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La vía Cali - Buenaventura está cerrada porque las grietas que se abrieron en medio de la carretera, en Loboguerrero, no han dejado de crecer. Algunas ya tienen más de metro y medio de profundidad y más de 30 centímetros de ancho, por lo que quienes viven en la zona tuvieron que evacuar.
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Según Invías, la emergencia se presentó tras una creciente del río Dagua, que erosionó un talud inferior, por lo que hay riesgo de deslizamientos de la vía, pero el problema es mucho más grande en el municipio, porque sumado a esto se cayeron dos puentes que son vía de acceso de cuatro corregimientos, así como 20 viviendas fueron destruidas por la creciente del río y 61 más quedaron inhabitables.
Por ello, la alcaldesa de Dagua, Ana María Sanclemente, hizo un llamado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (Ungrd) para brindar la ayuda humanitaria y al Gobierno Nacional para atender las reubicaciones y las afectaciones en vías internas y cultivos. “El llamado es a que nos ayude a atender los dos puentes que se vieron afectados, que sería la ruta alterna que tendríamos porque comunidades de Loboguerrero y Cisneros en este momento tienen dificultad para acceder al puesto de salud. Nos estamos demorando dos horas desde el casco urbano hasta los corregimientos, llegando por otros municipios”.
La situación se repite en por lo menos 289 municipios en los que se ha declarado la calamidad pública por cuenta de las lluvias, mientras que en 748 han tenido algún tipo de afectación, según la Ungrd. Por esto a las autoridades les preocupa lo que pueda pasar, ya que según el Ideam las lluvias continuarán por el resto de noviembre, con mayor inensidad en las regiones Andina y Caribe, por lo que cada vez son más los alcaldes que requieren ayudas para atender y prevenir nuevas urgencias.
“Ya la situación ha crecido tanto que los municipios no pueden, ni los departamentos en sí mismos, solucionar con eficacia los problemas que se derivan del desastre climático. Le toca a la Nación y también podríamos colapsar, si esto se intensifica de la manera como se está intensificando”, dijo el presidente Gustavo Petro, el pasado viernes que anunció que se declararía la emergencia y el desastre natural en el país.
La declaratoria se ampara en la Ley 1523 de 2012, en la que se establece que para hacer expedir la emergencia se requiere tener en cuenta tres factores. El primero está relacionado con el riesgo o afectación a bienes colectivos o de la administración pública en todo el país o gran parte de esta; la segunda, con las afectaciones económicas y en las redes de servicios públicos que se puedan generar, mientras que la última se refiere a lo que resaltó Petro y es al “impacto rebase la capacidad técnica y los recursos de las administraciones departamentales y municipales involucradas”.
El plan es mover los recursos que dejó presupuestado el anterior Gobierno y las partidas que no se están ejecutando en los ministerios para atender los estragos por las lluvias. Además, se plantea que los recursos sean administrados a través de una cuenta especial y, según Javier Pava, director de la Ungrd, se está implementando un sistema de protección financiera con el Ministerio de Hacienda, para garantizar que el dinero llegue a los damnificados.
Junto a esto se está reestructurando el Plan Nacional de Respuesta ante Desastres y se determinó que Pava se encargará de la reconstrucción de las zonas afectadas por el invierno, que incluyen La Mojana, Puerto Wilches y el Uraba antiqueño, que se han visto afectados desde la primera temporada de lluvias, mientras que desde hace unas semanas el Gobierno Nacional ha recomendado a los alcaldes levantar los mapas de riesgo y el censo de las familias que deberían ser evacuadas preventivamente.
“También es entender que es una responsabilidad compartida, porque la primera respuesta debe estar desde las alcaldías y gobernaciones. Por eso les pedimos a los mandatarios que pidan ayuda al Gobierno Nacional y buscamos la forma de apoyarlos como ya lo estamos haciendo con los más de 200 municipios que nos han dicho que no tienen capacidad de responder”, ha dicho Pava.
Ahora las principales emergencias se concentran en Antioquia, Valle del Cauca y Huila. En el primero, los municipios aledaños al río Cauca se han visto afectados por inundaciones, que, por ejemplo, en Cáceres produjo pérdidas de cultivos de plátano y arroz, mientras que en El Bagre, por creciente del río Nechí, alrededor de 2.500 personas se encuentran damnificadas.
En Huila, una niña de 13 años murió luego de que un alud de tierra cayó sobre su vivienda, mientras que un deslizamiento en el municipio de Santa María afectó cinco vías. En el caso del Valle del Cauca, además de la emergencia en Dagua, hay inundaciones en el casco urbano de Buenaventura, afectaciones en casas y cultivos en Trujillo por un vendaval y 150 familias afectadas por inundaciones del río Cauca.
Además, se han presentado otras urgencias en la costa, como el aumento de los niveles del embalse Guájaro, en el sur del Atlántico, así como inundaciones que dejan 15.000 damnificados en Bosconia, Cesar, y alrededor de 300 afectados en Villanueva y Barrancas, en el sur de La Guajira.
Por ahora, en presidencia se reúne el Consejo Nacional de Riesgo en el que finalmente se dará la declaratoria y con ello las condiciones para atender las emergencias por lluvia, que se espera conocer al final de la tarde de este 31 de octubre.