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En la zona en la que fue asesinado Humberto Londoño no se recomienda transitar después de las 6 de la tarde. Todos los que viven allí saben que pasada esa hora los que mandan en las calles y carreteras son los grupos ilegales. Precisamente a Londoño, líder social que formaba parte de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asocbac), lo mataron el 6 de diciembre en horas de la noche, cuando se desplazaba por la vía que conecta el casco urbano de Tarazá (Antioquia) con la vereda de La Caucana. Tan solo dos días después, en la zona, también fueron asesinados tres mineros artesanales.
La violencia en el Bajo Cauca antioqueño ha vuelto a dispararse en los últimos días como consecuencia, además, de los enfrentamientos entre dos de las grandes estructuras que se disputan el control de las economías ilícitas: el Clan del Golfo y los Caparros. De hecho, al día de hoy se habla de por lo menos 150 personas que se han desplazado huyendo de las balas.
En municipios cercanos, como Valdivia, la situación no es mejor. Según explicó el propio comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, el Ejército mantiene enfrentamientos con el grupo denominado Héroes de Tarazá, del Eln, el mismo que en la noche del lunes 9 de diciembre quemó seis vehículos en la vía que conecta Medellín con la costa Caribe. Se trata de un frente guerrillero con tentáculos que se extienden a municipios como Cáceres, Valdivia, Tarazá y Zaragoza.
En diálogo con El Espectador, la alcaldesa de Tarazá, Gladys Miguel, explica qué está pasando en el municipio y cuáles son las fuerzas que, en medio de la disputa territorial, tienen esta zona en una crisis de seguridad.
¿Cómo está el mapa de violencia en el municipio de Tarazá?
Desde hace dos años, el Bajo Cauca antioqueño se ha convertido en una zona de disputa territorial muy violenta entre grupos armados ilegales. En el caso de nuestro municipio, las disputas son entre el Clan del Golfo y los Caparros, porque desde que está en proceso la implementación de los Acuerdos de Paz, con el tema de la erradicación de drogas se despejaron muchas tierras en las que no reposan de manera formal derechos de propiedad, y al ser estos unos “terrenos baldíos de nadie”, se perfilan como lugares muy apetecidos para ejercer control. Como consecuencia de estos enfrentamientos, muchas personas han sido desplazadas de sus hogares y tenemos el reporte oficial de estar atendiendo a 134 personas, principalmente del corregimiento de El Doce.
¿Este tipo de violencia tiene dinámicas particulares?
Varía bastante. Sabemos que durante el tiempo de las Farc ellos tenían control sobre muchas zonas del Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba -por los Montes de María-, pero al fin de cuentas eran solo un grupo y en ese sentido no había la necesidad de disputas territoriales. Hasta 2016, más o menos, en toda esta área existían fronteras invisibles que se respetaban, pero por el mismo hecho de la aparición de varios grupos armados, en nuestro caso dos, la violencia es más feroz.
¿De qué forma las disputas entre el Clan del Golfo y los Caparros están afectando los liderazgos sociales?
A nivel general, incluyendo la situación de los líderes, en 2018 los niveles de violencia fueron más altos que durante 2019. Sin embargo, siguen vigentes los reportes de amenazas hacia ellos y en el último tiempo hemos vivido la pérdida de un presidente de acción comunal muy querido en la región y más recientemente el asesinato de Humberto Londoño, quien se desempeñaba en Cañón de Iglesias y ayudaba a coordinar temas de conciliación dentro de la comunidad.
¿Cómo articulan acciones locales y nacionales para frenar la crisis?
El Ministerio del Interior hace presencia en Tarazá. Normalmente mandamos alertas tempranas a Antioquia y a Bogotá, y de inmediato, ellos vienen. Ponemos en funcionamiento, de forma mancomunada, casas de justicia, pero a la hora de materializar esfuerzos nos vemos atados de manos por el presupuesto con el que contamos. Es decir, si faltan cosas para la Policía o para temas logísticos, el Ministerio del Interior aporta un porcentaje y el restante lo pone la Alcaldía; pero sin recursos, nada que hacer.
¿Con la presencia de la Fuerza Pública se ha reducido la violencia?
En Tarazá hacemos consejos de seguridad con los militares del Distrito de Caucasia, con el Batallón Rifles y con otras divisiones del Ejército Nacional para tomar medidas preventivas que sirvan para que los enfrentamientos entre los grupos armados ilegales no se exacerben más de lo que ya están. Valoramos los esfuerzos del Ejército, porque desde el Ministerio de Defensa han enviado a muchos hombres a nuestra zona rural y grupos especiales al casco urbano. Son pequeños avances, pero así la gente no se siente tan vulnerable. Aunque no tengamos toques de queda, el Ejército ha establecido horarios restringidos para circular por algunas zonas del municipio. Se han hecho constantes retenes y requisas policiales para tener vigilancia y control sobre nuestro territorio.
¿A qué cree que se debe la guerra entre ilegales en estas zonas?
En el caso de Tarazá, que es lo que me compete, pienso que es por dos motivos: el primero, por las zonas de erradicación, porque si bien este proceso ha servido para disminuir la coca, no se le ha hecho el seguimiento pertinente para dar garantías de seguridad a la gente que puede transitar estos espacios. Y, segundo, por la minería. El domingo pasado ya tuvimos un episodio en el que unos hombres fueron asesinados y estaban relacionados con este negocio. La minería no es mala, pero las intenciones del Clan del Golfo o los Caparros para apoderarse de estos recursos y así extraer de manera ilegal lo que hay en las minas elevan los índices de violencia. Sobre Valdivia no sé mucho más que la presencia del Eln y el Clan del Golfo. Supongo que deben tener diferencias, porque no hay choques entre dos grupos neoparamilitares, como en Tarazá, sino que en uno de los bandos hay una guerrilla antigua que podría conocer mejor el territorio.
¿Cómo va la investigación sobre el asesinato de tres mineros en Tarazá?
Los avances son un enigma para nosotros. Tenemos conocimiento, al igual que la opinión pública, de que el asesinato de estas personas se perpetró en la vereda San Antonio, colindando con los corregimientos de El Doce y Barro Blanco. No sé si las víctimas tenían amenazas, pero junto con las autoridades vamos a encontrar las causas, y este hecho se va a esclarecer. A la fecha, tanto en Tarazá como en Valdivia, la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles y el Batallón Rifles están coordinando operaciones militares por tierra y aire para garantizar la seguridad en las vías que conectan estos municipios con Medellín y las rutas que los conducen de forma interdepartamental con Chocó y Córdoba.