Procuraduría investiga posible omisión de alertas de la Defensoría en la masacre de Samaniego

Entre los grupos armados que hacen presencia en Samaniego están las disidencias de las Farc y el Eln.

Foto: Germán Gómez Polo

La Defensoría del Pueblo advirtió el riesgo que vivían los ciudadanos por parte de de Grupos Armados Ilegales (GAI) en el suroccidente del país. Quedó registrado en las alertas tempranas 032 de 2019 y 018 de 2020. Sin embargo, no fueron suficientes para que las comunidades recibieran garantías por parte del Gobierno Nacional, un ejemplo de ello, fue la masacre de ocho jóvenes el pasado 15 de agosto, en Samaniego (Nariño).

La Procuraduría General abrió indagación contra funcionarios por la posible desatención de las alertas tempranas de la Defensoría de Pueblo, sobre los hechos ocurridos en Samaniego. En las alertas se advertía el posible peligro en que se encontraba el municipio de Samaniego desde el año 2019 por el accionar delictivo del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según ese ministerio, el riesgo se incrementó luego de la pandemia por el coronavirus, por los enfrentamientos con los Grupos Armados Ilegales (GAI), que se disputan el control territorial en esa parte de Nariño.

La Procuraduría ordenó a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, al Ministerio de Defensa Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal, para que informen las acciones implementadas desde sus competencias para monitorear los factores de riesgo señalados por la Defensoría del Pueblo.

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También se involucró a la Gobernación de Nariño, la alcaldía de Samaniego y a la personería municipal, con el objeto de que comuniquen las gestiones adelantadas con las diferentes entidades del orden nacional, regional y municipal para promover la protección de la población civil. “Con la apertura de la indagación preliminar, el ente de control busca verificar la ocurrencia de los presuntos hechos, los implicados y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, o si habría actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, explica la Procuraduría en un comunicado.

Es que los hechos que enlutaron al país, por cuenta de la masacre en Samaniego, fueron una muestra de la falta del Estado en esa región. Los ocho jóvenes asesinados en Samaniego departían en una casa de la vereda Santa Catalina, cuando fueron sorprendidos por miembros de un grupo ilegal sin identificar. Siete de los asesinados eran hombres, de los cuales uno estudiaba deportes. La única mujer estudiaba medicina. No superaban los 30 años. Ha pasado más de un mes y poco o nada se sabe de los responsables.

“Estamos en una anarquía, un desorden total en Nariño. Hay un recrudecimiento de la violencia en varios lugares: Policarpa, Leiva, zona rural de Tumaco, especialmente en Llorente. Hay una pérdida de control, porque los espacios que dejó la guerrilla de las Farc fueron ocupados por delincuentes, estructuras de disidencias, el Clan del Golfo y la delincuencia común, que se disputan las rutas del narcotráfico”, dijo el gobernador de Nariño, Jhon Alexánder Rojas, en entrevista con El Espectador el pasado 16 de agosto.

En esa zona se disputan los corredores geográficos para mover la droga hacia el Pacífico, los que transitan con la base de coca por los ríos San Juan y Pacual. Entre los grupos armados están las disidencias de las Farc y el Eln.

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