El establecimiento Rayado, una reconocida polvorería ubicada en la vía al aeropuerto de Girón, Santander, fue cerrado por orden de la Inspección de Policía del municipio. El cierre se ejecutó este año tras una querella relacionada con el uso del predio donde funcionaba el negocio.
Óscar Rodríguez, propietario y representante legal del lugar, asegura que cumple con todos los requisitos legales para operar y denunció que la medida es arbitraria y responde a intereses particulares ligados a la Alcaldía de Girón.
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Rodríguez indicó que su establecimiento lleva cinco años funcionando legalmente y que su actividad se limita a la venta de artículos pirotécnicos de categoría 1 y 2, autorizados por la ley. Aseguró que ha sido objeto de persecución por parte de la administración local desde hace varios años. “Nosotros hemos tenido una persecución por parte de la administración municipal porque tenemos al frente otro establecimiento que es muy allegado a la administración. Hace dos años ya nos habían cerrado arbitrariamente. Eso fue el 7 de diciembre, justo cuando hubo un consejo de seguridad”, afirmó a Caracol Radio.
Según Rodríguez, el problema surgió luego de que Elkin Eduardo Jaimes Bacca comprara un lote contiguo y asegurara que parte del terreno donde opera Rayado le pertenece. “El señor Bacca compra un lote al lado y le dicen que donde yo estoy también es de él. Entonces me ponen una querella diciendo que yo estoy en perturbación. Pero yo tengo los contratos, los recibos de pago del arriendo. Si él es el dueño, debería iniciar una restitución del bien inmueble, no buscar el cierre del negocio”, señaló.
El propietario denunció también que esta acción legal fue usada como herramienta para sacarlo del lugar y favorecer a otro comerciante del sector con vínculos cercanos a la administración municipal. “A mí, como quien dice, me robaron durante más de tres años yo pagándoles arriendo a ellos. Todo lo que dicen es falso. Yo tengo cómo probarlo. Tengo los comprobantes de pago de los arriendos, tengo contratos”, afirmó.
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Aunque la Alcaldía de Girón no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso, la Secretaría de Seguridad y Convivencia declaró que el proceso fue llevado por la Inspección de Policía, la cual actuó conforme a la Ley 1801. Según la entidad, “una persona que no es propietaria del predio fue querellada y, en desarrollo de esta, el inspector tomó la decisión de cerrar el establecimiento por transgresión a la Ley 1801. La medida fue confirmada en segunda instancia”.
Óscar Rodríguez rechazó esa versión. Considera que el proceso ha sido manipulado y que la medida busca dejar el terreno libre para el restaurante de Bacca y para que otra polvorería, que él asegura está vinculada políticamente, opere sin competencia. Insistió en que el cierre fue injusto, que la querella carece de fundamento legal, y que todo responde a un conflicto de intereses personales y comerciales en el que su negocio quedó en medio.
Rayado permanece cerrado mientras el propietario evalúa acciones legales para revertir la medida y recuperar su derecho a operar.