Preacuerdo para que indígenas reabran paso en la vía Panamericana

El Gobierno Nacional y los dirigentes de la minga indígena en el Cauca alcanzaron en la noche de este viernes un preacuerdo para levantar los bloqueos que desde hace 27 días adelantan las comunidades en la vía Panamericana, entre Cali y Popayán. Dicho documento fue trabajado en el corregimiento de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao, donde una delegación liderada por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, busca un acuerdo definitivo para suspender la protesta. Los indígenas dejaron claro que el preacuerdo de ayer es temporal y busca habilitar la vía para que el presidente Iván Duque pueda llegar a la zona a hablar con ellos.

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Al cierre de esta edición se esperaba un pronunciamiento del Gobierno Nacional y se dijo que los indígenas harían su propio anuncio en la mañana de hoy. “Celebro el acuerdo alcanzado por la Mesa de Negociación en Mondomo, entre el Gobierno Nacional y la minga indígena y campesina. Este será el punto de partida que pone fin a un paro de 27 días en el Cauca”, escribió en su cuenta de Twitter el gobernador del Cauca, Óscar Campo, notificando así la buena noticia.

A tres días de cumplirse un mes del inicio de la minga nacional indígena, el balance en materia de seguridad y orden público es preocupante. Las protestas no solo paralizaron el suroccidente del país, dejaron a varios departamentos desabastecidos y la vía Panamericana bloqueada, sino que derivaron en fuertes enfrentamientos entre comunidades y Fuerza Pública, que se han trasladado incluso a las ciudades y dejan tres muertos y decenas de heridos.

Mientras desde la minga aseguran que la protesta es legítima y que es un llamado ante los incumplimientos del Gobierno a acuerdos previamente pactados con las comunidades, desde otros sectores insisten en que el bloqueo va en contra de los derechos fundamentales de los pobladores de la zona y que los hechos violentos que han rodeado las protestas dejan ver que detrás de estas hay manos de grupos armados ilegales.

Y en medio del cruce de mensajes, desde algunos sectores intentan adoptar medidas para aliviar la crisis. Un juez de Popayán, por ejemplo, ordenó a las organizaciones indígenas desbloquear el corredor vial de Popayán-Piendamó-Morales-Suárez y Santander de Quilichao —que es la vía alterna a la Panamericana—, argumentando que su cierre u obstrucción impide el derecho fundamental de la libre circulación.

A la movilización nacional se han sumado hasta el momento comunidades de los departamentos de Cauca, Huila, Nariño, Valle, Putumayo, Caquetá, Amazonas, Meta, Casanare, Arauca, Córdoba, Quindío, Chocó, Tolima, Casanare y Boyacá a la espera de un diálogo abierto y directo con el presidente Iván Duque, que mantiene como condición inamovible el desbloqueo de la vía Panamericana para sentarse a hablar con las comunidades.

Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC, habla del fallo sobre los bloqueos, los señalamientos contra la minga, las peticiones que le hacen al Gobierno y las investigaciones por las muertes que han ocurrido en medio de las manifestaciones.

¿Cuál es la respuesta desde la organización indígena a la decisión judicial respecto al bloqueo de la vía alterna a la Panamericana?

La ONIC es respetuosa de las decisiones de las instancias judiciales de este país, entendemos que también este fallo nos ha notificado como organización, pero este corredor humanitario siempre ha estado habilitado durante las jornadas de movilización que ha habido para aliviar y atenuar la situación de los departamentos de Cauca y Nariño. En este momento está habilitado y nosotros no vemos ninguna incompatibilidad entre la decisión del fallo y la determinación política que siempre ha existido por parte de la minga de mantener ese cordón humanitario para las poblaciones que hacen parte del suroccidente del país. Es cierto que hace unos días hubo una acción política por parte de los hermanos del proceso de comunidades negras que también se vincularon a la minga, pero de manera muy rápida el tema fue disuelto.

¿Pero hay posibilidades de un desbloqueo definitivo de la Panamericana?

Por el momento tanto en el Cauca como aquí en La Delfina, Valle del Cauca, hemos retomado los diálogos con el Gobierno, estamos en conversaciones. Este fin de semana va a ser definitivo para lo que pueda suceder con las conversaciones. Yo prefiero ser prudente, porque todavía no hemos avanzado en todos los temas y si bien el Gobierno ha hecho unos planteamientos, la minga está revisándolos y esperamos poder continuar con la agenda de discusión. La minga nacional ha sido un proceso de mucha fortaleza en términos de la movilización, que inició desde el suroccidente colombiano y hoy se desarrolla a nivel nacional. Ha sido muy duro, porque ha habido un pulso con el Gobierno Nacional frente a los temas de orden reivindicativo que en estos momentos estamos discutiendo y los temas de orden político, que esperamos abordar con la presencia del señor presidente de la República.

En las últimas horas han surgido versiones sobre un posible plan orquestado desde Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro para infiltrar la minga indígena…

Rechazamos estas últimas versiones sobre infiltraciones. Son una estrategia para deslegitimar la lucha del movimiento indígena colombiano. Nunca hemos necesitado de nadie, de ningún actor político ni económico, ni mucho menos de otro país para poder impulsar y agenciar la movilización que históricamente el movimiento indígena ha desarrollado en Colombia. Son señalamientos temerarios y supremamente peligrosos para la dirigencia indígena y la minga en general. Llamamos a quienes están detrás de estas acusaciones a no continuar estigmatizando esta minga, que lo único que ha demostrado es una fuerza social colectiva desde las comunidades de base.

¿Cree entonces que hay una campaña para desprestigiar la protesta de los indígenas?

Hemos enfrentado toda una campaña de estigmatización, de señalamientos en contra de la minga por parte del Ministerio de la Defensa, de miembros de sectores políticos del partido de Gobierno, que han venido azuzando a vándalos a quienes les están pagando para que atenten en contra de las instalaciones físicas del Consejo Regional Indígena del Cauca en Popayán. Nosotros llamamos al Gobierno a garantizar el libre derecho a la protesta social de la minga como un derecho de participación colectiva como pueblos y comunidades indígenas. La minga no está infiltrada por ningún actor ilegal, han sido los pueblos quienes han enfrentado también a los actores ilegales en los territorios indígenas y así lo hemos demostrado históricamente. Esa posición de autonomía, de defensa del territorio, de defensa de la vida frente a todos los actores armados del conflicto es una posición indeclinable en la justa lucha del movimiento indígena a nivel nacional y en el Cauca. Pero a pesar de estos ataques, la minga se mantiene firme y con toda su capacidad política, organizativa en exigencia de la conversación con el presidente de la República y de los aspectos de orden reivindicativo que estamos discutiendo con cada uno de los sectores del Gobierno Nacional.

Precisamente los hechos de violencia alrededor de la protesta y las muertes que se han registrado son algunos de los argumentos de quienes dicen que la minga está infiltrada. ¿Cómo van las investigaciones para determinar quiénes son los responsables de estos hechos?

La muerte de los compañeros en La Delfina (Valle) es objeto de investigación en este momento por parte de las autoridades indígenas en el marco de la Jurisdicción Especial, pero también en el marco de la coordinación con las autoridades judiciales y quienes han acompañado este ejercicio. Un hecho trágico, lamentable y doloroso para todos, que requiere que se esclarezca en el menor tiempo posible para saber qué fue lo que pasó con esos compañeros. Sin embargo, las autoridades indígenas han sostenido y sostienen que fue un atentado en contra de los mingueros. Con respecto al asesinato, hace dos días, del minguero en el departamento del Cauca, aquí para nosotros es claro que esto fue un asesinato por parte de la Fuerza Pública y que tendrán que responder por la muerte de este compañero que estaba participando en la minga.

También ha habido debate respecto a las tierras que han sido entregadas a las comunidades indígenas. El presidente Iván Duque aseguró, por ejemplo, que hay 300.000 hectáreas en cabeza del CRIC…

El Estado colombiano tiene unas obligaciones en el marco de decisiones judiciales que ha habido —por ejemplo la masacre del Nilo, en 1991— y acuerdos posteriores que los gobiernos han venido firmando con el movimiento indígena a nivel nacional y con el CRIC. Y todos esos acuerdos se han venido acumulando, porque los gobiernos no han cumplido. De manera que no es un problema del movimiento indígena que esté reclamando hoy una cantidad de hectáreas de tierra, sino que son acuerdos incumplidos y que se han sumado durante más de veinte años. Y no solamente en el Cauca, en todo el país hay comunidades indígenas con esta necesidad de acceso a tierras. Aquí tenemos, por ejemplo, comunidades en distintas regiones totalmente hacinadas, desplazadas como consecuencia de la violencia. Entonces el tema del acceso a la tierra es un problema de carácter nacional.

¿Pero les han entregado tierras?

Según el Censo Nacional Agropecuario de 2014, de los 31 millones de hectáreas tituladas en tierras de resguardos de los pueblos indígenas, el 89,6 % son tierras de conservación, tierras para la biodiversidad, áreas protegidas que se traslapan con parques naturales. Tierras con la riqueza biológica, cultural y ambiental del país. Solamente hay un 7,6 % de esa porción de tierra apta para la producción. Una tierra en la que las comunidades indígenas —según ese mismo censo— están produciendo un millón de hectáreas de comida. Son datos oficiales. El otro tanto son tierras áridas y desérticas, como el caso de la media y alta Guajira.

Sobre el tema de inversión también hay polémica por los recursos adicionales que están pidiendo las comunidades…

Hay que precisar algo en este punto. Hubo un proceso de consulta y se llegó a un acuerdo de carácter nacional, en el que se acordó un monto indicativo de $10 billones para todo el país; pero la reclamación que han hecho los compañeros del CRIC la han hecho en el marco del decreto 1811, que es específico para el departamento del Cauca. Ese decreto incorpora la obligación de que el Gobierno concerte con los pueblos indígenas del CRIC un plan cuatrienal y por eso es que los compañeros le han planteado al Gobierno un monto adicional a lo que se acordó para el orden nacional frente a este instrumento de carácter jurídico, que de manera específica recoge unos compromisos especiales para el departamento del Cauca.

¿Entonces los diálogos están avanzando?

En este momento estamos revisando temas de orden reivindicativos y sectoriales con el Gobierno. En el caso del CRIC están en la revisión del plan cuatrienal que ellos han propuesto y en el caso de la minga nacional estamos en la revisión de los temas de orden nacional en materia de derechos humanos, inversiones en cada uno de los sectores, tierras, educación, salud, ambiental... en varios temas. Pero la minga sigue a la espera de la respuesta del señor presidente de la República, para poder discutir con él los asuntos de orden político.

¿Qué decirles a los sectores sociales y económicos que sienten que la minga afecta los derechos de las comunidades del suroccidente del país al generar desabastecimiento?

Nuestra recomendación a los sectores económicos es que también insten al Gobierno Nacional para ver si el señor presidente se sienta con los pueblos indígenas y podamos resolver este tema mediante el diálogo y la discusión política, como lo hemos planteado. No es el interés de los pueblos y las comunidades indígenas afectar el desarrollo social o económico de nuestro país; pero nosotros, que hemos sido históricamente reducidos, excluidos, oprimidos y exterminados, hoy tenemos que salir a la calle, salir a la minga a ejercer este derecho de participación colectiva para reclamar el cumplimiento de los acuerdos que hemos hecho con el Estado colombiano, porque hemos agotado el diálogo político en las mesas de trabajo, pero no hemos avanzado en asuntos estructurales para garantizar la supervivencia y la permanencia de los pueblos indígenas en Colombia.

El Gobierno Nacional y los dirigentes de la minga indígena en el Cauca alcanzaron en la noche de este viernes un preacuerdo para levantar los bloqueos que desde hace 27 días adelantan las comunidades en la vía Panamericana, entre Cali y Popayán. Dicho documento fue trabajado en el corregimiento de Mondomo, municipio de Santander de Quilichao, donde una delegación liderada por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, busca un acuerdo definitivo para suspender la protesta. Los indígenas dejaron claro que el preacuerdo de ayer es temporal y busca habilitar la vía para que el presidente Iván Duque pueda llegar a la zona a hablar con ellos.

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Al cierre de esta edición se esperaba un pronunciamiento del Gobierno Nacional y se dijo que los indígenas harían su propio anuncio en la mañana de hoy. “Celebro el acuerdo alcanzado por la Mesa de Negociación en Mondomo, entre el Gobierno Nacional y la minga indígena y campesina. Este será el punto de partida que pone fin a un paro de 27 días en el Cauca”, escribió en su cuenta de Twitter el gobernador del Cauca, Óscar Campo, notificando así la buena noticia.

A tres días de cumplirse un mes del inicio de la minga nacional indígena, el balance en materia de seguridad y orden público es preocupante. Las protestas no solo paralizaron el suroccidente del país, dejaron a varios departamentos desabastecidos y la vía Panamericana bloqueada, sino que derivaron en fuertes enfrentamientos entre comunidades y Fuerza Pública, que se han trasladado incluso a las ciudades y dejan tres muertos y decenas de heridos.

Mientras desde la minga aseguran que la protesta es legítima y que es un llamado ante los incumplimientos del Gobierno a acuerdos previamente pactados con las comunidades, desde otros sectores insisten en que el bloqueo va en contra de los derechos fundamentales de los pobladores de la zona y que los hechos violentos que han rodeado las protestas dejan ver que detrás de estas hay manos de grupos armados ilegales.

Y en medio del cruce de mensajes, desde algunos sectores intentan adoptar medidas para aliviar la crisis. Un juez de Popayán, por ejemplo, ordenó a las organizaciones indígenas desbloquear el corredor vial de Popayán-Piendamó-Morales-Suárez y Santander de Quilichao —que es la vía alterna a la Panamericana—, argumentando que su cierre u obstrucción impide el derecho fundamental de la libre circulación.

A la movilización nacional se han sumado hasta el momento comunidades de los departamentos de Cauca, Huila, Nariño, Valle, Putumayo, Caquetá, Amazonas, Meta, Casanare, Arauca, Córdoba, Quindío, Chocó, Tolima, Casanare y Boyacá a la espera de un diálogo abierto y directo con el presidente Iván Duque, que mantiene como condición inamovible el desbloqueo de la vía Panamericana para sentarse a hablar con las comunidades.

Luis Fernando Arias, consejero mayor de la ONIC, habla del fallo sobre los bloqueos, los señalamientos contra la minga, las peticiones que le hacen al Gobierno y las investigaciones por las muertes que han ocurrido en medio de las manifestaciones.

¿Cuál es la respuesta desde la organización indígena a la decisión judicial respecto al bloqueo de la vía alterna a la Panamericana?

La ONIC es respetuosa de las decisiones de las instancias judiciales de este país, entendemos que también este fallo nos ha notificado como organización, pero este corredor humanitario siempre ha estado habilitado durante las jornadas de movilización que ha habido para aliviar y atenuar la situación de los departamentos de Cauca y Nariño. En este momento está habilitado y nosotros no vemos ninguna incompatibilidad entre la decisión del fallo y la determinación política que siempre ha existido por parte de la minga de mantener ese cordón humanitario para las poblaciones que hacen parte del suroccidente del país. Es cierto que hace unos días hubo una acción política por parte de los hermanos del proceso de comunidades negras que también se vincularon a la minga, pero de manera muy rápida el tema fue disuelto.

¿Pero hay posibilidades de un desbloqueo definitivo de la Panamericana?

Por el momento tanto en el Cauca como aquí en La Delfina, Valle del Cauca, hemos retomado los diálogos con el Gobierno, estamos en conversaciones. Este fin de semana va a ser definitivo para lo que pueda suceder con las conversaciones. Yo prefiero ser prudente, porque todavía no hemos avanzado en todos los temas y si bien el Gobierno ha hecho unos planteamientos, la minga está revisándolos y esperamos poder continuar con la agenda de discusión. La minga nacional ha sido un proceso de mucha fortaleza en términos de la movilización, que inició desde el suroccidente colombiano y hoy se desarrolla a nivel nacional. Ha sido muy duro, porque ha habido un pulso con el Gobierno Nacional frente a los temas de orden reivindicativo que en estos momentos estamos discutiendo y los temas de orden político, que esperamos abordar con la presencia del señor presidente de la República.

En las últimas horas han surgido versiones sobre un posible plan orquestado desde Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro para infiltrar la minga indígena…

Rechazamos estas últimas versiones sobre infiltraciones. Son una estrategia para deslegitimar la lucha del movimiento indígena colombiano. Nunca hemos necesitado de nadie, de ningún actor político ni económico, ni mucho menos de otro país para poder impulsar y agenciar la movilización que históricamente el movimiento indígena ha desarrollado en Colombia. Son señalamientos temerarios y supremamente peligrosos para la dirigencia indígena y la minga en general. Llamamos a quienes están detrás de estas acusaciones a no continuar estigmatizando esta minga, que lo único que ha demostrado es una fuerza social colectiva desde las comunidades de base.

¿Cree entonces que hay una campaña para desprestigiar la protesta de los indígenas?

Hemos enfrentado toda una campaña de estigmatización, de señalamientos en contra de la minga por parte del Ministerio de la Defensa, de miembros de sectores políticos del partido de Gobierno, que han venido azuzando a vándalos a quienes les están pagando para que atenten en contra de las instalaciones físicas del Consejo Regional Indígena del Cauca en Popayán. Nosotros llamamos al Gobierno a garantizar el libre derecho a la protesta social de la minga como un derecho de participación colectiva como pueblos y comunidades indígenas. La minga no está infiltrada por ningún actor ilegal, han sido los pueblos quienes han enfrentado también a los actores ilegales en los territorios indígenas y así lo hemos demostrado históricamente. Esa posición de autonomía, de defensa del territorio, de defensa de la vida frente a todos los actores armados del conflicto es una posición indeclinable en la justa lucha del movimiento indígena a nivel nacional y en el Cauca. Pero a pesar de estos ataques, la minga se mantiene firme y con toda su capacidad política, organizativa en exigencia de la conversación con el presidente de la República y de los aspectos de orden reivindicativo que estamos discutiendo con cada uno de los sectores del Gobierno Nacional.

Precisamente los hechos de violencia alrededor de la protesta y las muertes que se han registrado son algunos de los argumentos de quienes dicen que la minga está infiltrada. ¿Cómo van las investigaciones para determinar quiénes son los responsables de estos hechos?

La muerte de los compañeros en La Delfina (Valle) es objeto de investigación en este momento por parte de las autoridades indígenas en el marco de la Jurisdicción Especial, pero también en el marco de la coordinación con las autoridades judiciales y quienes han acompañado este ejercicio. Un hecho trágico, lamentable y doloroso para todos, que requiere que se esclarezca en el menor tiempo posible para saber qué fue lo que pasó con esos compañeros. Sin embargo, las autoridades indígenas han sostenido y sostienen que fue un atentado en contra de los mingueros. Con respecto al asesinato, hace dos días, del minguero en el departamento del Cauca, aquí para nosotros es claro que esto fue un asesinato por parte de la Fuerza Pública y que tendrán que responder por la muerte de este compañero que estaba participando en la minga.

También ha habido debate respecto a las tierras que han sido entregadas a las comunidades indígenas. El presidente Iván Duque aseguró, por ejemplo, que hay 300.000 hectáreas en cabeza del CRIC…

El Estado colombiano tiene unas obligaciones en el marco de decisiones judiciales que ha habido —por ejemplo la masacre del Nilo, en 1991— y acuerdos posteriores que los gobiernos han venido firmando con el movimiento indígena a nivel nacional y con el CRIC. Y todos esos acuerdos se han venido acumulando, porque los gobiernos no han cumplido. De manera que no es un problema del movimiento indígena que esté reclamando hoy una cantidad de hectáreas de tierra, sino que son acuerdos incumplidos y que se han sumado durante más de veinte años. Y no solamente en el Cauca, en todo el país hay comunidades indígenas con esta necesidad de acceso a tierras. Aquí tenemos, por ejemplo, comunidades en distintas regiones totalmente hacinadas, desplazadas como consecuencia de la violencia. Entonces el tema del acceso a la tierra es un problema de carácter nacional.

¿Pero les han entregado tierras?

Según el Censo Nacional Agropecuario de 2014, de los 31 millones de hectáreas tituladas en tierras de resguardos de los pueblos indígenas, el 89,6 % son tierras de conservación, tierras para la biodiversidad, áreas protegidas que se traslapan con parques naturales. Tierras con la riqueza biológica, cultural y ambiental del país. Solamente hay un 7,6 % de esa porción de tierra apta para la producción. Una tierra en la que las comunidades indígenas —según ese mismo censo— están produciendo un millón de hectáreas de comida. Son datos oficiales. El otro tanto son tierras áridas y desérticas, como el caso de la media y alta Guajira.

Sobre el tema de inversión también hay polémica por los recursos adicionales que están pidiendo las comunidades…

Hay que precisar algo en este punto. Hubo un proceso de consulta y se llegó a un acuerdo de carácter nacional, en el que se acordó un monto indicativo de $10 billones para todo el país; pero la reclamación que han hecho los compañeros del CRIC la han hecho en el marco del decreto 1811, que es específico para el departamento del Cauca. Ese decreto incorpora la obligación de que el Gobierno concerte con los pueblos indígenas del CRIC un plan cuatrienal y por eso es que los compañeros le han planteado al Gobierno un monto adicional a lo que se acordó para el orden nacional frente a este instrumento de carácter jurídico, que de manera específica recoge unos compromisos especiales para el departamento del Cauca.

¿Entonces los diálogos están avanzando?

En este momento estamos revisando temas de orden reivindicativos y sectoriales con el Gobierno. En el caso del CRIC están en la revisión del plan cuatrienal que ellos han propuesto y en el caso de la minga nacional estamos en la revisión de los temas de orden nacional en materia de derechos humanos, inversiones en cada uno de los sectores, tierras, educación, salud, ambiental... en varios temas. Pero la minga sigue a la espera de la respuesta del señor presidente de la República, para poder discutir con él los asuntos de orden político.

¿Qué decirles a los sectores sociales y económicos que sienten que la minga afecta los derechos de las comunidades del suroccidente del país al generar desabastecimiento?

Nuestra recomendación a los sectores económicos es que también insten al Gobierno Nacional para ver si el señor presidente se sienta con los pueblos indígenas y podamos resolver este tema mediante el diálogo y la discusión política, como lo hemos planteado. No es el interés de los pueblos y las comunidades indígenas afectar el desarrollo social o económico de nuestro país; pero nosotros, que hemos sido históricamente reducidos, excluidos, oprimidos y exterminados, hoy tenemos que salir a la calle, salir a la minga a ejercer este derecho de participación colectiva para reclamar el cumplimiento de los acuerdos que hemos hecho con el Estado colombiano, porque hemos agotado el diálogo político en las mesas de trabajo, pero no hemos avanzado en asuntos estructurales para garantizar la supervivencia y la permanencia de los pueblos indígenas en Colombia.