombrera o la arenera”.

Audiencia generó expectativas entre las víctimas

“La audiencia sobre La Escombrera me pareció muy interesante porque veo que van a continuar, que el proceso no se va a quedar en el aire sino que van a seguir la búsqueda”, expresó María Gloria Holguín, quien busca a su hijo Carlos Torres Holguín, desaparecido el 29 de noviembre del 2002 en la Comuna 13.
Blanca Nidia Pérez Botero, quien busca a su hermano José Robirio Pérez Botero desaparecido el 05 de febrero de 2003 cuando salió a trabajar como vendedor ambulante, también lo cree así. Ella piensa que tanto la audiencia ante la CIDH como los avances en las negociaciones de paz “son un gran paso para seguir la búsqueda en La Escombrera, y no solo ahí sino en los demás sitios donde haya personas enterradas”.

Para ambas víctimas, integrantes de la asociación Mujeres Caminando por la Verdad, estos cuatro meses, desde que se suspendió el proceso de excavación en La Escombrera, han sido de tristeza e incertidumbre por no saber cuándo se reanudará la búsqueda de sus seres queridos.

No obstante, la sesión de la Corte generó nuevas esperanzas entre quienes hace parte de este proceso, expresó la hermana Rosa Cadavid, directora de la Obra Social Madre Laura, que acompaña a la organización Mujeres Caminando por la Verdad.

Para la religiosa, “la audiencia de la CIDH fue muy positiva porque hay compromisos; se generaron muchas expectativas y esperamos que se hagan realidad. Por ejemplo, vimos que por lo menos ya se dice que van a cerrar La Escombrera”.

Y es que las víctimas llevan 14 años pidiendo el cierre de un depósito de escombros administrado por Bioparques S.A. y de una arenera explotada por Construcciones El Cóndor. Pese a la exigencia, ambas empresas continuaron desarrollando sus actividades comerciales en ese lugar, bien sea acumulando escombros sobre los restos de los desaparecidos o removiendo los terrenos donde se supone habría cuerpos sepultados.

Durante todos estos años la lucha de las víctimas y las organizaciones defensoras nunca ha sido fácil y por eso ahora el proceso llega a la justicia internacional, buscando que de esta manera el Estado colombiano avance efectivamente en la búsqueda, exhumación e identificación de las personas desaparecidas en La Comuna 13, pero también que se pueda esclarecer la verdad y se rompa la impunidad que ha existido sobre este caso.

Desde el 16 de diciembre de 2015, cuando terminó la primera etapa del proceso de excavación y búsqueda de desaparecidos, permanecen suspendidas las labores de prospección arqueológica en La Escombrera, en la Comuna 13 de Medellín, donde se estima que habría un centenar de personas sepultadas por los grupos armados. El caso fue abordado en la mañana de este martes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La diligencia hizo parte del periodo de sesiones número 157 de la Corte, en el que además se examinaron los casos de la periodista colombiana Jineth Bedoya y de la defensora de derechos humanos Jahel Quiroga Carrillo, así como la situación general de derechos humanos en el país.

En lo concerniente a La Escombrera, la representación de las víctimas estuvo a cargo de la Corporación Jurídica Libertad, el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos y el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial, Equitas.

Estas organizaciones argumentaron que la búsqueda de personas desaparecidas en la Comuna 13 no debe limitarse a la excavación, sino que debe tener un plan integral con un proceso investigativo que dé cuenta sobre el fenómeno de la desaparición forzada en esa comuna.

Dicho plan, explicó Diana Arango, directora de Equitas, debería establecer el universo de las personas desaparecidas y las circunstancias que rodearon la desaparición, sistematizar la información judicial y forense, e identificar a las víctimas cuyos cuerpos ya han sido recuperados pero permanecen como no identificados.

Y es que hasta ahora, reveló Bayron Góngora, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, el proceso de búsqueda se ha visto afectado por la desarticulación institucional, la falta de voluntad política para cerrar La Escombrera, y las intervenciones sustentadas en versiones de los desmovilizados más que en investigaciones rigurosas.

En febrero de 2015, relató Góngora, luego de que el exparamilitar Juan Carlos Villa, alias ‘Móvil 8’, identificara tres puntos en los cuales habría cuerpos sepultados, la Fiscalía y la Alcaldía definieron una excavación en el primero de esos sitios, denominado Polígono #1.

Desde el inicio, anotó el jurista, “las organizaciones señalamos nuestra oposición a iniciar un proceso sin tener claridad en los estudios técnicos y forenses que sustentaran dicha intervención. Pensamos que era inconveniente generar expectativas en las víctimas sin tener mayor certeza, pues solo se contó con la declaración de un paramilitar y no fueron analizadas otras pruebas”.

Aun así la intervención se realizó entre el 4 de agosto y el 15 de diciembre de 2015 “sin ningún resultado positivo”, concluyó Góngora.

Por eso, María Víctoria Fallon, abogada del GIDH, presentó a los comisión de la Corte una serie de peticiones solicitando “que se inste al Estado colombiano para que se suspenda de inmediato el arrojo de escombros en los terrenos de La Escombrera y se cancele el permiso de explotación minera en la arenera; que se haga un cerramiento de la zona señalada por las víctimas; que se disponga protección policial permanente; que se apruebe y ponga en marcha el plan integral de búsqueda; que se generen mecanismos que reconozcan el derecho de las víctimas; que se corrija la desarticulación existente entre la justicia ordinaria y la transicional; y que se cree un comité técnico en el que participen todos los fiscales que tienen a su cargo investigaciones por desaparición forzada en la Comuna 13; que se conforme un equipo técnico”.

Gobierno y Alcaldía de Medellín reanudarán el proceso

En representación del Estado colombiano, el embajador, Andrés González, fue contundente en decir que en el caso de La Escombrera el proceso va a continuar, y “se va a adelantar con todos los medios a nuestro alcance; con planeación, recogiendo la experiencia de lo realizado y desde luego con la participación de las víctimas”.

El embajador recordó que la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia ha cobrado gran relevancia a raíz de los diálogos de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, en desarrollo de los cuales se ha decido crear una Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, un tribunal especial que juzgará el delito de desaparición forzada y una Comisión de la Verdad en cuyo mandato estará el esclarecimiento de este fenómeno.

En el mismo sentido se pronunció el consejero presidencial para los derechos humanos, Guillermo Rivera Flórez, quien reveló que esa consejería “está construyendo un convenio con la Secretaría de Inclusión Social de Medellín para apoyar técnicamente este proceso de búsqueda e identificación de personas dadas por desaparecidas en La Escombrera”.

Representado a la Alcaldía de Medellín, Arnulfo Serna, expresó que “la decisión de intervenir uno de los polígonos de La Escombrera buscaba poder encontrar, identificar y entregar los restos de los seres queridos, y con esta acción mitigar, en alguna medida, el dolor padecido por tantos años de incertidumbre”.

Las labores en el Polígono #1 proyectaron la extracción de 24.000 mts3 de tierra y tuvieron un valor cercano a los 350 mil dólares. “En esta primera intervención, pese al abundante material de escombros removidos, solo se encontraron restos óseos que no eran compatibles con la especie humana. También fueron recuperados accesorios, prendas de vestir y un documento de identidad”, agregó el funcionario.

Por su parte, Carlos Villamil, director de Justicia Transicional de la Fiscalía General de Colombia, argumentó en ocasiones anteriores la información entregada por alias ‘Móvil 8’, quien fue cabecilla del bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia, había permitido la ubicación y exhumación de cuerpos en el mismo sector de La Escombrera, “danto esto credibilidad a sus versiones”.

El fiscal agregó que “para identificar el lugar de las excavaciones también se tuvieron en cuenta las declaraciones de otros desmovilizados como Jorge Enrique Aguilar Rodríguez, alias ‘Aguilar’, y más de 137 registros contenidos en las bases de datos de la Fiscalía con información suministrada por familiares de las víctimas y testigos”.

Al cruzar esos registros con otras fuentes de información se descubrió que uno de los desaparecidos fue hallado muerto en zona rural de San Pedro de Urabá y otro fue encontrado con vida en la ciudad de Pereira.

“Esto –concluyó Villamil— nos permite indicar que las personas que se señalan como desaparecidas no necesariamente van a ser encontrada en puntos como La Escombrera o la arenera”.

Audiencia generó expectativas entre las víctimas

“La audiencia sobre La Escombrera me pareció muy interesante porque veo que van a continuar, que el proceso no se va a quedar en el aire sino que van a seguir la búsqueda”, expresó María Gloria Holguín, quien busca a su hijo Carlos Torres Holguín, desaparecido el 29 de noviembre del 2002 en la Comuna 13.
Blanca Nidia Pérez Botero, quien busca a su hermano José Robirio Pérez Botero desaparecido el 05 de febrero de 2003 cuando salió a trabajar como vendedor ambulante, también lo cree así. Ella piensa que tanto la audiencia ante la CIDH como los avances en las negociaciones de paz “son un gran paso para seguir la búsqueda en La Escombrera, y no solo ahí sino en los demás sitios donde haya personas enterradas”.

Para ambas víctimas, integrantes de la asociación Mujeres Caminando por la Verdad, estos cuatro meses, desde que se suspendió el proceso de excavación en La Escombrera, han sido de tristeza e incertidumbre por no saber cuándo se reanudará la búsqueda de sus seres queridos.

No obstante, la sesión de la Corte generó nuevas esperanzas entre quienes hace parte de este proceso, expresó la hermana Rosa Cadavid, directora de la Obra Social Madre Laura, que acompaña a la organización Mujeres Caminando por la Verdad.

Para la religiosa, “la audiencia de la CIDH fue muy positiva porque hay compromisos; se generaron muchas expectativas y esperamos que se hagan realidad. Por ejemplo, vimos que por lo menos ya se dice que van a cerrar La Escombrera”.

Y es que las víctimas llevan 14 años pidiendo el cierre de un depósito de escombros administrado por Bioparques S.A. y de una arenera explotada por Construcciones El Cóndor. Pese a la exigencia, ambas empresas continuaron desarrollando sus actividades comerciales en ese lugar, bien sea acumulando escombros sobre los restos de los desaparecidos o removiendo los terrenos donde se supone habría cuerpos sepultados.

Durante todos estos años la lucha de las víctimas y las organizaciones defensoras nunca ha sido fácil y por eso ahora el proceso llega a la justicia internacional, buscando que de esta manera el Estado colombiano avance efectivamente en la búsqueda, exhumación e identificación de las personas desaparecidas en La Comuna 13, pero también que se pueda esclarecer la verdad y se rompa la impunidad que ha existido sobre este caso.