¿Que no hay paramilitares en Rodoxalí? En San José de Apartadó dicen lo contrario

Desde el año 2009, la Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales del corregimiento San José de Apartadó han denunciado la incursión de paramilitares a la vereda Rodoxalí. Pero la noticia más reciente en algunos medios del Urabá antioqueño es que en ese lugar no hay paramilitares. El mensaje se difundió luego de que la XVII Brigada del Ejército llevara en helicóptero a un grupo de periodistas hasta la vereda, acompañados del alcalde de Apartadó, Eliecer Arteaga; el comandante de Policía de Urabá, coronel Luis Eduardo Soler; el defensor regional del Pueblo, William González; y un delegado de la Procuraduría Provincial.

La visita aparece reseñada en un periódico local llamado El Heraldo de Urabá. Allí se describe el viaje a este poblado de calles de tierra, casas de madera y techos de zinc. Una escena teatral llama la atención: cuando la comitiva desciende del helicóptero y entra al caserío, el oficial del Ejército que comanda la misión dice: “Venimos a ver dónde están los paramilitares”. Ante esa indagación, lo que atina a contestar un habitante es que en materia de orden público no hay problemas.
La visita, reseña El Heraldo, se hizo porque el comandante de la Brigada XVII, el “coronel Antonio Dongónd, quería contar con los medios de comunicación como garantes de que en Rodoxalí no pasa nada, contrario a lo que una comisión de Derechos Humanos de San José de Apartadó ha denunciado acerca de la presencia de ilegales en connivencia con las Fuerzas Militares”.

Paradójicamente, uno de los campesinos citados en el artículo asegura que el exjefe de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), César Daniel Anaya Martínez, alias “Tierra”, actualmente preso, fue quien les dio los terrenos y les ayudó a establecerse en ese sitio al construir 48 viviendas para las personas.
Luego de leer todo esto, y con el propósito de saber qué dicen en la región sobre la controversial visita, fui hasta San José para explorar la posibilidad de viajar a Rodoxalí. Pero en el corregimiento, las personas me recomendaron no ir a ese lugar, cuando más, podría visitar otras veredas cercanas, eso sí, habría que ir en compañía del Ministerio Público.

¿Qué pasa entonces en Rodoxalí?

“Sobre esto de los paras en Rodoxalí hemos preferido hablar poco porque nos dimos cuenta que nos han utilizado para generar encontrones con la Administración Municipal, la Fuerza Pública y nosotros”. Así empieza hablando un líder de la zona quien pidió la reserva de su nombre.

Allá en Rodoxalí, relata el líder, “hubo una ocupación paramilitar en 2013. Eso generó mucho conflicto, pero luego los paras y la guerrilla se dividieron el territorio; en la parte alta se quedó la guerrilla y en la parte baja las AGC”. De modo que “Rodoxalí, La Hoz, La Esperanza, Sabaletas y La Resbaloza son lugares de permanencia de los paras”.

El padre Javier Giraldo, quien acompaña a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que desde los noventa viene resistiendo al conflicto en su territorio, tiene su impresión personal acerca de la visita.

“La Comunidad ha denunciado presiones del paramilitarismo, pero a la Alcaldía, la Brigada XVII y la Defensoría del Pueblo, les dio por ir a una verificación. Fue algo muy formal y fugaz. Se nota que buscaban ocultar lo que pasaba. Fueron con periodistas, descendieron del helicóptero unos momentos y les preguntaron a los habitantes si había paramilitares. Obviamente, con paras ahí, ¿quién dice que sí?”, manifiesta el sacerdote.

En este asunto, añade el padre Giraldo, “el Defensor Regional, que hasta ahora había estado cerca de la comunidad, cuando se va en el mismo helicóptero con el comandante de Policía, valida la pantomima”.

Sobre la postura del alcalde Eliécer Arteaga, debe anotarse que en varias ocasiones ha desmentido el paramilitarismo en San José, como ocurrió el 10 de septiembre cuando el senador Roy Barreras publicó un trino en la red social Twitter denunciando la presencia de paramilitares en el corregimiento. A lo que el mandatario local contestó que eran “rumores”. 

Pero siendo conocedor del conflicto en el territorio, el padre Giraldo afirma que en San José “hay focos de paramilitarismo: en las veredas La Hoz, Rodoxalí y cerca de Nuevo Oriente, que es un corregimiento de Turbo, hay presencia consolidada de los paramilitares; y en Arenas Altas y Arenas Bajas, continuamente hay presencia de militares y paramilitares en acción coordinada”.

La presunta connivencia entre Fuerza Pública y paramilitares en Urabá, cuyo caso más visible es la condena al exgeneral Rito Alejo del Río, excomandante de la Brigada XVII del Ejército, por nexos con las AUC, ha sido denunciada en varias ocasiones. Datos de la Procuraduría General de la Nación indican que en esta región, desde el año 2006, se llevan 14 procesos contra servidores públicos por estas acusaciones. Dos casos vinculan a las Alcaldías de Necoclí y Arboletes, y los otros 12 a militares y policías, desde tenientes hasta capitanes y coroneles. De estos últimos, una cuarta parte de los procesos denuncian vulneraciones de los derechos humanos a habitantes de San José de Apartadó .

Pero el padre Giraldo afirma además que las AGC vienen aprovechando el repliegue de la guerrilla de las FARC, actualmente en negociaciones de paz con el Gobierno, para copar territorios. Y lo han hecho desde “territorios muy consolidados del paramilitarismo como la vereda Playa Larga, donde quedaba la hacienda La Marina que era del papá de los Úsuga —máximos jefes de las AGC”.

Estas versiones coinciden con lo que ha reportado desde el 2009 el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que en el informe de riesgo N° 003-09 del 17 de febrero de ese año, alertó sobre “el rearme de desmovilizados de las AUC en alianza con reductos paramilitares que no se desmovilizaron”.

Sometimiento y repoblamiento, la estrategia de las AGC

El informe de la Defensoría del 2009 indica que para ese año los grupos posparamilitares portan armas largas, visten en ocasiones de civil y en otras con prendas militares, llevan brazaletes de las AUC, y patrullan por la carretera que conduce al corregimiento San José de Apartadó, específicamente en Caracolí. Además actúan en los corregimientos Nuevo Antioquia y Currulao, del municipio de Turbo, y en la zona norte de Urabá.

En estos sectores se generaron disputas entre las AGC y la guerrilla de las FARC que históricamente ha hecho presencia con el Frente 5 y la Columna Móvil Mario Vélez. En 2014, reseñó el informe de riesgo N°012-14 con fecha del 10 de junio de ese año, “en el área del corregimiento San José de Apartadó y de la Serranía de Abibe, han sido asesinadas cerca de una decena de personas, tanto por las FARC-EP como por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en diferentes circunstancias, pero todas relacionadas con la dinámica del conflicto armado”.

Como era de esperarse, la población civil comenzó a sufrir los efectos de esta confrontación y Rodoxalí fue una de las veredas afectadas. En agosto de 2013 el ingreso de los paramilitares a La Hoz y Rodoxalí “generó el desplazamiento masivo de 30 familias de esas veredas” según registra un informe de derechos humanos de la Asociación Campesina de San José de Apartadó (Acasa) , el cual reporta que en noviembre de 2015 ocurrió otro desplazamiento masivo en la vereda La Esperanza de donde salieron 47 familias (151 personas) tras recibir amenazas de las AGC.

Como resultado de esta puja, “las AGC lograron entre los meses de mayo y noviembre de 2013 la ocupación de las veredas Riogrande, El Gas, Los Mandarinos, Bajo el Oso, Guineo Bajo, Arenas Bajas, Playa Larga, Sabaleta y Rodoxalí”, revela el informe de la Defensoría.

A la par con la acción violenta y el sometimiento de la población, en su momento el grupo paramilitar manifestó haber iniciado una “política social”, como lo describió la Defensoría en el informe de 2014, en el que reveló la construcción de las 48 viviendas en Rodoxalí, y de una carretera entre esa vereda y el corregimiento Nuevo Antioquia.

Tras analizar el contexto de 2014, el informe de la Defensoría indica que “la estrategia de las AGC ha sido incursionar en las veredas, desplazar e intimidar a la población y desarrollar formas de control social a través de la regulación de los censos, las presiones contras las JAC veredales, e incentivando el repoblamiento”. Con estas estrategias, concluye, el grupo paramilitar buscaba controlar el corredor entre Turbo y Apartadó que conecta con el departamento de Córdoba.

La pregunta es: aparte de ser una zona estratégica para el cultivo el cultivo y tráfico de coca; el contrabando; la movilización de ejércitos; y el ingreso de armas a otras regiones; ¿qué riquezas guarda este territorio?

¿Qué hay en San José?

Apartadó tiene cuatro corregimientos: Churidó, el Reposo, Puerto Girón y San José de Apartadó, éste último ocupa más de la mitad del territorio, está compuesto por 34 veredas y según datos del SISBEN II cuenta con 5.308 habitantes que representan el 23.74% de la población rural del municipio.  El corregimiento tiene déficits en vivienda, salud, titulación de predios y servicios básicos de energía, acueducto y alcantarillado. La mayoría de la población se dedica al cultivo de cacao, plátano, productos de pan coger y a la cría de ganado.

En las veredas de San José “se sabe que hay carbón, pero también se habla de petróleo, coltan e incluso oro. El carbón es lo más claro —asegura el padre Giraldo—. Desde que estaba Gloria Cuartas en la Alcaldía llegaban peticiones de empresas internacionales”.

Según la información del Catastro Minero Colombiano de la Agencia Nacional de Minería, en territorio de San José de Apartadó hay tres títulos mineros vigentes, con un tiempo de 29 años, para la exploración y explotación de carbón. El primero con el código de expediente ED4-152, bajo contrato de concesión a la empresa Carbones del Golfo S.A. con fecha de inscripción del 05 de junio de 2007 y con incidencia en Apartadó, Turbo y Carepa. El segundo, con el código: ILL-09231, bajo de contrato de concesión a la empresa Cementos Argos S.A. con fecha de inscripción del 15 de noviembre de 2011 y con incidencia en Apartadó y Turbo. Y el tercero con el código: HJBL-05 también bajo concesión a la empresa Cementos Argos S.A. con fecha de inscripción del 29 de enero de 2009 y con incidencia en Carepa, Apartadó y Turbo.

En este contexto, Rodoxalí sería importante en el proceso de transporte del carbón, pues según el líder de San José, por esa vereda se ha propuesto “la construcción de una carretera, porque es una zona plana que va al margen del río y lleva hasta Saiza —Córdoba—”, lo que sería ventajoso dado que la región es montañosa por estar ubicada en la Serranía de Abibe.

También el padre Giraldo ha escuchado que a Rodoxalí “quieren entrar maquinaria para ir explorando. Se habla de concesiones a coreanos para carreteras por toda esa zona. Los coreanos estuvieron hace 6 años pidiéndole permiso a la gente de San José. Y vinieron a decir que tenían visto bueno del Gobierno”.
El sacerdote añade que el Gobierno, por su parte, habla de una zona turística en San José de Apartadó y de penetrar el territorio con carretera para juntarlo con Córdoba. A todo esto, se sumaría el potencial hídrico de la región que estaría empezando a ser explotado por empresas privadas para la construcción de acueductos.

Esas riquezas podrían explicar porque los actores armados se han disputado históricamente San José de Apartadó y porque, en los últimos años, el paramilitarismo arremete en esta población. La pregunta es ¿qué han hecho las autoridades para impedirlo?

Al respecto, las denuncias la Comunidad de Paz generan alertas, pues refieren que en algunas ocasiones, como ocurrió “el miércoles 12 de octubre de 2016, en el sitio conocido como Pela Huevo, paraje de la vereda Arenas Altas, (…) los militares afirmaron —a miembros de la comunidad— que ellos son conscientes de la presencia paramilitar en la región, pero que ellos no van a hacer nada, pues toda denuncia que realice esa HP Comunidad de Paz, la van a tergiversar ante la opinión pública y comunidad internacional” .

En julio, la Comunidad de Paz publicó un comunicado reportando que “el 23 de junio se registraron combates en la vereda Rodoxalí, al parecer entre guerrilleros y paramilitares”.

Y son precisamente esas denuncias de connivencia y presencia del paramilitarismo las que han generado tanto malestar entre el Ejército que ha desmentido a la comunidad en diversas ocasiones a través de medios de comunicación, y que ahora lleva a Rodoxalí a un grupo de periodistas y autoridades de la zona con la intención de mostrar otra realidad.

Las preguntas que deja este acontecimiento son muchas: ¿Por qué la Alcaldía, pese a los antecedentes que se conocen sobre la Fuerza Pública en Urabá, insiste en respaldar únicamente las versiones del Ejército?

Desde el año 2009, la Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales del corregimiento San José de Apartadó han denunciado la incursión de paramilitares a la vereda Rodoxalí. Pero la noticia más reciente en algunos medios del Urabá antioqueño es que en ese lugar no hay paramilitares. El mensaje se difundió luego de que la XVII Brigada del Ejército llevara en helicóptero a un grupo de periodistas hasta la vereda, acompañados del alcalde de Apartadó, Eliecer Arteaga; el comandante de Policía de Urabá, coronel Luis Eduardo Soler; el defensor regional del Pueblo, William González; y un delegado de la Procuraduría Provincial.

La visita aparece reseñada en un periódico local llamado El Heraldo de Urabá. Allí se describe el viaje a este poblado de calles de tierra, casas de madera y techos de zinc. Una escena teatral llama la atención: cuando la comitiva desciende del helicóptero y entra al caserío, el oficial del Ejército que comanda la misión dice: “Venimos a ver dónde están los paramilitares”. Ante esa indagación, lo que atina a contestar un habitante es que en materia de orden público no hay problemas.
La visita, reseña El Heraldo, se hizo porque el comandante de la Brigada XVII, el “coronel Antonio Dongónd, quería contar con los medios de comunicación como garantes de que en Rodoxalí no pasa nada, contrario a lo que una comisión de Derechos Humanos de San José de Apartadó ha denunciado acerca de la presencia de ilegales en connivencia con las Fuerzas Militares”.

Paradójicamente, uno de los campesinos citados en el artículo asegura que el exjefe de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), César Daniel Anaya Martínez, alias “Tierra”, actualmente preso, fue quien les dio los terrenos y les ayudó a establecerse en ese sitio al construir 48 viviendas para las personas.
Luego de leer todo esto, y con el propósito de saber qué dicen en la región sobre la controversial visita, fui hasta San José para explorar la posibilidad de viajar a Rodoxalí. Pero en el corregimiento, las personas me recomendaron no ir a ese lugar, cuando más, podría visitar otras veredas cercanas, eso sí, habría que ir en compañía del Ministerio Público.

¿Qué pasa entonces en Rodoxalí?

“Sobre esto de los paras en Rodoxalí hemos preferido hablar poco porque nos dimos cuenta que nos han utilizado para generar encontrones con la Administración Municipal, la Fuerza Pública y nosotros”. Así empieza hablando un líder de la zona quien pidió la reserva de su nombre.

Allá en Rodoxalí, relata el líder, “hubo una ocupación paramilitar en 2013. Eso generó mucho conflicto, pero luego los paras y la guerrilla se dividieron el territorio; en la parte alta se quedó la guerrilla y en la parte baja las AGC”. De modo que “Rodoxalí, La Hoz, La Esperanza, Sabaletas y La Resbaloza son lugares de permanencia de los paras”.

El padre Javier Giraldo, quien acompaña a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que desde los noventa viene resistiendo al conflicto en su territorio, tiene su impresión personal acerca de la visita.

“La Comunidad ha denunciado presiones del paramilitarismo, pero a la Alcaldía, la Brigada XVII y la Defensoría del Pueblo, les dio por ir a una verificación. Fue algo muy formal y fugaz. Se nota que buscaban ocultar lo que pasaba. Fueron con periodistas, descendieron del helicóptero unos momentos y les preguntaron a los habitantes si había paramilitares. Obviamente, con paras ahí, ¿quién dice que sí?”, manifiesta el sacerdote.

En este asunto, añade el padre Giraldo, “el Defensor Regional, que hasta ahora había estado cerca de la comunidad, cuando se va en el mismo helicóptero con el comandante de Policía, valida la pantomima”.

Sobre la postura del alcalde Eliécer Arteaga, debe anotarse que en varias ocasiones ha desmentido el paramilitarismo en San José, como ocurrió el 10 de septiembre cuando el senador Roy Barreras publicó un trino en la red social Twitter denunciando la presencia de paramilitares en el corregimiento. A lo que el mandatario local contestó que eran “rumores”. 

Pero siendo conocedor del conflicto en el territorio, el padre Giraldo afirma que en San José “hay focos de paramilitarismo: en las veredas La Hoz, Rodoxalí y cerca de Nuevo Oriente, que es un corregimiento de Turbo, hay presencia consolidada de los paramilitares; y en Arenas Altas y Arenas Bajas, continuamente hay presencia de militares y paramilitares en acción coordinada”.

La presunta connivencia entre Fuerza Pública y paramilitares en Urabá, cuyo caso más visible es la condena al exgeneral Rito Alejo del Río, excomandante de la Brigada XVII del Ejército, por nexos con las AUC, ha sido denunciada en varias ocasiones. Datos de la Procuraduría General de la Nación indican que en esta región, desde el año 2006, se llevan 14 procesos contra servidores públicos por estas acusaciones. Dos casos vinculan a las Alcaldías de Necoclí y Arboletes, y los otros 12 a militares y policías, desde tenientes hasta capitanes y coroneles. De estos últimos, una cuarta parte de los procesos denuncian vulneraciones de los derechos humanos a habitantes de San José de Apartadó .

Pero el padre Giraldo afirma además que las AGC vienen aprovechando el repliegue de la guerrilla de las FARC, actualmente en negociaciones de paz con el Gobierno, para copar territorios. Y lo han hecho desde “territorios muy consolidados del paramilitarismo como la vereda Playa Larga, donde quedaba la hacienda La Marina que era del papá de los Úsuga —máximos jefes de las AGC”.

Estas versiones coinciden con lo que ha reportado desde el 2009 el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que en el informe de riesgo N° 003-09 del 17 de febrero de ese año, alertó sobre “el rearme de desmovilizados de las AUC en alianza con reductos paramilitares que no se desmovilizaron”.

Sometimiento y repoblamiento, la estrategia de las AGC

El informe de la Defensoría del 2009 indica que para ese año los grupos posparamilitares portan armas largas, visten en ocasiones de civil y en otras con prendas militares, llevan brazaletes de las AUC, y patrullan por la carretera que conduce al corregimiento San José de Apartadó, específicamente en Caracolí. Además actúan en los corregimientos Nuevo Antioquia y Currulao, del municipio de Turbo, y en la zona norte de Urabá.

En estos sectores se generaron disputas entre las AGC y la guerrilla de las FARC que históricamente ha hecho presencia con el Frente 5 y la Columna Móvil Mario Vélez. En 2014, reseñó el informe de riesgo N°012-14 con fecha del 10 de junio de ese año, “en el área del corregimiento San José de Apartadó y de la Serranía de Abibe, han sido asesinadas cerca de una decena de personas, tanto por las FARC-EP como por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en diferentes circunstancias, pero todas relacionadas con la dinámica del conflicto armado”.

Como era de esperarse, la población civil comenzó a sufrir los efectos de esta confrontación y Rodoxalí fue una de las veredas afectadas. En agosto de 2013 el ingreso de los paramilitares a La Hoz y Rodoxalí “generó el desplazamiento masivo de 30 familias de esas veredas” según registra un informe de derechos humanos de la Asociación Campesina de San José de Apartadó (Acasa) , el cual reporta que en noviembre de 2015 ocurrió otro desplazamiento masivo en la vereda La Esperanza de donde salieron 47 familias (151 personas) tras recibir amenazas de las AGC.

Como resultado de esta puja, “las AGC lograron entre los meses de mayo y noviembre de 2013 la ocupación de las veredas Riogrande, El Gas, Los Mandarinos, Bajo el Oso, Guineo Bajo, Arenas Bajas, Playa Larga, Sabaleta y Rodoxalí”, revela el informe de la Defensoría.

A la par con la acción violenta y el sometimiento de la población, en su momento el grupo paramilitar manifestó haber iniciado una “política social”, como lo describió la Defensoría en el informe de 2014, en el que reveló la construcción de las 48 viviendas en Rodoxalí, y de una carretera entre esa vereda y el corregimiento Nuevo Antioquia.

Tras analizar el contexto de 2014, el informe de la Defensoría indica que “la estrategia de las AGC ha sido incursionar en las veredas, desplazar e intimidar a la población y desarrollar formas de control social a través de la regulación de los censos, las presiones contras las JAC veredales, e incentivando el repoblamiento”. Con estas estrategias, concluye, el grupo paramilitar buscaba controlar el corredor entre Turbo y Apartadó que conecta con el departamento de Córdoba.

La pregunta es: aparte de ser una zona estratégica para el cultivo el cultivo y tráfico de coca; el contrabando; la movilización de ejércitos; y el ingreso de armas a otras regiones; ¿qué riquezas guarda este territorio?

¿Qué hay en San José?

Apartadó tiene cuatro corregimientos: Churidó, el Reposo, Puerto Girón y San José de Apartadó, éste último ocupa más de la mitad del territorio, está compuesto por 34 veredas y según datos del SISBEN II cuenta con 5.308 habitantes que representan el 23.74% de la población rural del municipio.  El corregimiento tiene déficits en vivienda, salud, titulación de predios y servicios básicos de energía, acueducto y alcantarillado. La mayoría de la población se dedica al cultivo de cacao, plátano, productos de pan coger y a la cría de ganado.

En las veredas de San José “se sabe que hay carbón, pero también se habla de petróleo, coltan e incluso oro. El carbón es lo más claro —asegura el padre Giraldo—. Desde que estaba Gloria Cuartas en la Alcaldía llegaban peticiones de empresas internacionales”.

Según la información del Catastro Minero Colombiano de la Agencia Nacional de Minería, en territorio de San José de Apartadó hay tres títulos mineros vigentes, con un tiempo de 29 años, para la exploración y explotación de carbón. El primero con el código de expediente ED4-152, bajo contrato de concesión a la empresa Carbones del Golfo S.A. con fecha de inscripción del 05 de junio de 2007 y con incidencia en Apartadó, Turbo y Carepa. El segundo, con el código: ILL-09231, bajo de contrato de concesión a la empresa Cementos Argos S.A. con fecha de inscripción del 15 de noviembre de 2011 y con incidencia en Apartadó y Turbo. Y el tercero con el código: HJBL-05 también bajo concesión a la empresa Cementos Argos S.A. con fecha de inscripción del 29 de enero de 2009 y con incidencia en Carepa, Apartadó y Turbo.

En este contexto, Rodoxalí sería importante en el proceso de transporte del carbón, pues según el líder de San José, por esa vereda se ha propuesto “la construcción de una carretera, porque es una zona plana que va al margen del río y lleva hasta Saiza —Córdoba—”, lo que sería ventajoso dado que la región es montañosa por estar ubicada en la Serranía de Abibe.

También el padre Giraldo ha escuchado que a Rodoxalí “quieren entrar maquinaria para ir explorando. Se habla de concesiones a coreanos para carreteras por toda esa zona. Los coreanos estuvieron hace 6 años pidiéndole permiso a la gente de San José. Y vinieron a decir que tenían visto bueno del Gobierno”.
El sacerdote añade que el Gobierno, por su parte, habla de una zona turística en San José de Apartadó y de penetrar el territorio con carretera para juntarlo con Córdoba. A todo esto, se sumaría el potencial hídrico de la región que estaría empezando a ser explotado por empresas privadas para la construcción de acueductos.

Esas riquezas podrían explicar porque los actores armados se han disputado históricamente San José de Apartadó y porque, en los últimos años, el paramilitarismo arremete en esta población. La pregunta es ¿qué han hecho las autoridades para impedirlo?

Al respecto, las denuncias la Comunidad de Paz generan alertas, pues refieren que en algunas ocasiones, como ocurrió “el miércoles 12 de octubre de 2016, en el sitio conocido como Pela Huevo, paraje de la vereda Arenas Altas, (…) los militares afirmaron —a miembros de la comunidad— que ellos son conscientes de la presencia paramilitar en la región, pero que ellos no van a hacer nada, pues toda denuncia que realice esa HP Comunidad de Paz, la van a tergiversar ante la opinión pública y comunidad internacional” .

En julio, la Comunidad de Paz publicó un comunicado reportando que “el 23 de junio se registraron combates en la vereda Rodoxalí, al parecer entre guerrilleros y paramilitares”.

Y son precisamente esas denuncias de connivencia y presencia del paramilitarismo las que han generado tanto malestar entre el Ejército que ha desmentido a la comunidad en diversas ocasiones a través de medios de comunicación, y que ahora lleva a Rodoxalí a un grupo de periodistas y autoridades de la zona con la intención de mostrar otra realidad.

Las preguntas que deja este acontecimiento son muchas: ¿Por qué la Alcaldía, pese a los antecedentes que se conocen sobre la Fuerza Pública en Urabá, insiste en respaldar únicamente las versiones del Ejército?