¿Qué hacer con la minería ilegal?

¿Cuáles son los principales retos en seguridad y control de territorios en cuanto a las zonas de minería ilegal una vez las Farc se reintegren a la vida civil? Esta fue una de las preocupaciones que estuvieron sobre la mesa en el debate “Apuestas y desafíos en la lucha contra la minería ilegal”, organizado por El Espectador, la Fundación Paz y Reconciliación y la Universidad Santo Tomás.

Para responder esa pregunta, varios de los panelistas discutieron sobre conceptos previos que se debían tener en cuenta dentro de las nuevas políticas mineras y ambientales que se vayan a desarrollar desde el Gobierno. Silvana Habid, presidenta de la Agencia Nacional Minera (ANM), señaló que es muy necesario hacer la diferenciación entre la minería legal y la ilegal, y que esta es una de las grandes apuestas de su entidad.

“Desde acá se promueve la minería bien hecha, la que cumple con los requisitos que exigen las autoridades ambientales”, señaló, y agregó que es necesario que las autoridades locales utilicen las herramientas con las que cuentan para combatir este tipo de minería.

En ese sentido, Aníbal Fernández de Soto, viceministro de Defensa, comentó que hay proyectos de ley que se promueven desde el Gobierno para endurecer las sanciones contra quienes practican la minería ilegal que, según explicó, mueve el doble de recursos que el narcotráfico y se concentra en zonas dispersas del país.

“El problema de la extracción ilícita está en 25 departamentos, en cerca de 220 municipios. Como el problema es tan disperso, implica un desafío operacional mucho mayor por parte de la Fuerza Pública”, dijo Fernández.

También señaló que esta actividad no sólo sirve como fuente de financiación para grupos armados ilegales, sino que genera graves daños al medioambiente y por eso se busca que el delito de la extracción ilegal no sea excarcelable y, al tiempo, crear un nuevo tipo penal para las actividades que se relacionen con la minería ilegal.

Por otra parte, para Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, una de las formas más efectivas de combatir la minería ilegal es permitir la legal, “que cuenta con las autorizaciones ambientales, le pone la cara al Estado y tiene la capacidad de llegar a los territorios con los controles que se requieran”.

Sin embargo, la propuesta de Duván Meza, decano de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Santo Tomás, en medio de un tema que considera complejo, es que se puedan unificar los procedimientos ambientales y mineros para evitar que ciertos sectores de la actividad puedan quedar por fuera y que el Estado sea el facilitador que genere los mecanismos para la protección del medioambiente.

Control de territorios

Más allá de la financiación de estructuras ilegales, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, señaló que uno de los graves problemas es que los ilegales, además, controlan el mercado y administran los negocios en los territorios.

“¿Cómo evitamos que esos territorios sean tomados por otros actores armados ilegales cuando las Farc no estén? No hay una estrategia clara para eso, a pesar de los esfuerzos de las Fuerzas Militares y la Policía”, dijo.

Agregó que los retos en seguridad varían de los territorios, sobre todo donde la actividad es más fuerte, como en el Pacífico, en donde además hay cultivos de coca y de donde se tiene información de la llegada del Eln, por ejemplo.

“En términos generales, uno preferiría la gran minería porque, en últimas, también tiene grandes proyectos de impacto en la comunidad, sin embargo, hay otros problemas como el ordenamiento territorial”, señaló, y explicó que la forma de llegada de los proyectos mineros y del Estado debe ser diferente, porque la comunidad no entiende cómo se realizará la explotación y se termina especulando y, muchas veces, prefiriendo la minería ilegal. En pocas palabras, dijo que se debe preparar mejor la llegada de los proyectos mineros a la comunidad, una propuesta con la que estuvo de acuerdo Habid, de la Agencia Nacional Minera.

Crisis de empleo

Otro punto que quedó sobre la mesa, y que puso en debate León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, fue la crisis de empleo que se generaría en las zonas en que la minería ilegal es una de las principales fuentes de ingreso.

“Hay miles de personas enganchadas a esta actividad como empleo. En Urabá le pagan a un joven de 17 años entre $600 y $1 millón, le da una moto y un radio para que cubra el negocio. ¿Hay alternativas distintas para estos jóvenes? Podría haber un gran problema de empleo”, indicó.

Este fue el primer debate sobre el tema de la minería ilegal en el posconflicto, tratado en el espacio de Debates El Espectador, en el que ya se ha discutido sobre otros factores necesarios para la implementación de un acuerdo y para que sus efectos sean notables en las regiones más profundas y alejadas del país.

¿Cuáles son los principales retos en seguridad y control de territorios en cuanto a las zonas de minería ilegal una vez las Farc se reintegren a la vida civil? Esta fue una de las preocupaciones que estuvieron sobre la mesa en el debate “Apuestas y desafíos en la lucha contra la minería ilegal”, organizado por El Espectador, la Fundación Paz y Reconciliación y la Universidad Santo Tomás.

Para responder esa pregunta, varios de los panelistas discutieron sobre conceptos previos que se debían tener en cuenta dentro de las nuevas políticas mineras y ambientales que se vayan a desarrollar desde el Gobierno. Silvana Habid, presidenta de la Agencia Nacional Minera (ANM), señaló que es muy necesario hacer la diferenciación entre la minería legal y la ilegal, y que esta es una de las grandes apuestas de su entidad.

“Desde acá se promueve la minería bien hecha, la que cumple con los requisitos que exigen las autoridades ambientales”, señaló, y agregó que es necesario que las autoridades locales utilicen las herramientas con las que cuentan para combatir este tipo de minería.

En ese sentido, Aníbal Fernández de Soto, viceministro de Defensa, comentó que hay proyectos de ley que se promueven desde el Gobierno para endurecer las sanciones contra quienes practican la minería ilegal que, según explicó, mueve el doble de recursos que el narcotráfico y se concentra en zonas dispersas del país.

“El problema de la extracción ilícita está en 25 departamentos, en cerca de 220 municipios. Como el problema es tan disperso, implica un desafío operacional mucho mayor por parte de la Fuerza Pública”, dijo Fernández.

También señaló que esta actividad no sólo sirve como fuente de financiación para grupos armados ilegales, sino que genera graves daños al medioambiente y por eso se busca que el delito de la extracción ilegal no sea excarcelable y, al tiempo, crear un nuevo tipo penal para las actividades que se relacionen con la minería ilegal.

Por otra parte, para Santiago Ángel, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, una de las formas más efectivas de combatir la minería ilegal es permitir la legal, “que cuenta con las autorizaciones ambientales, le pone la cara al Estado y tiene la capacidad de llegar a los territorios con los controles que se requieran”.

Sin embargo, la propuesta de Duván Meza, decano de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Santo Tomás, en medio de un tema que considera complejo, es que se puedan unificar los procedimientos ambientales y mineros para evitar que ciertos sectores de la actividad puedan quedar por fuera y que el Estado sea el facilitador que genere los mecanismos para la protección del medioambiente.

Control de territorios

Más allá de la financiación de estructuras ilegales, Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, señaló que uno de los graves problemas es que los ilegales, además, controlan el mercado y administran los negocios en los territorios.

“¿Cómo evitamos que esos territorios sean tomados por otros actores armados ilegales cuando las Farc no estén? No hay una estrategia clara para eso, a pesar de los esfuerzos de las Fuerzas Militares y la Policía”, dijo.

Agregó que los retos en seguridad varían de los territorios, sobre todo donde la actividad es más fuerte, como en el Pacífico, en donde además hay cultivos de coca y de donde se tiene información de la llegada del Eln, por ejemplo.

“En términos generales, uno preferiría la gran minería porque, en últimas, también tiene grandes proyectos de impacto en la comunidad, sin embargo, hay otros problemas como el ordenamiento territorial”, señaló, y explicó que la forma de llegada de los proyectos mineros y del Estado debe ser diferente, porque la comunidad no entiende cómo se realizará la explotación y se termina especulando y, muchas veces, prefiriendo la minería ilegal. En pocas palabras, dijo que se debe preparar mejor la llegada de los proyectos mineros a la comunidad, una propuesta con la que estuvo de acuerdo Habid, de la Agencia Nacional Minera.

Crisis de empleo

Otro punto que quedó sobre la mesa, y que puso en debate León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, fue la crisis de empleo que se generaría en las zonas en que la minería ilegal es una de las principales fuentes de ingreso.

“Hay miles de personas enganchadas a esta actividad como empleo. En Urabá le pagan a un joven de 17 años entre $600 y $1 millón, le da una moto y un radio para que cubra el negocio. ¿Hay alternativas distintas para estos jóvenes? Podría haber un gran problema de empleo”, indicó.

Este fue el primer debate sobre el tema de la minería ilegal en el posconflicto, tratado en el espacio de Debates El Espectador, en el que ya se ha discutido sobre otros factores necesarios para la implementación de un acuerdo y para que sus efectos sean notables en las regiones más profundas y alejadas del país.