Polémica por decreto que redefine el territorio de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada

Un proyecto de decreto que está próximo a expedirse por el Gobierno Nacional ha desatado polémica en la región caribe y entre los gremios económicos del país. Gobernadores de esa región y presidentes de los gremios solicitan al presidente Juan Manuel Santos abstenerse de expedir el decreto.

Se trata del proyecto de decreto que redifiniría los territorios ancestrales de los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, cobijados bajo la denominada “línea negra”.  De acuerdo con el documento del proyecto, estos territorios pasarían de estar delimitados por 39 puntos geográficos a 348 puntos que cubrirían zonas ubicadas en los departamentos del Magdalena, Guajira, Cesar, Atlántico y Bolívar.

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“En nuestra calidad de representantes de las fuerzas vivas de estos departamentos, manifestamos nuestro desacuerdo frente a la inminente expedición del proyecto decreto mediante el cual se redefine el territorio ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta”  manifestaron en una carta al presidente de la República los gobernadores de los departamentos de la región caribe: Rosa Cotes del Magdalena, Francisco Ovalle del Cesar, Tania Buitrago de la Guajira, Eduardo Verano del Atlántico y Dumek Turbay de Bolívar.

De acuerdo con la carta, varias son las inconformidades de los gobernadores en relación con este decreto. Se refieren en primera medida a que “el proyecto no ha sido socializado con el rigor que lo amerita” pues debido a la importancia de los impactos y consecuencias que tendría en estos departamentos, merece un estudio más riguroso. Según los gobernadores, la redifnición de este territorio “afectaría planes de ordenamiento territorial y de desarrollo de origen estatal, inversión privada y proyectos de impacto social en la región”.

Además, los gobernadores señalan la problemática que significaría la coexistencia de las autoridades jurídicas ordinarias de estos departamentos y las autoridades indígenas. “Nos someterían a una ley que se consideraría como prevalente frente a la normatividad jurídica nacional, como lo es la ´ley de Origen y el Documento Madre’, de las cuales no conocemos ni su contenido ni mucho menos su alcance”

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Gremios económicos y de infraestructura también reclaman

Los representantes de estos departamentos no son los únicos que han manifestado su inconformidad frente a la inminente expedición del decreto. Los presidentes de varios gremios económicos y de infraestructura del país le solicitaron al presidente Santos que reconsiderara expedir ese decreto precisamente en su última semana de gobierno. Según la comunicación de dichos gremios, el proyecto no ha sido socializado de la manera en que debería además de tener varias afectaciones en esos departamentos.

“Tendría un efecto adverso económico y social, pues una decisión como la contenida en el proyecto de decreto derivaría en la consecuente congelación del suelo y en la afectación del núcleo esencial de la propiedad, pues el desarrollo de cualquier actividad productiva quedaría en el limbo” señalaron en comunicación a Juan Manuel Santos, los presidentes de  la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI),  Asofondos, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), Asociación Colombiana de Minería, (ACM),  entre otros gremios económicos del país.

De acuerdo con Ángela Montoya, presidenta de Acolgen, un decreto de esta categoría debe ser analizado bajo dos ópticas: la de los derechos de las comunidades y la del desarrollo. Para Montoya, en el proceso de expedición de este proyecto sólo se ha tenido en cuenta la primera, pero no las voces de los sectores petroleros, mineros, enérgeticos y de infraestructura del país quienes firmaron la comunicación. Además, manifiesta que no resulta acertado expedir un decreto de esta importancia en la última semana de gobierno. 

Juan Manuel Santos responde

Frente a los reclamos de estos sectores, el presidente Juan Manuel Santos ha manifestado que la expedición del decreto obedece a un fallo de la Corte Constitucional en el que se busca garantizar los derechos de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo sobre sus territorios.

“Ese decreto no es nada diferente al cumplimiento de un fallo de la Corte Constitucional. Ahí se reconoce el derecho de acceso que tienen los indígenas de los cuatro pueblos de la Sierra a los predios donde están los sitios sagrados, que es algo completamente normal. Garantiza el derecho a la privacidad cultural de los indígenas, genera la obligación para los propietarios de esos terrenos a conservar y proteger los mismos, genera certeza en la ubicación de los sitios sagrados y se formulan medidas para proteger los territorios de la “Línea negra”, todo eso es perfectamente normal", aseguró el mandatario.

En relación con este debate, El Espectador pudo establecer que en la mañana de este jueves, una reunión de alto nivel se lleva a cabo en la Sierra Nevada de Santa Marta en relación con este tema, a la que asisten las máximas autoridades de los cuatro pueblos de la Sierra  y representantes del Gobierno Nacional.

Un proyecto de decreto que está próximo a expedirse por el Gobierno Nacional ha desatado polémica en la región caribe y entre los gremios económicos del país. Gobernadores de esa región y presidentes de los gremios solicitan al presidente Juan Manuel Santos abstenerse de expedir el decreto.

Se trata del proyecto de decreto que redifiniría los territorios ancestrales de los pueblos indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, cobijados bajo la denominada “línea negra”.  De acuerdo con el documento del proyecto, estos territorios pasarían de estar delimitados por 39 puntos geográficos a 348 puntos que cubrirían zonas ubicadas en los departamentos del Magdalena, Guajira, Cesar, Atlántico y Bolívar.

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“En nuestra calidad de representantes de las fuerzas vivas de estos departamentos, manifestamos nuestro desacuerdo frente a la inminente expedición del proyecto decreto mediante el cual se redefine el territorio ancestral de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta”  manifestaron en una carta al presidente de la República los gobernadores de los departamentos de la región caribe: Rosa Cotes del Magdalena, Francisco Ovalle del Cesar, Tania Buitrago de la Guajira, Eduardo Verano del Atlántico y Dumek Turbay de Bolívar.

De acuerdo con la carta, varias son las inconformidades de los gobernadores en relación con este decreto. Se refieren en primera medida a que “el proyecto no ha sido socializado con el rigor que lo amerita” pues debido a la importancia de los impactos y consecuencias que tendría en estos departamentos, merece un estudio más riguroso. Según los gobernadores, la redifnición de este territorio “afectaría planes de ordenamiento territorial y de desarrollo de origen estatal, inversión privada y proyectos de impacto social en la región”.

Además, los gobernadores señalan la problemática que significaría la coexistencia de las autoridades jurídicas ordinarias de estos departamentos y las autoridades indígenas. “Nos someterían a una ley que se consideraría como prevalente frente a la normatividad jurídica nacional, como lo es la ´ley de Origen y el Documento Madre’, de las cuales no conocemos ni su contenido ni mucho menos su alcance”

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Gremios económicos y de infraestructura también reclaman

Los representantes de estos departamentos no son los únicos que han manifestado su inconformidad frente a la inminente expedición del decreto. Los presidentes de varios gremios económicos y de infraestructura del país le solicitaron al presidente Santos que reconsiderara expedir ese decreto precisamente en su última semana de gobierno. Según la comunicación de dichos gremios, el proyecto no ha sido socializado de la manera en que debería además de tener varias afectaciones en esos departamentos.

“Tendría un efecto adverso económico y social, pues una decisión como la contenida en el proyecto de decreto derivaría en la consecuente congelación del suelo y en la afectación del núcleo esencial de la propiedad, pues el desarrollo de cualquier actividad productiva quedaría en el limbo” señalaron en comunicación a Juan Manuel Santos, los presidentes de  la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI),  Asofondos, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), Asociación Colombiana de Minería, (ACM),  entre otros gremios económicos del país.

De acuerdo con Ángela Montoya, presidenta de Acolgen, un decreto de esta categoría debe ser analizado bajo dos ópticas: la de los derechos de las comunidades y la del desarrollo. Para Montoya, en el proceso de expedición de este proyecto sólo se ha tenido en cuenta la primera, pero no las voces de los sectores petroleros, mineros, enérgeticos y de infraestructura del país quienes firmaron la comunicación. Además, manifiesta que no resulta acertado expedir un decreto de esta importancia en la última semana de gobierno. 

Juan Manuel Santos responde

Frente a los reclamos de estos sectores, el presidente Juan Manuel Santos ha manifestado que la expedición del decreto obedece a un fallo de la Corte Constitucional en el que se busca garantizar los derechos de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo sobre sus territorios.

“Ese decreto no es nada diferente al cumplimiento de un fallo de la Corte Constitucional. Ahí se reconoce el derecho de acceso que tienen los indígenas de los cuatro pueblos de la Sierra a los predios donde están los sitios sagrados, que es algo completamente normal. Garantiza el derecho a la privacidad cultural de los indígenas, genera la obligación para los propietarios de esos terrenos a conservar y proteger los mismos, genera certeza en la ubicación de los sitios sagrados y se formulan medidas para proteger los territorios de la “Línea negra”, todo eso es perfectamente normal", aseguró el mandatario.

En relación con este debate, El Espectador pudo establecer que en la mañana de este jueves, una reunión de alto nivel se lleva a cabo en la Sierra Nevada de Santa Marta en relación con este tema, a la que asisten las máximas autoridades de los cuatro pueblos de la Sierra  y representantes del Gobierno Nacional.