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Preocupa el hacinamiento en la cárcel de Montería que alcanza una cifra del 135 por ciento, por lo que se organizó un consejo extraordinario de seguridad, este martes en Montería, con el fin de buscar soluciones que eviten el colapso del sistema judicial ante la problemática de exceso de detenidos en los calabozos de la Fiscalía y el traslado de reclusos a Valledupar y Santa Marta.
El Universal de Cartagena informó que el “plan reglamento” que adelanta el sindicato de guardianes ha restringido el ingreso de presos a la cárcel, exigiendo mejores laborales como la ampliación en el personal de vigilancia en la prisión ya que un solo guardia tiene que vigilar a 300 reclusos.
La rama judicial de Montería convocó al consejo, señalando que la protesta del Inpec ha afectado notoriamente sus labores, ante la negativa de recibir internos condenados o a aquellos cobijados con detención preventiva, así como la negativa de hacer el traslado a las audiencias programadas por los distintos juzgados.
Así mismo, indicaron que se han presentado inconvenientes al momento de imponer medidas de aseguramiento pues no tienen como obligación ejercer la custodia material de los detenidos, ni la infraestructura para ello. “Esa situación podría acarrear la fuga de los detenidos y la vulneración de sus derechos a estar en condiciones dignas”.
La reunión contó con la presencia del comandante de la Policía Metropolitana, coronel Javier Josué Martín Gámez, los presidentes de los Tribunales Sala Penal y Superior, presidente del Consejo Seccional de la Judicatura Sala Administrativa, Juez Coordinador de Servicios Judiciales Sistema Penal Acusatorio; Asonal Judicial, Jueces Penales Municipales; Jueces Penales del Circuito y de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, director de la cárcel Las Mercedes de Montería y representantes del Sindicato de Guardianes del Inpec.
Por su parte, la Personería de Montería ha recalcado las malas condiciones en las que se encuentran los reclusos debido al crítico hacinamiento.
La cárcel tiene capacidad para 850 presos y actualmente alberga a más de dos mil, por lo que los guardianes insisten en que no permitirán la entrada de un recluso más hasta que el Gobierno no solucione la problemática.