Organizaciones que hacen presencia en Providencia denuncian amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos que han hecho reparos a la intervención del Gobierno Nacional en la isla. Las críticas a las acciones del gobierno también han sido expresadas por otros actores, como la Autoridad Raizal, la Diáspora Raizal, grupos de veeduría ciudadana y la comunidad en general.
Según la denuncia de Transparencia por Colombia “días antes del aniversario del primer año del paso del huracán Iota, Miguel Ángel Castell fue interceptado por dos hombres que le advirtieron que iban a matarlo a él y a Jay Stephens. En la semana de la conmemoración, el 17 de noviembre, el abogado recibió una llamada en la que le reiteraban las amenazas”.
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Castell es un abogado y defensor de derechos humanos de la isla de Providencia que le ha hecho seguimiento a las acciones del gobierno nacional en la isla, y que ha intensificado su labor desde la reconstrucción de Providencia.
“Desde Transparencia por Colombia y Dejusticia rechazamos categóricamente los hechos intimidatorios, y hacemos un llamado urgente a la institucionalidad estatal a proteger a los líderes sociales de la isla, quienes representan los intereses de la comunidad raizal, y a emprender acciones para que las autoridades nacionales propendan por la protección de la vida de estos ciudadanos”, señalaron las organizaciones
Las amenazas han surgido principalmente porque varios isleños han contado desde su experiencia los incumplimientos que han tenido por parte de las entidades gubernamentales, las preocupaciones se han trasladado a los líderes, quienes han sido foco de amenazas.
“Los reclamos han sido consistentes en cuestionar la decisión de prorrogar por un año más su intervención y a la construcción de una base de guardacostas que fue negada por la comunidad mediante consulta previa en 2015. A la fecha, se ha levantado un muelle en el lugar donde los pescadores artesanales desarrollan ancestralmente su actividad, y, en respuesta, la Cooperativa de Pescadores instaló un campamento permanente en el predio e inició acciones en contra de esta construcción, denominado, Campamento por la Dignidad”, señaló el comunicado conjunto de Transparencia y DeJusticia.
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Uno de los puntos que más han cuestionado organizaciones como la Cooperativa de Pescadores de Providencia, Edgar Jay Stephens, presidente de la Guardia Raizal, así como Miguel Ángel Castell, es la decisión de prorrogar por un año más la intervención del gobierno nacional y a la construcción de una base de guardacostas que fue negada por la comunidad mediante consulta previa en 2015. Estos aspectos están afectando la actividad de pesca artesanal en Providencia.