“Las imágenes difundidas por redes sociales desvirtúan el contexto de la situación. Tratamos de controlar al animal, lo amarramos para retenerlo pero temimos que pudiera regresar al mar y convertirse en un peligro para los bañistas. La última opción fue el darle un tiro de gracia”, dice Opal Bent directora de Coralina, quién ordenó a la policía de la isla la ejecución de un cocodrilo en las playas de Sound Bay y ahora se encuentra en la mira de la procuraduría y de las organizaciones ambientalistas.
Mientras la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios visitará las instalaciones de Coralina para recopilar los hechos y determinar si la directora merece recibir una sanción disciplinaria, organizaciones como la WWF y FunGaia, exigieron que Bent sea investigada por no poner en marcha los parámetros técnicos y profesionales que debe tener en estos casos y cometer un “sacrificio público e irregular” de una especie en estado crítico de extinción refiriéndose a que la muerte del animal se dio en frente de turistas e isleños cerca del hotel Decameron, en las playas de San Luis.
En su defensa la directora de Coralina dijo que es el primer caso que se conoce de la aparición de este tipo de reptiles en la isla, por lo que la autoridad ambiental no posee un protocolo de neutralización de este tipo de especies, “tampoco tenemos profesionales en este tema ni la logística para hacernos cargo. Esta es una lección aprendida. Sabemos que a futuro tendremos que implementar planes de manejo de estas especies”.
Sobre la procedencia del animal por el momento se manejan dos hipótesis: que quizá el cocodrilo se haya escapado de una embarcación que pretendía traficarlo o que las fuertes corrientes, procedentes de las costas de Nicaragua o Cuba, pudieron haberlo arrastrado hasta el archipiélago colombiano.
La noticia y las imágenes del sacrificio del cocodrilo generaron revuelo en las redes sociales. Y aunque la mayoría de los usuarios condenó la decisión de Coralina como un “crimen ambiental” la pregunta que queda en el aire es ¿por qué en San Andrés o en Amalfí (Antioquia), donde un grupo de campesinos mató por miedo a jaguar, ni los pobladores ni las autoridades ambientales tienen claro cómo deben proceder ante la aparición de animales que le resultan amenazantes a los humanos? El Gobierno Nacional deberá responder.