Por primera vez, mujeres LGBT presentan su balance en Naciones Unidas

Por primera vez, organizaciones LGBT colombianas asisten a la evaluación que cada cinco años se realiza a la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en Ginebra. El objetivo es establecer cómo van los Estados en su tarea de eliminar la exclusión contra la población femenina y al final del encuentro, con base a estos hallazgos, las expertas de la comisión expedirán sus recomendaciones a los Estados que hayan suscrito la convención, entre ellos Colombia.  

Uno de los informes, realizado por las organizaciones Colombia Diversa, GAAT y Diversas Incorrectas, alerta sobre la falta de implementación de los enfoques diferenciales consignados en el acuerdo de paz. Según Colombia Diversa, de las 41 medidas propuestas para resarcir el daño sufrido por personas LGBT, solo 25 fueron aprobadas y aún no han sido implementadas. “Así mismo, el panorama de posconflicto ha generado una ola de violencia contra lideresas y líderes sociales en varios territorios a nivel nacional, los cuales han repercutido en mujeres LBT.  De 34 líderes sociales LGBT asesinados en 2012-2017, 16 eran mujeres”, añade la ong.

Los defensores de derechos humanos agregan que persiste la presencia de grupos armados, pese al acuerdo de paz con la Farc, así como la proliferación de prejuicios y la exclusión socioeconómica de las personas LGBT. Entre 2013 y 2017 fueron asesinadas 160 personas trans, 32 mujeres lesbianas y 2 mujeres bisexuales; y al menos 80 de estos crímenes habrían estado motivados por el prejuicio de las víctimas.

De estos casos, se tiene información sobre 167 procesos penales, 17 de los cuales han avanzado juicio, 15 fueron archivados por la imposibilidad de identificar a los responsables y solo 10 concluyeron con la condena de los responsables.  A la fecha sólo se ha imputado el delito de feminicidio por dos asesinatos de mujeres trans y no se conoce ningún caso en el que se haya imputado por el asesinato de una mujer lesbiana o bisexual. Otro de los puntos que llama la atención es el nivel de escolaridad de esas víctimas, pues solo dos de ellas alcanzaron una educación profesional, lo que pone en evidencia una barrera de acceso en el sistema educativo y de oportunidades laborales.

Por su parte, la organización Caribe Afirmativo advierte en otro informe que la mayoría de las mujeres trans son expulsadas de sus hogares a temprana edad, al momento en que se hace evidente su expresión femenina de género. Esta situación, aunada el matoneo en la escuela, lleva a la deserción escolar exponiéndolas a una situación de extrema vulneración de sus derechos.

“El Estado colombiano, a pesar de la incidencia ciudadana, no ha manifestado interés alguno en crear una Ley de identidad de género que cobije y regule de manera integral los derechos de las personas transgénero, entre ellas de las mujeres trans. En la actualidad, Caribe Afirmativo ha acompañado casos de mujeres trans cuyos trámites de cambio de componente sexo/género en los documentos de identidad tardan más tiempo que lo estipulado en el decreto 1227 de 2015, así como inconvenientes en la corrección de documentos en algunas instancias estatales como en el Registro Único de Víctimas”, concluyó la ong.

Por primera vez, organizaciones LGBT colombianas asisten a la evaluación que cada cinco años se realiza a la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en Ginebra. El objetivo es establecer cómo van los Estados en su tarea de eliminar la exclusión contra la población femenina y al final del encuentro, con base a estos hallazgos, las expertas de la comisión expedirán sus recomendaciones a los Estados que hayan suscrito la convención, entre ellos Colombia.  

Uno de los informes, realizado por las organizaciones Colombia Diversa, GAAT y Diversas Incorrectas, alerta sobre la falta de implementación de los enfoques diferenciales consignados en el acuerdo de paz. Según Colombia Diversa, de las 41 medidas propuestas para resarcir el daño sufrido por personas LGBT, solo 25 fueron aprobadas y aún no han sido implementadas. “Así mismo, el panorama de posconflicto ha generado una ola de violencia contra lideresas y líderes sociales en varios territorios a nivel nacional, los cuales han repercutido en mujeres LBT.  De 34 líderes sociales LGBT asesinados en 2012-2017, 16 eran mujeres”, añade la ong.

Los defensores de derechos humanos agregan que persiste la presencia de grupos armados, pese al acuerdo de paz con la Farc, así como la proliferación de prejuicios y la exclusión socioeconómica de las personas LGBT. Entre 2013 y 2017 fueron asesinadas 160 personas trans, 32 mujeres lesbianas y 2 mujeres bisexuales; y al menos 80 de estos crímenes habrían estado motivados por el prejuicio de las víctimas.

De estos casos, se tiene información sobre 167 procesos penales, 17 de los cuales han avanzado juicio, 15 fueron archivados por la imposibilidad de identificar a los responsables y solo 10 concluyeron con la condena de los responsables.  A la fecha sólo se ha imputado el delito de feminicidio por dos asesinatos de mujeres trans y no se conoce ningún caso en el que se haya imputado por el asesinato de una mujer lesbiana o bisexual. Otro de los puntos que llama la atención es el nivel de escolaridad de esas víctimas, pues solo dos de ellas alcanzaron una educación profesional, lo que pone en evidencia una barrera de acceso en el sistema educativo y de oportunidades laborales.

Por su parte, la organización Caribe Afirmativo advierte en otro informe que la mayoría de las mujeres trans son expulsadas de sus hogares a temprana edad, al momento en que se hace evidente su expresión femenina de género. Esta situación, aunada el matoneo en la escuela, lleva a la deserción escolar exponiéndolas a una situación de extrema vulneración de sus derechos.

“El Estado colombiano, a pesar de la incidencia ciudadana, no ha manifestado interés alguno en crear una Ley de identidad de género que cobije y regule de manera integral los derechos de las personas transgénero, entre ellas de las mujeres trans. En la actualidad, Caribe Afirmativo ha acompañado casos de mujeres trans cuyos trámites de cambio de componente sexo/género en los documentos de identidad tardan más tiempo que lo estipulado en el decreto 1227 de 2015, así como inconvenientes en la corrección de documentos en algunas instancias estatales como en el Registro Único de Víctimas”, concluyó la ong.