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La Universidad Industrial de Santander (UIS) ha sido noticia en las últimas semanas por buenas cosas, como por haber sido la sede del Torneo Internacional de Física que por primera vez se hizo fuera de Europa, así como por el reconocimiento de cinco de sus estudiantes en un certamen mundial de geólogos petroleros. Sin embargo, dentro de la institución las alteraciones de orden público obligaron a replantear el primer semestre académico que ahora irá hasta septiembre, mientras que en el aire continúan los descontentos en la comunidad estudiantil por lo que ha ocurrido en los primeros meses de este año.
El hecho más llamativo ha sido sin lugar a dudas fue el que se registró en los grados del pasado 20 de mayo. Dos encapuchados entraron a la ceremonia en el auditorio Luis A. Calvo y abordaron al rector Hernán Porras. Aunque al principio el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, manifestó que se trató de un “intento de llevárselo”, los estudiantes dicen que la idea era leer un comunicado a los asistentes en el que manifestaban las inconformidades de la comunidad universitaria.
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Por esos días las actividades académicas estaban suspendidas, tras la instalación de una mesa permanente, por la situación de las trabajadoras de los comedores de la UIS. “Ellas nos contaron las condiciones laborales complejas en términos de horarios, tiempos de descanso, de la misma infraestructura que no estaba en condiciones para preparar alimentos ni para tantas personas y la maquinaria no era óptima. Lo que pedíamos era que se estableciera una mesa de diálogo entre trabajadores y administrativos para solventar esos temas. Se trazó un plan a corto, mediano y largo plazo y ahí, después de que les mejoraron las garantías, se levantó el mecanismo de presión”, indicó María Alejandra Aguilera, representante de los estudiantes de la UIS.
La mesa entre directivos y estudiantes también sirvió para buscar mejoras de los reglamentos internos de la universidad y organizar un grupo de género que se encargara de evaluar la eficacia del protocolo que atiende los casos de violencia contra las mujeres dentro del campus. Pese a esto, los ánimos se volvieron a caldear el 9 de junio con la aparición de encapuchados con papas bombas dentro del campus, por la conmemoración del Día del Estudiante caído, que obligó a suspender las clases, que esa semana se habían retomado tras un paro que duró tres semanas.
A raíz de esto, la Facultad de Ciencias Humanas pidió garantías institucionales para dar clases y trabajar en el campus. Incluso, la Asamblea de Santander rechazó el actuar del estudiantado. “Esta situación ha trascendido, hasta el punto de que el 9 de junio, en el interior de la institución, se presentaron incursiones violentas que pasaron de la indignación a generar zozobra e incertidumbre por los posibles riesgos que se puedan presentar contra la integridad de los docentes y estudiantes. Rechazamos de manera contundente los actos de quienes han venido protestando de manera violenta y arbitraria produciendo daños locativos a la UIS”, manifestaron.
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Las declaraciones fueron tomadas como una estigmatización al movimiento estudiantil, a lo que se suman las capturas de jóvenes a los que acusan de ser parte de la Primera Línea y de estar detrás de acciones violentas durante el paro nacional de 2021. “Detrás de eso hay un plan orquestado en contra de organizaciones estudiantiles y sociales, puntualmente de Bucaramanga. Eso nos preocupa muchísimo”, señaló Aguilera.
El movimiento estudiantil de la UIS se refiere específicamente a la captura de 11 jóvenes, a quienes la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes y vandalismo, dado que según el general Jorge Luis Vargas, comandante de la Policía, se cuenta con los elementos materiales probatorios que garantizarían las “condenas contundentes”.
No obstante, la realidad es otra. De las 11 personas, cuatro fueron dejadas en libertad, seis en detención domiciliaria y solo uno fue enviado a la cárcel. El motivo, según explica uno de los abogados de los detenidos, es la ambigüedad en las pruebas presentadas por la Fiscalía, que fundamentó su petición en los informes de agentes encubiertos que infiltraron las marchas entre el 28 de abril y septiembre de 2021 para ubicar a estas personas.
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“El año pasado, en medio de la protesta, un grupo de cuatro o cinco jóvenes se refugiaron de las acciones del Esmad en un establecimiento comercial. Supuestamente se encuentran con unas Molotov, pero por ese mismo hecho el fiscal los dejó en libertad, y nunca se hizo control posterior por estas granadas o bombas incendiarias. El primer problema es que podría haber un tema de daño en bien ajeno, pero son hechos aislados y luego los hacen ver como si todos fueran un grupo de pelados para acusarlos de concierto para delinquir, pero algunos ni se conocen”, sostiene el abogado Miguel Sánchez.
En el caso del tráfico de estupefacientes, la defensa manifiesta que hay irregularidades en casos como el de Luis Hernando Martínez Rodríguez, a quien en medio del operativo de captura le encontraron 34 de gramos de marihuana (la dosis mínima permitida en el país es de 20 g), según explica el abogado. Sin embargo, la jueza no halló en las pruebas una razón para determinar que estas iban a ser distribuidas, por lo que lo envió a prisión domiciliaria.
La próxima audiencia será en cinco meses, donde se evaluará la totalidad del material probatorio proporcionado por la Fiscalía. Mientras tanto, dentro de la universidad siguen los diálogos con las directivas, lo que no solo permitió el regreso a la normalidad de las clases, sino además lograr pequeñas victorias como la mesa de género. Aun así, el reto está en terminar en el tiempo estimado el primer semestre de este año y garantizar la normalidad del que falta. Los estudiantes señalan que será fundamental la gestión del nuevo presidente, ante las nuevas políticas en educación y la capacidad de incluir los cambios que se han pedido en la institución.