En momentos en que expertos en historia del mar le han advertido sobre el peligro de que Colombia pierda los derechos patrimoniales sobre cerca de 1.200 galeones hundidos en la época de La Colonia, el presidente Álvaro Uribe reformó la Comisión de Antigüedades Náufragas y declaró el caso como tema de Estado.
A través del decreto 2516 nombró al canciller Jaime Bermúdez y al ex consejero presidencial Fabio Echeverri Correa como miembros de la entidad encargada de velar por el patrimonio cultural sumergido en los mares de Colombia, a fin de que sesionen y decidan la posición del Gobierno frente a la doctrina de la justicia de los Estados Unidos, que en cuestión de días dejaría en manos de España todos los derechos sobre las embarcaciones que transportaban oro, plata y esmeraldas con destino a las arcas de la Corona ibérica.
“La decisión la tomó directamente el Presidente de la República”, le confirmó a El Espectador Juan Luis Isaza, director de Patrimonio del Ministerio de Cultura y quien respondió un cuestionario que se le había enviado a la ministra Paula Moreno, a propósito de los artículos publicados por este diario durante el último año en los que se denunció incluso el posible saqueo del galeón San José, hundido hace tres siglos por tropas inglesas en el Caribe colombiano. A bordo estaría un tesoro considerado “el santo grial” de La Colonia, que llegó a ser valorado en el Congreso Nacional en US$10 mil millones.
La Comisión es presidida por la Ministra y de ella también son parte el secretario jurídico del presidente Uribe, Edmundo del Castillo; el secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno; el jefe de la Dirección Marítima de la Armada, y los expertos Carlos Gustavo Arrieta, ex procurador general; el empresario Germán Montoya y Juan Manuel Prieto, abogado fundador de la firma Prieto & Carrizosa.
Controversia por Echeverri
“Se incluyó a la Cancillería, pues el Patrimonio Subacuático implica temas de soberanía y de diálogos con otros países y se aumentó el número de expertos a cuatro para tener un mayor apoyo en el momento de tomar decisiones”, respondió Isaza a la pregunta del nuevo papel del ministro Bermúdez y de Echeverri Correa.
Entre las fuentes consultadas generó controversia la inclusión de este último porque podría estar impedido frente al tema teniendo en cuenta que a comienzos de los años 90 tuvo un papel activo en la búsqueda del galeón San José en aguas cercanas a las Islas del Rosario. Sin embargo, quienes están a favor de su nombramiento destacan que fue su experiencia en el tema y su cercanía al presidente Uribe lo que llevó al Gobierno a tenerlo en cuenta.
En 1993 la entonces Comisión Asesora de Especies Náufragas le recomendó al gobierno de César Gaviria contratar la búsqueda y rescate del San José. Para el efecto fueron escogidas tres compañías, entre ellas la Columbus America Discovery & Group Inc., representada por Echeverri, ex presidente de la Asociación Nacional de Industriales y luego cabeza de las dos campañas presidenciales de Álvaro Uribe Vélez. También ha sido asesor de la empresa petrolera Northwest Energy, de la que su entonces presidente ofreció rescatar el galeón y abrir un museo en Cartagena.
No se trata de cualquier firma sino de la más reconocida en la materia porque su fundador es Thomas Thomson, el hombre que descubrió el mayor tesoro en la historia de los naufragios, el del Central America, un vapor al que hundió un huracán en 1857 en aguas cercanas al estado norteamericano de Carolina del Sur. Llevaba a bordo cuatro toneladas de oro.
Colombia destinó US$816 mil para el operativo del San José, sin embargo, dos semanas después se supo que la exploración submarina “no encontró ningún blanco de sonar”, “ni reveló evidencia que corrobore la hipótesis” de que estaba hundido a unas 12 millas de las islas. Así se descartó la teoría de la firma cazatesoros Glocca Morra Co. apoyada en un video y en un pedazo de madera que, tras prueba de carbono 14, resultó ser del siglo XX. Con base en tales estudios, el gobierno rechazó las pretensiones de Glocca para que la declararan descubridora del naufragio y con derechos sobre el hallazgo.
Aún así, esa empresa se transformó en Sea Search Armada (SSA) y continuó su batalla legal contra el Estado hasta que en julio de 2007 la Corte Suprema de Justicia decidió que todo lo que se considere patrimonio cultural es propiedad de los colombianos, pero aquello valorado como tesoro puede ser dividido por mitades entre la Nación y la entidad descubridora.
Desde entonces los norteamericanos han intentado que el gobierno de Álvaro Uribe autorice de nuevo la búsqueda y rescate del San José, que costaría US$40 millones y ellos estarían dispuestos a financiar.
El Jefe de Estado les ha respondido que no está obligado y que no hará nada sin un marco regulatorio. SSA amenaza con una demanda ante las mismas cortes de Estados Unidos que están por decidir la suerte de un tesoro de 594 mil monedas de oro y plata que iban a bordo de la fragata Nuestra Señora de Las Mercedes, hundida frente a costas portuguesas en 1804. Fue rescatado en 2007 por la firma norteamericana Odyssey y denunciado en Tampa porque allí funcionan tribunales de almirantazgo que asumen este tipo de casos y le reconocen una parte a los descubridores.
España, Perú y los familiares
El proyecto de fallo, elaborado por el juez Mark Pizzo y conocido por este diario, le entrega todo a España bajo la premisa de que se trataba de una nave de guerra protegida por “inmunidad soberana”. El gobierno español anunció que si se confirma la decisión, utilizará esa misma doctrina para recuperar unos 3.000 naufragios reportados en todo el mundo, más de mil en aguas colombianas.
El hecho llevó al gobierno de Perú ante la Corte de Florida pues buena parte de la fortuna, de la cual sólo se ha rescatado la mitad, fue acuñada en su país. Otros reclamantes son 130 familias descendientes de las víctimas y afectados por el hundimiento de Las Mercedes, entre ellas tres familiares argentinas de don Diego de Alvear, capitán de la fragata Menea, uno de los empresarios que había embarcado su fortuna hacia Cádiz: 26 mil monedas.
Carola, Eleanora y Matilde Daireaux Kinsky, también descendientes del príncipe Kinsky, están casadas con colombianos. Otro que aspira a ser resarcido es el descendiente del Primer Conde de Premio Real, Rafael Mariano Fernández De Lavalle, colombiano que ya puso en conocimiento del presidente Uribe y del canciller Bermúdez su requerimiento. Por primera vez accedió a dar la cara en El Espectador y explicó: “Lo que yo reclamo no es una gran fortuna, pero simboliza la historia de mi familia cuya memoria debe ser respetada y mis derechos constitucionales deben ser defendidos por el Gobierno de Colombia con una nota diplomática de protesta ante el Departamento de Estado norteamericano y el juzgado de Tampa”. La carga del Conde que él reclama con soportes genealógicos aparece en el manifiesto de carga de Las Mercedes: “500 pesos en plata doble de cordoncillo, un baulito de filigrana con seis marcos de plata y algunas piedrecitas de oro con 22 castellanos, 387.3 pesos de cordoncillo doble”.
El historiador del mar Daniel de Narváez fue quien los reunió y, a través del abogado norteamericano David Horan, interpuso demanda ante el juez Pizzo. Refuta la posición española porque la embarcación no iba en funciones militares sino comerciales y porque los familiares nunca fueron indemnizados. A la conexión colombiana se suma el hecho de que en el tesoro había monedas de oro y plata acuñadas en Bogotá y Popayán (ilustran las páginas).
El experto De Narváez acusa al presidente Uribe y a sus ministros de no hacer nada a pesar de estar al tanto desde hace un año y medio. Les acaba de advertir que podrían incurrir en los delitos de “traición a la Patria” y “traición diplomática”. El director de Patrimonio, Juan Luis Isaza, le reconoció a El Espectador que no hay fecha para tomar decisiones, que se tomarán “dependiendo de cómo avancen las discusiones”, que “no hay un inventario actualizado de naufragios en aguas colombianas. Se dice que hay aproximadamente 1.200 naufragios, pero la cifra exacta se desconoce”, y que “actualmente no se realiza ningún tipo de intervención sobre bienes del Patrimonio Subacuático”.
La Convención, ¿sí o no?
A pesar de las pruebas y de que el tiempo juega en contra, el Gobierno intercederá o no una vez la Comisión de Antigüedades analice los documentos de las cortes estadounidenses y siente posición definitiva sobre la suscripción o no de la Convención de la Unesco para la Protección del Patrimonio Sumergido. Dicho tratado fue promovido en 2001 por países como Colombia pero luego no lo firmó porque se demostró que resulta lesivo para los intereses nacionales, ya que declara a España como titular de los derechos sobre los hundimientos.
En el seno de la entidad hay dos tendencias, una que aboga por suscribirla y preservar los naufragios in situ para que no se degraden en tierra, es decir como museos en el fondo del mar, y otra en sentido contrario porque sostiene que ese tipo de experiencia funciona en mares profundos como el Mediterráneo pero no en aguas pandas como en el Caribe, donde hay un historial de saqueos.
En resumen, aquí están en juego los intereses de España, de multinacionales cazatesoros de los Estados Unidos, de las familias herederas y falta por establecer los de Colombia. De aquí surge la inquietud por el papel del ex consejero Fabio Echeverri en la Comisión, teniendo en cuenta sus antecedentes con firmas norteamericanas. El Espectador le pidió su opinión al respecto y su respuesta fue: “Yo he estudiado este tema durante muchos años, pero no voy a hablar ahora porque quien tiene la vocería de la Comisión es la Ministra de Cultura”.
Con Echeverri a bordo la Comisión de Antigüedades Náufragas ya sesionó el 9 de septiembre, luego de más de cuatro años de para. Está concentrada en dos temas: uno es un proyecto de ley que deje en claro el marco técnico-legal de localización, protección, estudio o intervención de los bienes sumergidos considerados patrimonio cultural de la Nación. El otro es definir la posición oficial frente a los tribunales de almirantazgo de los Estados Unidos, donde en últimas se sabrá si nuestro país podrá recuperar alguno de los tesoros que sobreviven a la ambición de La Colonia.
El Rey celebra y un colombiano investiga
Los galeones hundidos serán noticia el miércoles porque el rey Juan Carlos de España viajará a Japón para condecorar con la Orden de Isabel la Católica a los descendientes de las “ama”, las famosas buceadoras a pulmón de la costa de Ónjuku. Ellas salvaron hace cuatro siglos (30 de septiembre de 1609) a 317 de los 373 tripulantes de la nave española San Francisco que naufragó a causa de un tifón con un tesoro de “dos millones de hacienda”, que todavía no ha sido hallado. El hecho demuestra la importancia del tema para la Corona Española. La historia fue reconstruida en el documental Del naufragio a la amistad, del periodista y productor colombiano Gonzalo Robledo, radicado en Japón. En entrevista con El Espectador, dijo que hizo la investigación “ahora que se celebran los bicentenarios de la Independencia y la propiedad de los galeones es el tema más interesante”. Según él, el Gobierno de Colombia y las universidades deberían dedicarle más tiempo a este pasado por dilucidar.