La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional declarar exequible el Decreto Ley 891 de 2017 sobre la restitución de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, desvinculados de las FARC-EP, en virtud del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto.
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El Ministerio Público expresó que en el momento que los jóvenes cumplan los 18 años puedan quedarse en centros transitorios, hasta que la Registraduría Nacional del Estado Civil haga las verificaciones pertinentes.
“Permanecer en los lugares transitorios de acogida hasta cuando se vinculen a la oferta institucional dispuesta para ellas, de conformidad con el Programa Camino Diferencial de Vida”, sostuvo el organismo de control.
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Para la Procuraduría con esta medida se vela por los derechos de quienes, a pesar de haber cruzado los 18 años de edad, “ostentan la condición de víctimas del reclutamiento forzado, de la cual surge el derecho a la reparación integral”.