Rechazo causó la campaña “Fuera malas lenguas” de la Alcaldía de Yopal, Casanare

Luis Eduardo Catro, alcalde de Yopal, lanzó oficialmente la campaña "Fuera Malas Lenguas" en febrero de 2022.

Foto: Facebook

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) condenó la campaña “Fuera malas lenguas”, presentada a finales febrero por el alcalde de Yopal Luis Eduardo Castro, ya que desacredita las voces críticas a la administración local y promueve un clima hostil hacia la prensa.

En una entrevista del 23 de febrero, Castro invitó a todos los medios a no hablar mal de nadie y mucho menos de la alcaldía. “Aproveché el escenario para hacer una campaña desde la administración (...) La crítica es bienvenida, pero debe ser constructiva y objetiva, no destructiva (...) No sé con qué intereses lo hagan, solo ellos lo saben, pero no lo vamos a permitir (...) Cualquiera no puede salir, por emotividad o porque no simpatice con el alcalde, a destruir el trabajo que estamos haciendo con mucho esfuerzo”, dijo.

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Según la Flip, estos discursos minan la confianza ciudadana en la prensa y van en contra de los estándares internacionales de libertad de expresión. “Castro olvida que, por su cargo, está bajo veeduría de la ciudadanía y los medios y debe tener mayor tolerancia a la crítica u opiniones negativas”, señaló la organización, haciendo hincapié en que este tipo de campañas pueden llevar a agresiones contra periodistas. “En la última semana, hemos documentado dos ataques contra la prensa en esta ciudad”.

En este sentido, la fundación hizo un llamado al alcalde Luis Eduardo Castro para que detenga esta campaña lo antes posible y a la Procuraduría General, con el fin de hacer seguimiento a esta estrategia, su financiamiento, y sus objetivos.

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De acuerdo con la sentencia T-244 del 2018 de la Corte Constitucional, “se entiende que los funcionarios del Estado voluntariamente se sometieron al escrutinio de su vida pública y de aquellos aspectos de su fuero privado sobre los cuales le asiste a la ciudadanía un legítimo derecho a conocer y debatir, por estar referidos: (i) a las funciones que esa persona ejecuta; (ii) al incumplimiento de un deber legal como ciudadano; (iii) a aspectos de la vida privada relevantes para evaluar la confianza depositada en las personas a las que se confía el manejo de lo público; (iv) a la competencia y capacidades requeridas para ejercer sus funcione”.

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En la misma línea, las relatorías especiales para la libertad de expresión de la ONU y OEA señalan que “los líderes políticos y las personas que ejercen la función pública no deben hacer declaraciones que puedan promover la intolerancia, la discriminación o la desinformación y, en cambio, deben aprovechar sus posiciones de liderazgo para contrarrestar estos daños sociales y promover el entendimiento intercultural y el respeto a la diversidad”.