La Guajira invertirá $588.000 millones en el fortalecimiento de su matriz productiva
El departamento de La Guajira tiene uno de los potenciales más importantes del país en materia de transición a las energías renovables, especialmente la eólica. Al cierre de 2021 allí había 21 proyectos de generación y uno de transmisión que alimentan el mercado nacional.
La ubicación de La Guajira, en el extremo norte de Colombia, le ha dado al territorio una serie de características que lo ponen en la primera línea nacional en cuanto a temas como la renovación de la matriz energética del país. Su alto potencial de generación por fuentes alternativas como la eólica, hace que la transición a las energías limpias (una de las prioridades de los ocho departamentos de la región Caribe), tenga allí un espacio fértil para su desarrollo.
Esa es la razón por la cual el gobernador Jairo Aguilar Deluque puso la transición energética y el fortalecimiento de las economías relacionadas con este sector en el renglón principal del Plan de Desarrollo Departamental. Este tema está incluido dentro de la línea estratégica denominada “prosperidad económica y gestión del conocimiento”, cuyo objetivo es diversificar la economía del departamento, promover la competitividad, la innovación, la formación, la capacitación y el desarrollo de los sectores productivos.
Para la ejecución de los proyectos de ese sector, el departamento cuenta con un rubro de $588.047 millones, que incluye también a sectores productivos como el agro. El dinero se distribuirá en la ejecución de proyectos de inclusión de pequeños productores ($28.954 millones), infraestructura para la productividad del agro ($53.296 millones), ciencia, tecnología e innovación agropecuaria ($25.674 millones).
También en la ampliación de la prestación del servicio de gas domiciliario ($40.713 millones), el desarrollo sostenible del sector minero energético ($22.767 millones) y la consolidación productiva de la generación de energía ($46.034 millones).
Su hoja de ruta también se dirige en otras tres líneas: desarrollo y justicia social ($2.3 billones), con el mayor rubro de recursos por incluir sectores como salud, educación y seguridad); territorio sostenible y resiliente ($345.449 millones), que tiene su foco en la protección del medio ambiente; y gobernanza y convergencia territorial ($232.477 millones), que busca mejorar la gestión administrativa de la Gobernación y reafirmar la confianza en la transparencia de las instituciones. En total, costará $3.4 billones implementar el plan plurianual de inversiones con el que se beneficiarán los 1.05 millones de habitantes del departamento.
Uno de los elementos más innovadores en la apuesta de La Guajira para renovar y fortalecer su matriz productiva es el desarrollo de la economía azul de manera sostenible. Incluye todas las actividades que se relacionan con la posición geográfica estratégica del departamento (cuya península está rodeada por el mar Caribe), como el reciente paso de cruceros que han impreso un nuevo dinamismo a su economía.
También se proyecta el desarrollo de infraestructura y servicios para la producción agropecuaria y la competitividad, la promoción de la innovación y la tecnología en las prácticas de ese sector, el fortalecimiento de la asociatividad y la economía popular agrícola, y el fortalecimiento y promoción de su potencial turístico. Todos, elementos que permitirán mejorar el índice de competitividad de La Guajira, que para 2024 es de 3.99 y la ubica en el puesto 25 a nivel nacional.
Lea también: En el Caribe los proyectos de competitividad benefician a 10.7 millones de personas
En Magdalena la apuesta es continuar por la ruta de la equidad para sus 1.5 millones de habitantes
En los últimos años, el departamento ha experimentado una disminución sostenida de los índices de pobreza multidimensional, pasando del 33.4% en 2020 al 21,4% en 2023, según el DANE. El objetivo de la Gobernación es seguir mejorando la calidad de vida de las personas.
Durante el último cuatrienio, el Magdalena ha invertido recursos por el orden de los $1.5 billones para reducir los índices de pobreza y los niveles de inequidad entre sus habitantes. No en vano, de 2020 a 2023, la pobreza multidimensional cayó más de diez puntos porcentuales, siendo el departamento de la región Caribe con los mejores resultados en esa materia, y el segundo a nivel nacional. Factores como la reducción del desempleo, que pasó de 11.63% en 2020 a 9.77% en 2022 (incluso en un escenario complejo por la pandemia de Covid-19), aportaron significativamente a la consolidación de esas cifras.
Por esa razón, la administración, al frente del gobernador Rafael Martínez, adoptó como principal objetivo de su gobierno seguir adelante con la disminución de las cifras negativas en sectores como el acceso a servicios públicos y la empleabilidad. El objetivo: aumentar los índices de equidad y ofrecer mejores condiciones de vida digna a los 1.513.782 habitantes del Magdalena.
Para hacerlo, la Gobernación priorizó dentro de su Plan de Desarrollo Departamental una partida presupuestal de $4.949.461 millones para el cuatrienio, dirigidos al cumplimiento de las metas de la línea de equidad. Esta abarca asuntos claves para la generación de condiciones de calidad de vida, como la educación ($3.700.750 millones), seguridad alimentaria ($4.800 millones) y agua potable ($76.634 millones).
En esa línea también se tienen en cuenta factores como el crecimiento económico a través del desarrollo del emprendimiento innovador (con énfasis en sectores como las mujeres, beneficiadas con la continuidad de proyectos como Modistas del Cambio); la sostenibilidad y la capacidad de gestión social.
Las otras tres líneas de la hoja de ruta del departamento están dirigidas a medio ambiente, protección de ecosistemas y biodiversidad ($33.099 millones); empleo y productividad ($944.859), que abarca sectores como el desarrollo agropecuario, turístico, empresarial y de infraestructura para la conectividad; y la gobernabilidad ($170.694 millones), que incluye temas como autonomía territorial, seguridad, paz, derechos humanos y participación ciudadana.
En total, serán $6.098.113 millones los que se invertirán durante el cuatrienio para la ejecución de los programas y proyectos de la Gobernación. Los recursos se distribuirán de forma equitativa cada año, con rubros entre los $1.334.941 y $1.801.593 millones.
Uno de los elementos destacados del proyecto de trabajo de Martínez es el enfoque de convergencia regional para la transformación territorial, así como la centralidad de la familia y la primera infancia dentro de los puntos focales para la equidad. Se priorizarán programas dirigidos a lograr un departamento con hambre cero, ejecución transparente de los Planes de Alimentación Escolares (PAE), fortalecimiento de los centros de recuperación nutricional y seguimiento a la implementación de la política pública alimentaria.
También tienen un lugar importante los proyectos relacionados con el acceso a vivienda y servicios públicos en áreas rurales y urbanas del departamento, como tema fundamental para garantizar la vida digna de los ciudadanos.
San Andrés, Providencia y Santa Catalina avanzan con $261.000 millones para resiliencia climática
El Archipiélago comparte con los departamentos del Caribe el objetivo de aprovechar su alto potencial de generación de energías alternativas. Por eso, la hoja de ruta del departamento está dirigida hacia la transformación desde el ordenamiento territorial y ambiental.
La transición energética no es un asunto nuevo para gobernantes y habitantes del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Por el contrario, allí avanzan en el desarrollo de iniciativas para alcanzar una mejor eficiencia energética del departamento, como la implementación de pilotos de transporte público eléctrico y la producción de energía en granjas solares para experimentar su inyección y funcionamiento en los edificios públicos y viviendas.
Esto responde a la visión colectiva de un territorio insular donde la prosperidad está directamente ligada al desarrollo sostenible, así como el reconocimiento de la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente por parte de sus 62.249 habitantes, para garantizar el bienestar y la vida armónica de la comunidad raizal.
Esa es la razón por la que su gobernador, Nicolás Gallardo, propuso un Plan de Desarrollo Departamental junto a su equipo de trabajo que está dirigido de manera especial hacia el ordenamiento territorial, la resiliencia climática y la gestión del riesgo de desastres.
Y no es para menos; según un informe publicado por Biomaps, entre 1985 y 2022 el Archipiélago perdió el 74.2% de sus manglares, lo que corresponde a 149.6 millones de hectáreas. La situación tiene a agudizarse por los retos que plantea el panorama ambiental actual. Con la propuesta de la Gobernación para este cuatrienio, el objetivo es fortalecer la acción y respuesta institucional frente a situaciones de riesgo y desastres, lo cual tiene efectos directos sobre la protección de la vida y del ecosistema turístico que mueve la economía de las islas.
Para ello, tomarán medidas de disminución de las condiciones de riesgos actuales y futuros, mejoramiento de la capacidad adaptativa de la población, de los ecosistemas terrestres, marino-costeros y la infraestructura insular.
El desarrollo de esas medidas se agrupa en una línea de su plan plurianual de inversiones que justo lleva el nombre de “resiliencia climática” y que tendrá una apropiación presupuestal de $261.728 millones en el cuatrienio. Estos recursos se dividirán en la ejecución de acciones relacionadas con planeación sostenible ($87.439 millones) y ambiente y gestión del riesgo ($174.288 millones).
La resiliencia climática tiene un enfoque integral hacia la protección de los ecosistemas estratégicos y el fomento de prácticas amigables con el entorno; el eje de ambiente y gestión del riesgo, parte de la urgencia de enfrentar los desafíos e impactos del cambio climático sobre las islas.
Las otras tres líneas de inversión del departamento son dignidad ($992.221millones), que abarca educación, salud y servicios públicos; competitividad ($671.288 millones), que incluye turismo, agricultura, pesca, movilidad y productividad. También la línea de oportunidades ($666.305 millones), que acoge desarrollo social, seguridad y convivencia ciudadana, deporte y cultura; y gobernanza ($134.838 millones) que aborda el fortalecimiento institucional y las finanzas públicas.
El departamento proyecta de esa forma alcanzar el crecimiento integral del territorio, el bienestar para los ciudadanos, la inclusión social, la conservación del medio ambiente y el desarrollo económico. Todo en el marco de los lineamientos para la vida en la Reserva de Biosfera Seaflower, que integra al complejo de las tres islas.
Le puede interesar: Estos son los proyectos clave de la transición energética en el Caribe colombiano
Sucre se proyecta como líder en eficiencia energética con $214.000 millones de inversión
Según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), en 2021 la región Caribe tuvo una demanda de 20.107 gigavatios-hora (GWh); un aumento del 4.89% respecto al año inmediatamente anterior. Sucre es uno de los departamentos que avanza para satisfacer los requerimientos del mercado.
Sucre, La Guajira y Córdoba son tres de los departamentos del Caribe colombiano con mayor potencial para la generación de energía fotovoltaica, en el marco de la transición energética que proyecta el país. No en vano, en julio de 2024 la gobernadora Lucy García Montes, hizo parte del lanzamiento de la Gerencia Sabanera, junto al también mandatario Erasmo Zuleta (Córdoba). Este es un organismo pionero del sector, que se encargará de la planificación, organización y consolidación de los proyectos energéticos de transición, de la mano del Gobierno Nacional.
En coherencia con iniciativas como la anterior, la Gobernación de Sucre diseñó un Plan de Desarrollo Departamental que busca impulsar dos asuntos clave para mantener su liderazgo en el Caribe: la competitividad y la eficiencia energética. El objetivo es seguir adelante en la búsqueda del desarrollo integral de la región, a partir de la modernización de la infraestructura eléctrica y la promoción de la explotación de fuentes de energía renovable, que apalanquen el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental.
Por esa razón, el énfasis de los esfuerzos de la administración está puesto en parte en la línea estratégica de competitividad sostenible, que tendrá recursos para ejecución de proyectos por el orden de los $348.450 millones de pesos. Además del fortalecimiento del sector energético, incluye recursos para todo el ámbito de la productividad, como turismo ($118.627 millones), comercio e industria ($15.468 millones), trabajo y empleabilidad ($6.387 millones), tecnología, ciencia e innovación ($56.824 millones). También agricultura y desarrollo rural, un sector compuesto por cinco proyectos estratégicos que en total sumarán una inversión de $151.143 millones.
Las otras tres líneas claves de la hoja de ruta trazada para Sucre también tienen recursos asignados: transformación del ser humano ($3.6 billones de pesos), que acoge los asuntos de inclusión social, educación, salud, deporte, recreación, cultura y bellas artes. Territorio, sostenibilidad y oportunidades ($1.2 billones), donde están los temas de vivienda, ciudad y ordenamiento territorial, medio ambiente, transporte, tecnologías de la información y las comunicaciones.
Aquí también está incluido el sector de minas y energía, que va en la línea del principal objetivo del departamento y cuya inversión específica será de $214.422 millones, distribuidos en tres proyectos. Institucionalidad y paz cierran la lista de pilares del departamento, con inversiones de $266.904 y $3658 millones, respectivamente.
En total, serán $5.5 billones de pesos a invertir durante el cuatrienio para alcanzar los objetivos planteados. El aporte más importante será el del Sistema General de Participaciones, destinado a la financiación del sector educativo y que representa el 50.58% de los recursos (2.98 billones). Otro poco más del 30% de las inversiones se harán con dinero de regalías (15.75%) y con cofinanciación por parte de la Nación (15.62%).
El esfuerzo estratégico y financiero que proponen la gobernadora Montes y su equipo de trabajo tiene, al final, un solo objetivo: poner a las comunidades en el centro de las decisiones y las acciones del departamento.
*Este es un contenido desarrollado en el marco de la iniciativa Construyendo Regiones de Progreso, de la Federación Nacional de Departamentos, y apoyado por El Espectador.