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El sector de la vigilancia y la seguridad en Colombia mueve $6,8 billones, lo que representa el 1,3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. La semana pasada, el secretario de Transparencia, Rafael Merchán, y el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Andrés Villamizar, denunciaron un escándalo de corrupción que involucraba a funcionarios de esta entidad y empresas privadas con las que contrata. El Espectador habló con el superintendente de Vigilancia y Seguridad, Fernando Lozano, quien es el encargado de vigilar al sector para saber qué investigaciones se vienen adelantando a la entidad sobre estas empresas privadas que hoy están inmersas en un escándalo de corrupción.
¿Qué responsabilidad le cabe a la Superintendencia de Vigilancia respecto a los escándalos revelados por la UNP y la Secretaría de Transparencia, ya que son empresas vigiladas por ustedes?
Otorgamos las licencias con previo cumplimiento de todos los requisitos por parte de las empresas arrendadoras. Más adelante, si en el desarrollo de su operación comercial adelantan algún tipo de labor ilegal y se logra detectar, entramos a investigar. Antes de eso nos queda difícil entrar a sancionar empresas que no han recibido ninguna denuncia ni queja.
Pero ya hay una denuncia formal: el CTI ha dicho que una de las uniones temporales, Protección 33, que contrata con la Unidad de Protección, está inmersa en la entrega de coimas. En ese caso, ¿qué puede hacer la Superintendencia?
Mientras no haya una sentencia o una imputación de cargos consolidada, no podemos entrar a tomar medidas de carácter administrativo que más adelante le van a generar una demanda a la Superintendencia. Pero sí estamos muy pendientes de las irregularidades que puedan estar cometiendo. Es peligroso tomar una decisión de carácter administrativo frente a un proceso penal que apenas está arrancando.
Sin embargo, sabiendo de este escándalo de corrupción podrían empezar una inspección a estas empresas, ¿o no?
Ya libramos el auto de inspección, no sólo a la empresa que está incursa en esta irregularidad sino a las cuatro que están contratando con la UNP, para poder hacer un inventario de los vehículos que tienen y de los que tienen arrendados con la UNP y ver si ese balance nos coincide perfectamente.
¿Las licencias a estas empresas se están dando con el cubrimiento de todos los requisitos? Se lo digo porque ya incluso se está hablando de trámites con sobornos de por medio.
Este es un contrato que ya estaba en funcionamiento cuando llegué a la Superintendencia. Sin embargo, son empresas que hoy tienen vigente su licencia, aunque las estamos revisando.
¿Cuántas licencias ha otorgado usted mientras ha estado en la Superintendencia?
Hay 20 empresas arrendadoras que están habilitadas para este tipo de actividades. De ellas, durante el año que yo he estado, sólo se ha tramitado licencia para tres, que no están sometidas a esta investigación por parte de la Fiscalía.
¿Qué opina sobre esas cuatro uniones temporales que contratan hoy con la UNP y que están siendo investigadas por la Fiscalía?
Como en todos los sectores, aquí pasa que hay empresas pequeñas, medianas y grandes; por supuesto, las grandes tenían más infraestructura para ganarse esas licitaciones. Por esa razón ya le queda de resorte a la UNP cómo se estructuran los pliegos para que pudieran participar más empresas y así permitir que exista mayor competencia.
¿Qué tipo de controles tienen para habilitar las uniones temporales o consorcios para contratar con el Estado cuando están viciadas por ser empresas que pertenecen a los mismos dueños? Porque es innegable que mientras en Cámara de Comercio no figuran con su nombre como socios, sí lo son sus esposas e hijas.
El espíritu que pretendemos tener es evitar que una persona pueda ser dueña de varias empresas que prestan el mismo servicio y así evitar este tipo de conflictos en la adjudicación de una licitación. Lastimosamente, en derecho, cuando una persona tramita con todos los requisitos una licencia en donde aparece otro nombre, esto hace que no podamos decirle por discrecionalidad que no se le da la licencia porque presumimos que la empresa es de alguien más.
Es decir, ¿la Superintendencia no puede hacer nada si hay varias empresas que son del mismo dueño pero en papeles aparecen unos testaferros que son sus familiares?
A raíz de lo que ha sucedido, estamos prohibiendo que familiares sean dueños de empresas del mismo servicio. Se quiere prohibir que exista este monopolio de mercado para las licitaciones, pero así mismo para las empresas extranjeras.
Ya que habla de las empresas extranjeras, ¿cómo puede la Superintendencia consentir capitales extranjeros si en el Estatuto de Vigilancia (decreto 356 de 1994) se prohíben? ¿Cómo es eso que el mismo Estado está contratando con esas empresas que hoy viven en un limbo jurídico, como es el caso de Prosegur?
Este es un tema que ha sido satanizado por algunas personas que tienen intereses en el sector. Cuando nació ese decreto ya había empresas extranjeras funcionando en el país, por eso se estableció que a las que fueron constituidas antes de 1994 se les respetaría su composición accionaria.
Lo que sucede es que la empresa Prosegur tiene inversión extranjera que llegó después de 1994 al comprar Vimarco, una empresa del departamento de Bolívar. ¿No hay aquí un limbo jurídico en el que se encuentra por lo menos esa empresa?
La licencia de esa empresa en este momento se encuentra en trámite, y si me pronuncio al respecto me recusan. Lo que sí le puedo garantizar es que ha hecho un trabajo juicioso.
Entiendo que no quiera que lo recusen, pero explíqueme: ¿cómo está funcionando esa empresa y tiene un contrato con el Estado cuando jurídicamente no se sabe a ciencia cierta si puede funcionar o no?
La norma 019 dice que las licencias son establecidas por cinco años; si la Superintendencia se pasa esos cinco años para su renovación, la licencia anterior se entenderá por extendida mientras la entidad toma la decisión. Yo en esto he involucrado a todos los entes del Estado para no tomar una decisión sin tener un panorama completo.
Usted sabe que hay varios sindicatos de escoltas en el país que se quejan de que no se les cumple con las condiciones laborales. ¿Qué tipo de control hacen ustedes para que esto no siga sucediendo?
Acabamos de solicitar una relación de escoltas con las referencias de pago, inclusión al sistema de salud y cómo se están desarrollando los viáticos de estas empresas para con ellos.
‘Quien tiene recursos paga su esquema de seguridad’
¿Por qué ha aumentado tanto la demanda por esquemas de seguridad en el país?
Hay personas que, cuando se les retira el esquema por parte de la UNP, como tienen los recursos para pagarlo ellos mismos, solicitan el permiso a la Superintendencia. Y ahora el director de la UNP ha hecho un reacomodo en la entidad que hace que muchas de estas personas queden sin protección y lo han solicitado a nuestra entidad; eso hace que se dispare la demanda de los departamentos de seguridad.
¿Qué miran ustedes para darle el permiso a una persona de tener un esquema de seguridad?
Ameritar el riesgo y no tener antecedentes con la justicia.
¿Sí hay tanta gente que tenga esos riesgos de seguridad en el país?
Hay varias personas que manejan ganadería y que están expuestas en zonas rurales o que manejan un flujo de caja importante y que pueden ser objeto de ataques por parte de la delincuencia común.