Arrellanadas en sus mecedoras, conversando en plena acera, las madres de familia de Piedras parecen estar practicando el deporte nacional de comer del prójimo. Pero los carteles las delatan: “Proteger la naturaleza es compromiso de todos. ¡No a la minería!”, dice un pendón clavado en un costado del puente que vigilan, para que no entre nadie que trabaje para AngloGold, la tercera minera más grande del mundo.
En ello están desde el último día de enero, cuando se les ocurrió bloquear la entrada al municipio para oponerse a la mina de oro más grande de Colombia, que aspira explotar AngloGold. En esta esquina arrocera del Tolima, al calor de la canícula del mediodía, se juegan los dilemas nacionales: entre el país minero y el agrícola, el oro y el agua, el gobierno central y la democracia local.
Lo irónico es que en Piedras no hay ni una de las 24 millones de onzas de oro que espera extraer la empresa. La mina quedaría a 100 kilómetros, en La Colosa, cerca de Cajamarca. Pero desentrañar el metal de la roca precisa 9 millones de metros cúbicos de agua y 4 millones de kilos de cianuro anuales. Escombros, agua y cianuro deben parar en alguna parte. Y no hay un mejor lugar que Piedras.
Aquí está el valle idóneo para enclavar el lago de desechos del proyecto, la “sopa de químicos” de La Colosa, como la llama Julio Fierro, el geólogo de la Contraloría que ha seguido el caso. Por eso AngloGold avanzó en los estudios de suelos, hasta que Cortolima le ordenó suspenderlos por falta de autorización. Por eso también los piedrunos temen que el agua que les da vida a los arrozales, la del río Coello y sus afluentes, termine hecha sopa, como ha pasado en las minas de AngloGold en Sudáfrica, que un siglo después siguen filtrando químicos en las corrientes de agua. Basta mirar alrededor para darse cuenta de lo que sería de esta tierra mustia sin las corrientes de agua. Por algo el nombre del lugar es Piedras.
Disputas así hay por toda la geografía nacional: por el oro y el agua en Santurbán, Marmato o el Chocó; por el carbón y los ríos de la Guajira y la Sierra Nevada; por los minerales, el petróleo y los bosques de los territorios indígenas y negros. Pero aquí las cosas son distintas, por la sencilla razón de que la gente vive bien. No necesitan los programas sociales que la empresa les ofrece para ganar su apoyo. No tienen prisa por vender sus tierras ni cambiar de oficio porque tienen lo básico con la agricultura y la ganadería. No se preocupan de los políticos porque el alcalde, los concejales, el gobernador y hasta los parlamentarios del departamento están de su lado. No les faltan líderes, asesores ni cuadros, porque la causa ha unido a arroceros, profesionales y campesinos. Por una vez, la discusión es entre iguales: la empresa, el Estado y una comunidad organizada.
Como la igualdad es tierra fértil para la democracia, los piedrunos decidieron someter el asunto al voto. Revivieron la figura de la consulta popular y, en la tarde soleada del domingo 28 de julio, el 99% de los participantes dijo no a la minería. La decisión, obligatoria para las autoridades municipales según la Constitución, les da voz a las comunidades afectadas por las industrias extractivas y recuerda que, aunque los minerales y las regalías sean del Estado central, es aquí, en el terreno, donde quedan las consecuencias.
El mensaje ya ha tenido eco en otras comunidades, como la de Tauramena (Casanare), que programó una votación similar sobre un proyecto petrolero. De ahí la reacción del Ministerio de Minas, el Ministerio del Interior, la Procuraduría y otras entidades que han expedido normas y conceptos para dejar sin efectos este tipo de consultas.
Tomarse en serio la democracia: ese es el logro de la comunidad de Piedras, la razón para ser personaje de un año en el que retoñaron, por fin, los movimientos sociales y la participación ciudadana.
* Columnista de El Espectador y Director del Observatorio de Justicia Ambiental (OJA).